El Congreso de Puebla aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, entre las cuales destaca la creación de las fiscalías especializadas en corrupción y violencia de género; la de atención universitaria tendrá que incluirse en otra iniciativa.
Lo anterior, durante la sesión de este viernes, donde la propuesta enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta recibió el voto unánime de los 36 diputados presentes y se devolvió a la oficina del mandatario para que la promulgue.
Entre las modificaciones, destaca la realizada al artículo noveno, donde se establece la creación de fiscalías especializadas: en derechos humanos (son incluir asuntos jurídicos), en desaparición forzada, en secuestro y extorsión, en delitos electorales, en delitos de alta incidencia y en violencia de género.
Durante la sesión, el coordinador de la bancada del PRI, Javier Cacique Zárate, propuso incluir en el decreto la creación de la Fiscalía Especializada en de Atención a la Comunidad Universitaria, la cual fue acordada entre estudiantes y el gobierno estatal tras la megamarcha del 5 de marzo pasado.
No obstante, el planteamiento fue rechazado por no encontrarse en dictamen aprobado en comisiones, de forma que tendrá que ser planteado en una nueva iniciativa.
Instituto para Administración de Bienes
En otro punto del orden del día, los diputados aprobaron, por mayoría, la venta de propiedades incautadas a través del Instituto para la Administración de Bienes del Estado de Puebla, que será un organismo público descentralizado (OPD).
Esto, mediante la expedición de la Ley para la Administración, Enajenación y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extintos del Estado de Puebla, cuyo dictamen remitieron al Ejecutivo para sus promulgación.
El objetivo de esta nueva legislación es homologarse con la federal, que el año pasado instituyó el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
Busca dotar al Estado de un organismo, recursos y herramientas para llevar a cabo los procedimientos de enajenación de los bienes, de una manera “transparente y rentable”.
Durante la discusión en el pleno, el diputado Armando García Avendaño señaló la necesidad de revisar el ordenamiento legal para saber si no se invade la competencia de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
