Más de 50 encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de la región oriente de Puebla, se manifestaron en el zócalo de la Angelópolis, acusando que el organismo los obliga a renunciar para no pagarles su última quincena.
Este viernes, se concentraron aproximadamente a las 10:30 horas, esperando a que compañeros de Atlixco y Amozoc arribaran en camiones, ya que, acusaron, ellos padecen la misma situación.
De acuerdo con uno de los trabajadores, sus jefes los “obligarían” a firmar su baja; precisó que el contrato concluye el 17 de abril, por lo que se les estaría negando el pago de la última quincena.
Esto, debido a que por la emergencia sanitaria, el gobierno federal suspendió todas las actividades no esenciales, entre las cuales se encuentran los censos y estudios que la dependencia realiza periódicamente.
“Nos piden que renunciemos voluntariamente y la verdad nosotros estamos en desacuerdo porque con esto de la pandemia sí nos afectaría bastante. Nos quedaríamos sin dinero prácticamente”, comentó.
Otra empleada destacó que, en un inicio, sus superiores les mencionaron que analizaría la forma de hacer home office, para lo cual, les pidieron entregar su material de trabajo en campo.
Señaló que el pasado 2 de abril les notificaron que debían firmar su renuncia, pese a que ese día, la Secretaría del Trabajo (ST) federal indicó que los empleadores deben pagar el salario integró a los trabajadores.
Posibles contagios
Además, la asalariada comentó que existen “sospechas” de contagio entre los verificadores, ya que una compañera comenzó a presentar problemas respiratorios tras haber entrevistado a un residente que venía de Estados Unidos, por lo que “debe recibir todavía una prueba de Covid-19“.
“Otras dos supervisoras tuvieron problemas respiratorios, y están en espera de una resolución a través de una prueba”, declaró.
Aseguró que, en consecuencia, sus compañeros acudieron al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado de Puebla (Issstep), para determinar si padecían síntomas.
No obstante, otra trabajadora que prefirió el anonimato, indicó a Ángulo 7 que a todos los encuestadores se les dio un contrato de un mes, que concluyó el 31 de marzo, por lo que desmintió la fecha señalada por los manifestantes.
Agregó que tanto ella como el resto de sus compañeros, que también operaron en el estado, recibieron cabalmente sus salarios y que “todos sabían” que el acuerdo firmado era por un mes.