Consentidos del SNTE con plazas magisteriales altamente remuneradas

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que ahora que ya sabemos que en la Secretaría de Educación Pública del estado existen algunas áreas estratégicas que no pueden suspender actividades, como la responsable de elaborar y pagar la nómina magisterial, valdría la pena que el titular de la dependencia, Melitón Lozano Pérez, y su directora de Recursos Humanos, Patricia Campo Peña, revisaran algunas plazas destinadas a docentes o formadores de docentes, pero que están en poder de secretarios de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) o familiares suyos.

Por ejemplo las que tienen asignadas Jorge Vázquez Machorro, secretario particular del secretario general de la Sección 51 del SNTE, Jaime García Roque; Héctor Santaella Sosa, secretario de Trabajo y Conflictos de Educación Superior; Gumersindo Herrera Rivera, secretario de Organización; Ángel Amado Domínguez Zacarías, representante Jurídico, y Emelia Odette Castellanos Cervantes, secretaria técnica, todos ellos de la Sección 51.

El caso de Jorge Vázquez Machorro es ilustrativo pues además de cobrar como particular del líder de la Sección 51 es director del Centro Escolar “Blandina Torres de Marín” y tiene una plaza de Profesor de Tiempo Completo (PTC) titular C adscrita a la Escuela Normal Superior del Estado con un salario de 66 mil pesos.

Su hermana Maricela Vázquez Machorro es también beneficiaria de otras dos plazas con clave IS06006 e IA08016 de auxiliar de intendencia y secretaria del director de la secundaria Lázaro Cárdenas del Río, cada una por 16 mil pesos.

El secretario de Trabajo y Conflictos de Educación Superior, Héctor Santaella Sosa, es licenciado en Educación Física, pero cuenta con una plaza de PTC titular C clave E7817 con una percepción mensual de 54 mil 932 pesos.

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¿Despertó el PRI?

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que después de 16 meses, pareciera que el PRI se enteró que es oposición y por fin, levantó la voz para denunciar lo que a todas luces será un atropello a la nación y a los mexicanos.

Si bien se le pueden achacar muchos males al expartidazo, entre ellos la corrupción de algunos priistas, lo cierto es que los tricolores tienen en su ADN el conocimiento legislativo y político del que adolecen la mayoría de los integrantes de Morena.

Como ayer lo mencionaba, el presidente López Obrador está convencido de que puede pasar por encima del Poder Legislativo e imponer su santísima voluntad.

AMLO presentó una iniciativa para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entre varios puntos cuestionables, hay uno que resulta indignante y preocupante. El presidente quiere la facultad de ser él y sólo él quien decida en qué momento el presupuesto se puede reorientar a fin de que sus megaproyectos como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, cuenten con fondos públicos aunque el país esté en franca recesión económica.

Y ya de paso, su propuesta incluye que él sea también quien decida, que en caso de emergencia económica, se amplíen las partidas presupuestales para que sus programas sociales como Jóvenes construyendo el futuro, becas y apoyos a madres solteras, no sufran los embates de la crisis.

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El desprestigio tumbó a Javier Lozano como vocero de Coparmex

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que Gustavo de Hoyos Walther es un empresario bajacaliforniano que aspira a unir al PRI y al PAN, a todas las fuerzas conservadoras de este país, de la mano de la familia de Claudio X. González, para formar un frente amplio que le permita ser candidato presidencial en 2024 y frenar a los gobiernos de la 4T. Como parte de ese propósito, el presidente nacional de Coparmex nombró a Javier Lozano Alarcón como vocero especial de este sindicato patronal, pero a las pocas horas de hacerlo, se dio cuenta que había sido su peor error, ya que el desprestigio del político morenovallista está desbordado y esa situación en lugar de ayudar a su proyecto, lo iba a hundir.

Por esa razón el nuevo cargo de Javier Lozano apenas duró unas horas. Por la mañana lo nombraron y por la tarde, le retiraron el encargo. Eso es muestra de que su mala fama apesta todo lo que tiene contacto con él y ahora fue el turno de la Coparmex.

Y es que era de risa la nueva responsabilidad de Javier Lozano —un político poblano nacido en 1962 con un comportamiento mercenario que lo hace todo el tiempo moverse entre el PRI y el PAN— que consistía en ser “vocero especial” de Coparmex en la defensa del Estado de Derecho.

Resulta un despropósito nombrar a alguien como protector del Estado de Derecho luego de que en dos ocasiones –entre los años 2017 y 2019— perdió un juicio contra el ex gobernador y actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, y se negaba a cumplir el fallo judicial que lo obligaba a pagar 10 millones de pesos por los costes del litigio que él mismo había iniciado.

Al final, Lozano nunca pudo cumplir con el mandato judicial y Manuel Bartlett en un afán de civilidad política lo acabó perdonando y dejo que el monto a cubrir se redujera de 10 millones de pesos a 325 pesos.

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Sin el halo protector

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, señala que los Valencia lograron afianzar su cacicazgo en Venustiano Carranza, municipio de la Sierra Norte de Puebla, gracias al halo protector del morenovallismo.

Controlaban la zona. Los dueños de la región se colaron hasta las fiestas de los gobernadores Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Eran los principales financieros de las campañas del PAN y aliados. Repartían posiciones, dinero y poder hasta que en un operativo federal se los descubrieron vínculos con el huachicol.

Fue detenida la esposa del alcalde Rafael Valencia por el resguardo de más de 30 mil litros de hidrocarburo en su domicilio.

Todo empezó cuando fue detenido José María Guizar Valencia, alias el Z-43, considerado uno de los líderes de los Z. Pertenecía a la familia.

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El extraño robo de La Calera

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que sucedió en la madrugada del pasado 12 de abril.

Un comando entró a robar a la casa de la madre del político poblano, Fernando Morales Martínez, recientemente fallecida.

La residencia está ubicada en Circuito el Mirador de La Calera y cuenta con todas las medidas preventivas de seguridad.

Con motivo de la Semana Santa, al personal de servicio y seguridad se le otorgaron días de asueto, lo que fue aprovechado por los ladrones.

Es evidente que sabían que no habría nadie en el domicilio.

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La segunda mentira histórica de AMLO

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, señala que si hay un responsable de que la cuarentena se haya relajado en muchos lugares del país, de que miles de mexicanos rompieran el confinamiento y se arriesgaran a contagiarse, no es otro que Andrés Manuel López Obrador con su segunda mentira histórica en la pandemia.

La primera fue negar a los mexicanos el derecho a hacerse pruebas, y con ello conocer con precisión quiénes son y dónde están los enfermos.

La segunda mentira histórica del presidente es que “se ha podido domar la epidemia, en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes” y ya vemos la luz al final del túnel.

López Obrador dice que esto ya va a acabarse.

Falso.

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