En el Congreso de Puebla se propuso que en caso de que un conductor particular o del servicio público cometa homicidio culposo al atropellar, matar o lesionar a una persona bajo los influjos del alcohol y otra droga, se le cancele de por vida su licencia de manejar.
La iniciativa fue presentada por Guadalupe Muciño Muñoz, del Partido del Trabajo (PT), quien argumentó que las penas para conductores que matan a un peatón mientras se encuentran alcoholizados o drogados, deben ser más severas.
Y es que informó que durante 2019, Puebla capital fue la novena ciudad a nivel nacional con más muertes por accidentes de tránsito, ya que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició 97 carpetas de investigación por dicho delito.
Por lo anterior, propuso durante la sesión del pasado lunes, una iniciativa para reformar los artículos 85 BIS y 86 del Código Penal de Puebla.
También se castiga con 9 años de cárcel
De esa manera, Muciño Muñoz busca modificarlos para que se incluya que en caso de que un conductor cometa homicidio culposo al atropellar y privar de la vida a una persona, mientras se encuentra “en estado de embriaguez superior al primer grado o bajo el efecto de enervantes, estupefacientes o psicotrópicos o cualquier sustancia que produzca un efecto similar”, se le deberá cancelar definitivamente su licencia para manejar.
En el artículo 85 BIS, se indica que en caso de cometer el delito antes mencionado bajo los influjos del alcohol u otras drogas; por invadir carriles de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), ciclovías o zonas asignadas para peatones; mientras lo haga hablando por celular y otro dispositivo; se fugue del lugar del accidente, se sancionará con dos a nueve años de prisión.
Además, se explica que “se sancionará con la suspensión o cancelación definitiva de la licencia para conducir vehículos expedida por cualquier instancia. La duración de la suspensión podrá ser de uno a diez años”, aunque no se detalla bajo qué casos aplica dicha medida.
Choferes no podrían volver a ejercer
Por eso, Muciño Muñoz propuso adicionar al párrafo antes mencionado la palabra “dependiendo del supuesto”, por lo que únicamente se suspenderá de manera definitiva la licencia para conducir a quienes atropellen y maten a una persona mientras manejan en “embriaguez superior al primer grado o bajo el efecto de enervantes, estupefacientes o psicotrópicos o cualquier sustancia que produzca un efecto similar”.
Asimismo, al artículo 86 se le agregaría que contemple la inhabilitación de por vida del permiso para manejar, cuando se cause homicidio al atropellar o por actos u omisiones culposas de quien brinda un servicio público de transporte.
La iniciativa de la diputada local del PT fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
Hacer recomendaciones de seguridad a bares
Por otra parte, ese mismo lunes, los legisladores Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri y Diputados Carlos Alberto Morales Álvarez, de Movimiento Ciudadano (MC); Liliana Luna Aguirre y José Armando García Avendaño, del PRD; Uruviel González Vieyra, del Partido Compromiso por Puebla (CPP); y Héctor Eduardo Alonso Granados, propusieron se reforma el párrafo dos del artículo 19, se adiciona la fracción IV BIS del artículo 22 y se adiciona la fracción V del artículo 25, de la Ley para la Venta y Suministros de bebidas alcohólicas en Puebla.
La actual legislatura contempla que los ayuntamientos pueden realizar visitas de inspección a establecimientos que vendan bebidas embriagantes, con el fin de verificar que se cumplan con las medidas de seguridad necesarias.
Sin embargo, se agregó que los gobiernos municipales puedan de igual forma imponerles medidas de seguridad para la prevención de delitos que estén aprobadas en los reglamentos de dicha autoridad.
En caso de que se comprueben que el establecimiento está coludido en los delitos, se le revocará su licencia de funcionamiento.
Además, Uruviel González Vieyra, de CPP y los diputados anteriormente mencionados del PRD y MC, de igual forma presentaron una iniciativa para reformar el artículo 2 de la Ley de Seguridad Escolar.