La pugna entre el gobierno del estado y el ayuntamiento continúa, pues ahora el segundo acusó al primero de utilizar al Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública para seguir “intimidándolo” para tomar las riendas de la seguridad municipal.
Salvo en los casos de excepción que la Constitución federal establece, el mando de las fuerzas públicas municipales le corresponde a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, y la evaluación de la institución policial es facultad “exclusiva” de la Comuna, indicó.
El pasado 1 de abril, indicó en un comunicado de prensa, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Moisés Grajales Monterrosa, solicitó que los mandos de estructura y operativos municipales se presentaran para la realización de una evaluación, con el fin de determinar, a juicio de esa autoridad estatal, si resultan aptos para la función policial.
Argumentó que ello contraviene la Constitución federal y la Ley de Seguridad Pública estatal, pues el funcionario estatal asume la atribución que tiene Rivera Vivanco, quien al tener a su cargo la fuerza pública de la ciudad, es la única facultada para solicitar una nueva evaluación.
Buscan someter, sostiene
Agregó que todos los mandos operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) municipal siempre han contado con sus certificados de control de confianza vigentes, expedidos por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del estado de Puebla, a cargo de Grajales Monterrosa.
Asimismo, la titular de la dependencia, María de Lourdes Rosales Martínez, es el primer mando que hace público, mediante el Sistema Nacional de Transparencia, el resultado de su evaluación de control de confianza, situación que es un ejemplo para todos los titulares de seguridad en este y otros estados.
Afirmó que continuarán las denuncias de los diversos actos de intimidación de los que está siendo objeto el ayuntamiento de Puebla por parte del Ejecutivo local, a cargo de Miguel Barbosa Huerta, “esta vez a través de una de las instituciones encargada de salvaguardar la adecuada coordinación en materia de seguridad pública entre el estado y los municipios”.
Hizo un llamado a las autoridades estatales a reforzar los mecanismos de coordinación, y dejar de lado este tipo de acciones que, “carentes de todo cuidado a la técnica jurídica”, violentan gravemente la distribución de competencias que el orden constitucional señala y proyectan la intención de querer someter, por todos los medios, a la subordinación irregular a esta autoridad municipal.
