Desde el 31 de marzo pasado, tras el inicio de la emergencia sanitaria por Covid-19, la Secretaria del Trabajo (ST) ha recibido 2 mil quejas de poblanos contra patrones, de las cuales el 55 por ciento señalan despido injustificado, mientras que el resto acusan reducción de salario o personas vulnerables a la enfermedad a quienes no se permiten quedarse en casa.
Así lo informó, en entrevista, el titular de la dependencia, Abelardo Cuellar Delgado, quien agregó que esta cifra ha sido recabada a través de los canales que habilitaron para ello, que fue a partir del 31 de marzo como parte de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Refirió que las quejas están siendo divididas en cuatro grupos, de los cuales el de los despedidos es el más grande y suma unos mil 100 trabajadores, pues la primera reacción de las empresas fue separarlos y después ver cómo seguir funcionando.
El resto se divide entre los que tuvieron una reducción de salario o modificación en sus condiciones laborales, el sector vulnerable al coronavirus, como adultos mayores de 60 años, embarazadas, mujeres en etapa de lactancia o personas con enfermedades crónico degenerativas, así como el de quienes firmaron un convenio por 30 días y que a pesar de echo les han dicho que no podrán pagarlos posterior a este periodo.
Gobierno estatal orientará a quejosos
“Estos son los que directamente están pidiendo la intervención vía redes sociales. No habla de que sea el número total, pero sí de los que nos han contactado. A través de la página de la secretaría vamos a tratar de llegar a más para orientarlos en el tema”, explicó.
Asimismo, dijo que ya se cuenta con una aplicación de la dependencia que los trabajadores despedidos pueden descargar. En ella, se les mandarán cuestionarios que permitirán saber, una vez que termine la emergencia, un porcentaje de afectados laborales y tener una estrategia para enfrentar dicha situación.
Antes de juicio, se buscará conciliación
El funcionario estatal manifestó que en el caso de los que sean despedidos, la demanda laboral se va a tener que presentar en los próximos 60 días, una vez que se levante la emergencia sanitaria, aunque esto no significa que se tenga que agotar el juicio.
Y es que, sostuvo que lo que se busca es que sirva como vía para que sensibilizar a los empleadores a buscar una negociación o conciliación, a fin de resolver el tema con sus exempleados llegando a un acuerdo entre ambas partes.
Respecto a quienes les redujeron su salario, explicó que van a tener hasta un año para poder buscar que la situación vuelva a la normalidad, es decir, si les redujeron el sueldo que les paguen la diferencia y que, si los hicieron firmar su relación laboral en cuanto a sus prestaciones, buscar la nulidad de estos convenios porque son ilegales.
Mientras que, en lo que compete al grupo de personas vulnerables, Cuellar Delgado manifestó que se está invitando a los patrones a que cumplan con la ley a fin de evitar alguna posible clausura.
Lo anterior, porque sostuvo que en caso de mantenerlos laborando, además de ser una responsabilidad de carácter laboral, recae en una atribución de carácter administrativo y penal, lo cual –dijo– ha tenido eco.
Y el último sector –explicó– son los trabajadores que firmaron un convenio por los primeros 30 días que anunciaron que duraría la emergencia sanitaria, pero que los empezaron a llamar los empleadores diciéndoles que nos les van a pagar, lo que ha generado preocupación entre este gremio.
Hasta mayo se conocerá cifra concreta
Sobre esto último sector, refirió que se está dialogando con la Cámara Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para que hable con sus agremiados y les diga que puedan aguantar, por lo que tendrán reuniones cada 15 días y buscarán una solución.
El secretario mencionó que aún están definiendo la estrategia a implementar, aunque también se prevé hacer una clasificación de este tipo de conflictos para que los representantes empresariales hablen con sus agremiados y los empiecen a sensibilizar sobre el conflicto que se viene.
El titular de la ST aseveró que esta cifra no es la total, ya que debido a que la emergencia sanitaria se extendió hasta mayo, se modificará, por lo que estimó que será hasta una semana antes de que se levante la contingencia cuando se podrían tener datos finales.
“No buscamos que los trabajadores o empresarios le apuesten a un conflicto diario, sino que se hagan mesas de negociación entre ambas partes, a fin de establecer un protocolo que permita resolverlo en no más de 30 días, pero si en este periodo no se concreta, ya será decisión del empresario enfrentar esta situación a través de los juicios”, reiteró.
