Las personas privadas de la libertad padecen un sistema penitenciario en crisis que no está preparado para hacer frente al COVID – 19, y a un sistema caracterizado por diversas situaciones que vulneran sus derechos humanos, tales como: el hacinamiento, corrupción, autogobierno, ingobernabilidad, carencias de agua, insumos y servicios básicos de higiene que las vulnera aún más ante la pandemia.

Las vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, no son una deuda reciente, ni provocada por la pandemia que mundialmente padecemos, es una deuda de hace años que demanda ser atendida con urgencia. Las arbitrariedades cometidas hacia las personas privadas de la libertad comenzaron a visibilizarse por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde el 2006 a través del Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria elaborado por este organismo, pero en 2010 esta evidencia se hizo más notable gracias a las investigaciones y al trabajo de Documenta A.C.

De acuerdo con el INEGI, las malas condiciones de higiene ponen en riesgo a más de 200 mil doscientas personas privadas de la libertad a nivel nacional. Organismos Internacionacioles, el 25 de marzo, emitieron medidas para salvaguardar los derechos de estas personas y evitar el contagio entre ellas, las personas de custodia y el personal que labora en el sistema penitenciario. Tales medias pretenden la disminución de la población penitenciaria mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para las personas sentenciadas con medidas menores, evaluar todos los casos de detención preventiva, asegurar la provisión de suficientes instalaciones y suministros (sin cargo) a todos los que permanecen detenidos para permitirles el mismo nivel de higiene personal que debe seguir la población en general. Sin embargo, un comunicado lanzado el 18 de marzo por organizaciones civiles afirman que en México; son los familiares quienes abastecen de medicamentos, alimentos y agua a las personas privadas de la libertad, por lo que pensar en la suspensión de visitas como una medida de prevención pone el juego la integridad de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios.

Otro de los sectores más importantes que no podemos olvidar son las y los 437 niñas y niños que nacieron y viven en las prisiones, por lo que valdría la pena cuestionarse ¿ante la falta de presupuesto penitenciario asignado a este sector cómo pretende el estado garantizar sus derechos? Por lo tanto toda la población penitenciaria vulnerada, corre peligro de contagiarse y de no poder hacer frente a la contingencia mundial.

Esta contingencia, nos invita una vez más a la reflexión de nuestro sistema penitenciario, pues el hacinamiento provocado por el uso excesivo de la prisión preventiva impide que las personas privadas de la libertad puedan cumplir la política de sana distancia. También desmantela que la corrupción ejercida al interior del sistema exige una rendición de cuentas que haga visible el verdadero acceso a los servicios básicos. De acuerdo con Documenta A.C, el derecho a la información, uno de los derechos más importantes durante esta pandemia se está vulnerando ya que las personas privadas de la libertad no saben qué es lo que está sucediendo, por lo que las recomendaciones emitidas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNTP) son ignoradas.

Desafortunadamente las personas privadas de la libertad son un sector ignorado por el sistema de salud, ya que en el acuerdo publicado el 31 de marzo por la Secretaría de Salud, no menciona las medidas que el gobierno, ni las autoridades competentes deben tomar respecto a la salud de las personas privadas de la libertad, por lo que, además de ser un hecho discriminatorio limita a que el derecho a la salud de las personas sentenciadas sea garantizado.

Por lo anterior la sociedad debería cuestionarse, ¿cómo la corrupción ejercida al interior de los centros penitenciarios permitirá cumplir con la recomendación del MNPT que conmina a establecer mecanismos de compensación de restricciones al contacto, tales como uso de medios digitales o proporcionar insumos para la comunicación vía telefónica? ¿de qué manera se erradicarán las problemáticas que padecen los centros de privación de la libertad que exigen atención inmediata desde hace años?
Por eso, es hora de mantenernos unidos e informados para solicitar a las autoridades competentes que garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad y de las personas que laboran en el sistema penitenciario.

Es momento de #ContagiarSolidaridad y garantizar los #DerechosSinBarreras.

itzaborguam@gmail.com

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