En el Congreso de Puebla se busca expedir una nueva ley contra la tortura y que se abrogue la de 2014 de Rafael Moreno Valle, la cual pretende establecer una fiscalía especializada y sanciones de 3 a 6 años de cárcel a servidores públicos que sean omisos a este delito.
Esta iniciativa fue presentada por la diputada de Morena, Estefanía Rodríguez Sandoval, y el proyecto denominado “Ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanas o degradantes del estado de Puebla” establece que el delito de tortura se perseguirá de oficio, ya sea por denuncia, noticia, vista de la autoridad o cualquier otro medio por el que se tenga conocimiento y sin necesidad de que la víctima se presente.
Lo anterior con el fin de quitar la actual que lleva por nombre “Ley para prevenir, investigar, sancionar, y en su caso, erradicar la tortura en el estado de Puebla” y publicada en 2014, por considerarla deficiente y que no cumple con estándares nacionales e internacionales.
Prisión y multas
La iniciativa de ley presentada por la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo poblano incluye 81 artículos en siete títulos y 16 capítulos, en los que se abarcan temas como la imprescriptibilidad de estos delitos (que no caduquen para poder ser sancionados) y la no justificación de estos hechos por parte de los servidores públicos.
Respecto a los funcionarios que teniendo conocimiento de conductas de tortura a terceros se abstuviere de denunciar inmediatamente, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y de 250 a 500 días multa.
Adicionalmente a las penas de prisión y días multa, se impondrá destitución o inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
Creación de fiscalía contra la tortura
Por otra parte, indica que la FGE de Puebla deberá crear una Fiscalía Especializada con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos en esta Ley; contarán con Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados; y estarán dotadas de los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para su efectiva operación.
Finalmente, la iniciativa precisó que para la individualización de la pena por los delitos de tortura deberán considerarse: la duración del trato cruel; los medios que se utilizaron para causar daño; aspectos particulares de las víctimas como secuelas, la condición física y mental, su edad, su sexo, así como el contexto de la comisión de la conducta y su situación migratoria.
Cabe mencionar que entre 2011 y 2017, en Puebla se registraron 2 mil 380 quejas por tortura ante la CNDH y la CEDH, cifra que lo ubicó como el tercer estado con más casos, de estos casos sólo en el 1.3 por ciento (33 hechos) se inició una investigación penal.
