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lunes, septiembre 21, 2020
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Acciones de salud en los estados y ASE busca pruebas contra morenovallistas

La 4T de Puebla sigue dando de qué hablar en materia de licitaciones

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, ndica que ¿recuerda usted que a finales de marzo le platiqué que de última hora e inesperadamente la Secretaría de Administración había declarado desierta la licitación de tarjetas electrónicas de gasolina y combustible para los vehículos de las dependencias y entidades del gobierno del estado, que estaba destinada para la empresa Servicios Broxel SAPI de CV?

Pues sorpréndanse.

La misma dependencia decidió adjudicar este contrato de casi 300 millones de pesos pero ya no a través de una licitación pública nacional, sino mediante el esquema de invitación restringida.

¿Y sabe quién podría ser la empresa ganadora de este millonario contrato?

En efecto, la misma empresa de la vez anterior Servicios Broxel SAPI de CV, que junto con EDENRED México SA de CV, fueron las únicas que presentaron propuestas económicas a la Secretaría de Administración para el concurso de adquisición y suministro de tarjetas de combustible para las unidades del parque vehicular del gobierno.

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Irán panistas a la hoguera por coyuntura electoral

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, señala que el titular de la Auditoría Superior del Estado tiene una encomienda personalísima: hallar materia de prueba en contra de los servidores públicos que acompañaron a Rafael Moreno Valle en primera línea de gobierno para llevarlos al paredón y exhibirlos públicamente.

Eso debe ocurrir a fin de año o a principios del que sigue, de manera que, cuando comience la agitación electoral en 2021, los candidatos de Morena y sus partidos aliados puedan usar la bandera de la honestidad para contrastarse con la “corrupción panista”.

Dentro de este escenario se entiende que el auditor Francisco José Romero Serrano haya abierto un frente contra Eukid Castañón (hoy en la cárcel por acusaciones de extorsión), Jorge Aguilar, Patricia Leal, José Juan Espinosa y José Luis Márquez.

Los primeros tres son irremediablemente identificados con Moreno Valle. Gozaron de la confianza del ex gobernador y trabajaron para su causa. Además, lo que es muy importante en el contexto político, son militantes del PAN y ocuparon puestos de elección popular gracias a ese partido.

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Los otros dos, Espinosa y Márquez, están en la mira del auditor por otras circunstancias, también políticas, pero desligadas del blanquiazul.

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Las mentiras detrás de las cifras de Covid19

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, ndica que una vez más, el gobierno de López Obrador demostró que para él, lo más importante es mantener, a costa de lo que sea, números bajos en los casos confirmados de Coronavirus en México.

Y si para lograr ese objetivo es necesario impedir el acceso de pruebas al país, se utiliza a Cofepris. Si reducir al mínimo las pruebas ya no alcanza para seguir “aplanando la curva” pues entonces se pide que los médicos no coloquen la palabra Coronavirus ni siquiera cuando hay sospecha de que un paciente falleciera por el temido Covid19.

A pesar de esta política de ocultamiento, el número de contagios continúa a la alza, en gran parte porque no hemos entendido la importancia de mantenernos en casa la mayor parte del tiempo posible.

Ante ese incremento, que se reflejó en más de 900 casos confirmados el sábado y otros 800 este domingo, la Secretaría de Salud aplicó una nueva fórmula para contener las estadísticas, no así los contagios reales.

Desde la semana circuló entre los médicos y químicos, una carta remitida a los laboratorios clínicos privados. En ella se les explica que aunque las pruebas para detectar SARS-CoV-2 den positivo y se le informe a los pacientes que son portadores del coronavirus, estos test no podrán sumarse a las cifras oficiales.

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RMV buscó encarcelar a activista por elaborar propuesta contra el transporte “pirata”

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que un fuerte contraste entre el actual gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta y el que encabezó Rafael Moreno Valle Rosas lo ha vivido la asociación civil Corresponsabilidad en el Transporte, que hace unos días ofreció asesoría para armar el circuito de autobuses que están dando traslados a los médicos y enfermeras del sector salud y que atienden a los pacientes con Covid–19, y hace cuatro años, los directivos de esta misma organización estuvieron a punto de ser parte de la lista de presos políticos del morenovallismo.

Eso habla de que ahora hay dialogo con del Poder Ejecutivo con organizaciones civiles y hace unos años se les perseguía. O bueno, hasta ahora es el esquema que se percibe.

En abril de 2016, el presidente de la asociación civil Corresponsabilidad en el Transporte y exdirectivo de la Cámara Nacional del Autotransporte Federal, Arturo Balderas, planteó la pertinencia de hacer un llamado al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas de emprender un programa integral para combatir la circulación de vehículos sin permisos, mejor conocidos como “piratas”, de las principales vialidades de las áreas suburbanas de la zona metropolitana de Puebla.

La agrupación, que es especialista en el análisis y elaboración de proyectos de movilidad urbana, le planteaba al gobierno morenovallista una propuesta técnica y jurídica, que se alejaba de cualquier esquema político o de presión de otra índole. Era un planteamiento que simplemente podía ser ignorada por la autoridad y no pasaba nada.

Sin embargo, de manera sorpresiva, el entonces subsecretario del Transporte, Carlos Blanco, se comunicó con Arturo Balderas y le pidió tener una conversación personal –en un restaurante– para tratar “algunos temas de interés para ambos”. No había mayor detalle del motivo de ese llamado.

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De virreyes a jefes de salud

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que la presidencia imperial en el país se encuentra en terapia intensiva, como miles de infectados por el coronavirus.

Aunque Andrés Manuel López Obrador funge como eje articulador de la agenda mediática, lo cierto es que cada vez más son los gobernadores quienes asumen decisiones, establecen estrategias y atienden directamente la pandemia.

Si en el 2000, con la salida del PRI de Los Pinos, nació la Conago, como articulador en las relaciones de poder en los estados con la Federación, ahora el coronavirus convierte a los góbers de Virreyes a Jefes de Salud en sus entidades federales.

Los recursos, la coordinación y las medidas sanitarias, así como las económicas y de movilidad social son de los mandatarios, no del Presidente.

López Obrador deja pasar y deja hacer incluso exabruptos de gobernadores, como Enrique Alfaro de Jalisco; Silvano Aureoles en Michoacán; y Jaime Bonilla en Baja California, quienes han rechazado las directrices federales para imponer sus criterios.

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La agenda mediática de la pandemia

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, señala que las consecuencias sanitarias y económicas que arroje como saldo para el país la epidemia por Covid-19, definirán cómo le va a ir políticamente y en términos de opinión pública, al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Algo tan elemental es de sobra conocido por él, sus colaboradores y sobre todo, sus asesores electorales y de imagen.

Son conscientes de que, en casos como la pandemia, es imposible que exista un veredicto único sobre si lo que se hizo como gobierno, estuvo realmente a la altura de la gravedad.

Por eso, era necesario apoderarse de la agenda mediática nacional, en lo que al coronavirus se refiere.

Y se está haciendo con el sello de la casa: las famosas ruedas de prensa diarias.

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Mentira y simulación

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, indica que en lo único que no ha mentido Hugo López-Gatell, el zar del gobierno de AMLO vs el coronavirus, es en el número bajísimo de pruebas realizadas a sospechosos de contagio positivo. Adelantó en una entrevista para El País que se tenían hasta 70 mil pruebas disponibles para el mes de junio y la cifra es exacta.

De acuerdo con su informe meteorológico de ayer por la tarde, en plena Fase 3 de la pandemia se ha analizado a 67 mil 635 personas. En un país de casi 130 millones de habitantes, eso quiere decir que se le ha practicado la prueba para detectar el COVID-19 al .05 % de los habitantes del país.

Ni siquiera llegamos al 1 % de la población.

Como adelantamos oportunamente, desde principios de marzo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó una decisión criminal: no hacer pruebas a los mexicanos. Por lo tanto, en realidad no sabemos en qué momento de la pandemia nos encontramos: si al inicio de la tormenta o en el ojo de la tormenta.

Con AMLO, tratándose de coronavirus, todo es mentira y simulación.

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