Con previsión oficial de letalidad entre cien mil y doscientos cuarenta mil muertes por la pandemia de Covid-19, el presidente de Estados Unidos ha tomado la decisión de desatar, en plena emergencia nacional, operativos militares en América Latina contra la “creciente amenaza de narcotraficantes y terroristas” aprovechando la crisis generada por la pandemia y con Venezuela como objetivo específico. Bajo advertencia de sus propios expertos nacionales –Anthony Fauci y Deborah Birx- que las cifras pueden aumentar si la población no respeta las restricciones, que no existe una vacuna, y que todo depende de comportamiento; Donald Trump deambula entre la falsedad, “nadie sabía qué tan contagioso era esto….no creo que ningún doctor lo supiera…La gente no había visto nada como esto”; el desprecio por la vida ajena, “100 mil muertos es un número muy bajo”; y el autoelogio: “dado el potencial de millones de muertes si no hubiéramos hecho algo”; a pesar de que dos meses minimizó las consecuencias potenciales de la pandemia, y de haber declarado que todo estaba bajo control.

Únicamente la lógica del capital, asentada en la especulación financiera y la ganancia leonina, puede atinar a comprender lo que ocurre con la pandemia en ese país sin apenas inmutarse; la economía más poderosa del mundo registra el mayor número de población afectada por el virus. El estado de Nueva York centro político y económico del país, con toda la riqueza que ahí se concentra en industria, banca y bolsa, está convertido en epicentro de propagación del virus y sus hospitales se han abarrotado al punto de hacer necesario que un buque-hospital de la marina, con capacidad de mil camas, haya sido enviado para auxiliar en labores de atención al mal.

El problema de esta deficitaria atención a los enfermos –mil 480 muertos entre jueves y viernes pasado- parece asentarse en el hecho de que siendo Estados Unidos un país avanzado económica, científica y militarmente –pero atrasado política y culturalmente- carece de un sistema de salud de acceso universal. Su esquema vigente de seguridad social ofrece atención de salud solo a la población trabajadora que cuenta con un empleo; razón por la cual millones de desempleados estarán al desamparo durante el azote de la pandemia. Tal como previó la OMS, Estados Unidos se ha colocado como el país número uno en materia de infectados por el virus en un hecho insólito, increíble e histórico.

El manejo político de la crisis social y económica derivada de la pandemia ha mostrado no ser adecuado, ni siquiera el que el sentido común de la población esperaría y, mucho menos, el que el poderío económico del país haría presumir. ¿Cuál es la estatura moral de quien pronostica que cien mil muertos son muy pocos? Las palabras de Trump pretenden arrojar al campo popular algo que, por su naturaleza, podría ser secreto de Estado: el origen y manejo de un virus. La expansión del contagio debería obligar a su gobierno a ofrecer una explicación racional, creíble y científicamente comprobable, sobre los orígenes del virus que demuestren que la propagación en su propio territorio no provino de una negligencia inexcusable en el manejo de estos microorganismos ni que estén siendo utilizados, con fines de guerra comercial, contra otros países.

Un enemigo tan diminuto pero mortalmente terrible ha puesto al estado americano y a su soberbio jefe en situación de impeachment, pero ahora frente al juicio inapelable de su pueblo. Es factible que lo que no pudieron conseguir los demócratas en el Congreso, pueda lograrlo este invisible enemigo. Las zonas metropolitanas de Nueva Orleans, Chicago y Detroit siguen los pasos de Nueva York y empiezan a ser vistos como focos rojos de contagio. Tres millones doscientos ochenta mil trabajadores, en tan solo una semana, solicitaron seguros contra el desempleo. Un desolador panorama de desplome económico que augura en el futuro inmediato tasas de desempleo entre el 13 y 20 por ciento.

El mecanismo ideado para contener el desplome será la aprobación del Congreso de un paquete de rescate económico de dos billones (en sus números) de dólares que se destinarán a ampliar los beneficios de desempleo, un pago directo a casi todo estadounidense de hasta mil 200 dólares, un fondo de apoyo para pequeños negocios y otro para grandes empresas; financiamiento de emergencia a gobiernos estatales, hospitales y otros proveedores de servicios de salud. Por el tamaño de la pandemia todo hace suponer que tal medida será la primera, pero no la única ni la última; que las reservas monetarias de Estados Unidos decrecerán, y que para evitar algún colapso el gobierno de Trump, responsable del mal manejo de la crisis, intentará alguna piratería para distraer a su opinión pública y resarcir las maltrechas finanzas públicas que se avizoran.

Sin embargo, la pandemia no es ningún asunto fácil de resolver bajo la consigna napoleónica de dinero, dinero y más dinero. El virus está cuestionando la estructura de organización social del estado y sus mecanismos de distribución de riqueza. La carencia de una red hospitalaria pública de acceso universal no puede ser suplida con ayudas personales de mil doscientos dólares para enfrentar los efectos del virus, si el sector privado de la salud mira la pandemia como nicho de negocio. La hechura mental de los dueños del dinero, reacia a todo cuanto huela a estatización de sectores o industrias, tampoco ayudará al mejor manejo de la crisis máxime que para el capital financiero especulativo representado en la Bolsa de Valores de Nueva York, el solo anuncio del rescate económico logró en estos días tener incrementos de sus indicadores bursátiles no vistos en décadas. En estas condiciones, el presunto remedio no apunta a curar la enfermedad sino a hacer negocio con ella. La pandemia será convertida en un mecanismo de traslado de dinero público a manos privadas. Los ricos se harán más ricos y los pobres se curarán, si pueden, con sus mil doscientos dólares de ayuda.

El filibusterismo potencialmente resarcitorio de las finanzas públicas de Estados Unidos se enfila, con barcos y aviones de guerra, hacia Venezuela con la mira puesta en sus probadas grandes reservas de petróleo y oro. Para tomarlas han determinado remover, con fuerza militar y blandiendo un títere, al pleno de la jefatura del Estado que encabeza el presidente Nicolás Maduro. El trabajo sucio lo hace, paradójicamente, el Departamento “de Justicia”. William Barr, cual fiscal extraterritorial, ante la carencia de motivos ha inventado la miserable idea de ofrecer quince millones de dólares “para quien brinde información que pueda llevar a la detención y arresto” del presidente venezolano, como envilecida oferta pública de compra de una calumnia. El modo de enfrentar la pandemia, el desprecio por la vida de la población, y aprovechar la desgracia para intentar derrocar a un presidente legítimo, acreditan la quiebra moral del imperio y su franca decadencia.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 5 de abril 2020
José Samuel Porras Rugerio

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