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De encuestas y aspirantes a la alcaldía capitalina

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que aun cuando a nivel nacional y local, Morena ha caído en las preferencias electorales, todavía se mantiene por arriba del PAN y con posibilidades de obtener importantes triunfos en las elecciones intermedias de 2021.

Según la más reciente encuesta telefónica de El Financiero, Morena ha perdido de enero a la fecha 15 puntos, sin embargo todavía encabeza las preferencias electorales en la República Mexicana con 18 puntos, ocho más que el PAN y 10 más que el PRI.

En la capital del estado ocurre algo parecido, de cara a los comicios de presidente municipal de Puebla. Dos empresas, con distinta metodología, coinciden en ubicar a Morena por encima del PAN. La encuesta del Centro de Estudios Consultivos (CEC) de Manuel Martínez le da nueve puntos de ventaja y el sondeo C&E Research 13 puntos.

Esta última firma reveló, con base en su sondeo telefónico, que el ex alcalde capitalino Eduardo Rivera Pérez sigue siendo el puntero a vencer en las elecciones intermedias de 2021 para presidente municipal de Puebla, pero siempre que su nominación tenga el respaldo de PAN, PRD y MC.

Sin embargo también diagnosticó que el panista Eduardo Rivera podría ser vencido por el senador Alejandro Armenta Mier, si el primero no obtuviera el apoyo de MC y el segundo fuera postulado por una coalición en la que estuvieran Morena, el PVEM y el PT.

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Edil de Ajalpan, investigado por supuesta colusión criminal, llegó al poder de la mano de Gerardo Islas

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que Luego de que se inició una investigación en contra del alcalde de Ajalpan por presuntamente dar protección a dos bandas del crimen organizado, el edil Ignacio Salvador Hernández ha desaparecido, nadie sabe su paradero y se presume que podría haber huido de la región. Desde entonces, todas las fuerzas políticas se han alejado de este personaje, argumentando que son ajenas a sus intereses. Sin embargo, quien no se puede deslindar es el diputado local Gerardo Islas Maldonado, pues fue el artífice para que se convirtiera por segunda vez en presidente municipal y sobre todo, para que entrara al círculo de confianza del extinto exgobernador Rafael Moreno Valle.

Ignacio Salvador Hernández es un personaje peculiar, ya que con apenas una formación educativa de primaria es el dueño de la única línea de autobuses que da servicio de Tehuacán hacia toda la región de la Sierra Negra, pasando por Ajalpan y llegando hasta Tlacotepec de Porfirio Díaz y San Miguel Eloxochitlán, que son de los municipios más aislados y pobres del estado de Puebla, pero que al mismo tiempo se han vuelto zona de operación de los grupos del crimen organizado que actúan en Veracruz, una de las entidades más violentas del país.

Sus problemas actuales iniciaron el pasado 30 de marzo, cuando en la esquina del bulevar Ávila Camacho y la calle 14 Sur, un grupo de policías municipales detectaron que dos personas eran privadas ilegalmente de su libertad. Lo uniformados siguieron a los captores y se desató un fuerte enfrentamiento en la carrera que conduce a la comunidad de Zinacatepec.

Los policías ignoraban que dos grupos fuertemente armados se estaban enfrentando y que ellos estaban en medio de esa disputa, lo cual arrojó un saldo de un agente muerto y otros tres lesionados.

Al final lograron detener a los dos sujetos que habían sido privados de su libertad y éstos, se dice, que habrían reconocido ante la Policía Ministerial que hay dos organizaciones del crimen organizado que se estaban enfrentando por la disputa de la región de la Sierra Negra y que ambas organizaciones se sienten con derechos, porque supuestamente “compraron la plaza” a las autoridades municipales de Ajalpan.

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De naturaleza humana

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que nada es suficiente en las crisis. Menos en una pandemia mundial, en la que todo faltará, siempre habrá exigencias y reclamos.

Tampoco habrá conformidad y siempre se afirmará que se quedó a deber. Y todos, en mayor o menor grado estarán en espera de que los gobiernos atiendan hasta los rumores.

Quienes más piden son aquellos que menos se comprometen en su entorno. Los grandes capitales aprovechan la coyuntura para recibir beneficios fiscales porque mucho antes de la crisis dejaron de pagar sus obligaciones.

Es la naturaleza humana que se refleja en que lo primero que sacrifican es a la mano de obra con recortes de salarios o despidos. Nunca piensan en los suyos.

Eso sí, arrinconan con la llamada presión mediática (hoy muy intensa en redes sociales por la vía de versiones, dichos o rumores) a autoridades de todos los niveles.

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Peña, un mexicano feliz, feliz

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, señala que lo declaró Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, hace apenas unos días: “…hasta ahora no existen elementos que vinculen al ex presidente Peña, con los actos de corrupción que se le imputan a Emilio Lozoya, ex director de Pemex”.

Es decir, en la óptica oficial de este gobierno, el hombre más poderoso de México del sexenio anterior desconocía que uno de sus incondicionales de mayor confianza estaba saqueando la paraestatal.

La misma lógica de deslinde han aplicado en el caso de la Estafa Maestra, uno de los actos de corrupción oficial más escandaloso de la historia moderna del país.

En teoría, el que fue presidente no sabía tampoco que se habían desviado más de 7 mil millones de pesos de recursos del erario, a través de la utilización de 128 empresas fantasma y que involucró a 11 dependencias del Estado mexicano, ocho universidades públicas y más de 50 servidores públicos de los distintos niveles de gobierno.

Resulta poco menos que increíble que, en 16 meses de gobierno, la famosa 4T asegure no tener las bases legales suficientes para, por lo menos, iniciar una investigación formal a EPN.

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Sentencia de muerte y decisiones de guerra

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, indica que si alguien llegaba a dudar de que aplicar el paradigma de guerra a este momento crítico de la humanidad provocada por el coronavirus, ahora tiene la prueba suprema: antes de entrar a la Fase 3 de la contingencia, en México ya se dictó sentencia de muerte para los adultos mayores, así como para los enfermos de diabetes e hipertensión.

Si hay que elegir entre un joven y un viejo a la hora de asignar respirador artificial, hay que dárselo al joven.

Si hay que elegir entre un joven sano y un enfermo de diabetes o hipertensión, hay que dárselo al joven sano sin comorbilidades previas.

Si hay que elegir entre dos adultos mayores, hay que dárselo al que no tiene diabetes ni hipertensión.

Lo dijo ayer López Gatell, quien pronuncio la sentencia de muerte justificándola como una decisión bioética.

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