Remunicipalización del agua se analizará, pero desprivatización va: Márquez
Remunicipalización del agua se analizará, pero desprivatización va: Márquez. Foto: Especial
Remunicipalización del agua se analizará, pero desprivatización va: Márquez
Agua de Puebla ordena a todos retomar labores de ejecución, acusan. Foto: Especial

La unión de trabajadores despedidos de Soapap acusó que la concesionaria Agua de Puebla ordenó a los trabajadores de departamento de ejecución, encargado de operaciones como los cortes de servicio y la verificación de tomas, regresar a laborar a partir de este 20 de abril “sin excepción” pese a la emergencia sanitaria.

De acuerdo con los exempleados del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) la instrucción fue comunicada a los empleados por el jefe del departamento de ejecución, Edgar Gabriel Cruz Méndez, quien les indicó que venía de Marisol Aguilar Sánchez, directora comercial de la empresa.

Lo anterior, de acuerdo con sus contactos entre los trabajadores de la empresa quienes, temiendo represalias, pidieron anonimato, pero expresaron su preocupación porque la medida incluye al personal vulnerable a Covid-19, como diabéticos y personas de la tercera edad, contraviniendo las disposiciones del Consejo de Salubridad General.

En entrevista con Ángulo 7, Manuel Bravo Bruno, representante de los despedidos, quienes también están afiliados al movimiento antirreeleccionista, señaló que esta convocatoria coincide con el aumento de quejas de usuarios por la falta de una medición correcta del agua que consumen.

Esto, derivado de la aprobación reciente de la reforma a la Ley del Agua estatal, donde se establece la prohibición de cortes a tomas que consuman menos de 15 mil litros al mes (15 metros cúbicos o 500 litros al día).

Por lo anterior, indicó que existe la sospecha de que la intención de que los trabajadores de área de ejecución regresen ya es ponerlos a hacer labores de verificación en casas, mediante la cuales la empresa mantiene la práctica de vender medidores –a precios de hasta 2 mil pesos—, así como válvulas, señalando supuestas irregularidades en las tomas de los usuarios.