La CNDH tramitó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto publicado por el gobierno del estado en el que se establecieron como requisitos para ser testigo en las licitaciones públicas, no haber sido sancionado ni sentenciado.
De acuerdo con el documento 115/2020, María del Rosario Piedra Ibarra, comisionada Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reclamó la invalidez del artículo 16 bis, fracción III, incisos c) y e) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
También, el 42 bis, fracción III, incisos c) y e) de la Ley de Obra Pública y Servicios, ambos adicionados mediante decreto publicado el 22 de enero del presente año, tras ser aprobado por el Congreso del estado.
Explicó que los artículos impugnados establecen como requisitos para ser testigo social en las licitaciones públicas que se lleven a cabo en el estado: no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad ni sancionado como servidor público.
Dichas exigencias, consideró, transgreden los derechos de igualdad y no discriminación al excluir de manera injustificada la posibilidad de ser seleccionado, lo que resulta discriminatorio al otorgar un trato injustificado y diferenciado paras las personas que aspiran a ser seleccionados como testigos sociales en los procesos de licitación pública.
En términos de las normas impugnadas, las personas que han cometido los ilícitos de “uso indebido de los sistemas telefónicos de emergencia” o “amenazas” quedan imposibilitadas para participar.
