Cartas a Gracia
El tuit de Gabriela Quiroga: «Otro tema en la congeladora sobre el que no dejaremos de insistir. Presente en el Foro “Reconocimiento legal de las infancias trans como determinación social de la salud” Porque es nuestra obligación garantizarles una niñez y un desarrollo pleno, feliz y en sus propios términos», evidenciaba su asistencia a un evento realizado en la facultad de Medicina de la UNAM el 12 de marzo, convocado por la Asociación por las Infancias Transgénero. El tuit de referencia concitó la irritación de alguna(o)s madres y padres de familia pro vida y pro familia y de miembros de la bancada de Acción Nacional en el Congreso de la CDMX, quienes al tenor de los hashtags #NOALALEYDEESTANCIASINFANTILESTRANS y #CONLOSNIÑOSNOTEMETAS, la tildaron de antipatriota, oportunista y de provocar divisiones entre los mexicanos en un momento de emergencia nacional. No obstante, el anteproyecto de decreto que efectivamente se encuentra en la “congeladora” pretende, en el fondo, convertir en administrativo un asunto que para resolverse requiere de un procedimiento judicial Gracia.
El hashtag #NOALALEYDEESTANCIASINFANTILESTRANS despertaría la curiosidad de cualquier madre o padre de familia que tuviese una hija(o) en edad de asistir a centros de educación infantil, preescolares y primarias Gracia. A quienes les llamara la atención y buscaran el tema, corroborarían la inexistencia de alguna propuesta relacionada con la ley esgrimida. Lo que sí encontrarían sería un dictamen -aprobado el 14 de noviembre de 2019- en el que se “reconocería el derecho para que las y los infantes transgénero eligiesen su nombre y su género”, siempre y cuando cumplieran algunos requisitos, entre ellos, el de asistir al juzgado civil acompañado de su padre o su madre. Al navegar por la red, también encontrarías información sobre las nuevas condiciones para otorgar el apoyo para que las niñas y los niños menores de 4 años, sigan asistiendo a las guarderías que prestaban usualmente el servicio y que, hoy por hoy, se encuentran bajo la supervisión de la Secretaría del Bienestar; como muestra, una nota del periódico Excélsior sobre este tema (shorturl.at/twU57).
Sin embargo, el ruido que provocara el tuit de la Diputada Quiroga permitiría revisar el devenir de las estancias infantiles o a los Centro de Desarrollo Infantil que al parecer sería halagüeño. La primera infancia para esos efectos sería aquella que se viviría entre los 0 y 3 años; edad en la que las y los infantes asistirían a instituciones atendidas o subvencionadas por el gobierno y que actualmente no es un prerrequisito para ingresar al Preescolar. Sería Gracia y de acuerdo a la Unicef, etapa trascendente para el desarrollo de las potencialidades de las y los bebés y podría hacer la diferencia para que las niñas y los niños pudiesen adquirir una “mayor potencialidad para aprender, relacionarse, ser más productivos, insertarse exitosamente en el mercado de trabajo y mejorar su ingreso” (ENAPI). Tras años de lucha y de trabajo de muchos interesada(o)s y de no estar contemplada en las versiones preliminares de la reforma 2019, la educación inicial se incorpora al Artículo 3º de la Constitución Política a partir de 15 de Mayo del 2019, como un derecho de todas las personas integrándose a la educación básica del sistema educativo nacional y adquiriendo el rango de obligatoria, impartida y garantizada por el Estado; lo mismo que los otros tres niveles subsecuentes con los que integra el subsistema de educación obligatoria, incluyendo a la educación inicial, en los que la normatividad autoriza la participación de los particulares. La última línea del primer parágrafo concluiría señalando que es “responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia”; acción que es imprescindible para que madres y padres cumplan con la obligación constitucional que les impone llevar a sus hijos a la escuela. En el 2020 todavía debemos lamentar que 1 de cada 3 niñas o niños (promedio nacional) no cursa los tres años establecidos en la currícula de educación preescolar (promedio nacional).
Congruente con lo que se estableciera en la fracción II de la 1ª Reforma al Artículo 3º, publicada en el DOF el 13 de diciembre de 1934 -por la que se instaurara la educación socialista-, y que a la letra rezaba: “La formación de planes, programas y métodos corresponderá en todo caso al Estado”, la reciente reforma del 15 de mayo del 2019determinaría (Transitorio Duodécimo) que: “A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial”, que se instaurarían -con cargo al ejecutivo federal- en una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia; “en la cual se determinará la gradualidad de su impartición y financiamiento”. La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de los corrientes, con tan sólo 3 meses de retraso con relación a los 180 días programados por el Congreso de la Unión, definiría a la primera infancia como aquella etapa que se inicia con “el nacimiento y se extiende hasta antes de los seis años”, y no diferiría en mucho con la que publicara la administración de Peña Nieto.
A reserva de las orientaciones que recibiremos de algunos especialistas para profundizar en un tema nodal Gracia, destacarían algunas propuestas del ENAPI en torno a la generación de estrategias para “hacer efectiva la atención a la Primera Infancia”; entre ellas, destacarían las de “invertir sostenidamente y diseñar estrategias intersectoriales [y] enriquecer las practicas de crianza de las familias”. Los casi 13 millones de niñas y niños que se ubican en este rango merecen la mayor atención del gobierno y de la sociedad, con independencia de las grillas que los grupos pro vida y pro familia generan en contra de la “supuesta” creación de una ley que contemple estancias infantiles transgénero. Mientras tanto, queda esperar que el Estado y la Administración cumplan en tiempo y forma.
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