En el Congreso de Puebla, Morena buscan realizar reformas para que quienes busquen ser diputados, gobernador o algún cargo en un ayuntamiento deberán acreditar su asistencia a cursos de paridad de género y no haber sido sancionado por ejercer violencia política de género.
La legisladora Vianey García Romero, presentó la iniciativa para reformar el código de instituciones y procesos electorales de Puebla en materia de violencia política de género.
Y es que de acuerdo con datos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en 2018 se registraron 106 casos de violencia política en contra de las mujeres; 16 candidatas asesinadas y diez casos vinculados a hechos que lesionaron directamente los derechos político-electorales de las indígenas.
Hubo dos casos de violencia política en Puebla
Asimismo, el año pasado se informó que en diciembre no se registraron denuncias por incidentes relacionados con violencia política de género, sin embargo, de manera anual registró seis denuncias por esta conducta, de las cuales dos –actos de intimidación— fueron en Puebla.
Por lo anterior, la legisladora morenista propuso adicionar una fracción al artículo 15, que especifica los requisitos para que un candidato sea elegible a diputado, gobernador, o miembro de algún ayuntamiento, para que de esa manera una persona no pueda buscar esos cargos si no acreditó su asistencia a un curso de “paridad de género, derechos humanos no discriminación, así como de prevención, atención y erradicación de la violencia en el ámbito político por razón de género, que imparta directamente o a través de terceros la instancia respectiva”.
Además, tampoco podrán buscar los cargos antes mencionados si sancionado por ejercer violencia en el ámbito político por razón de género.
No podrán buscan cargos de elección pública
La iniciativa también contempla que “personas que hayan sido sancionadas por violencia en el ámbito político por razón de género, en cuyo caso este impedimento surtirá efectos por el término de dos años, a partir de que quede firme la resolución correspondiente”, no podrán ser representantes de partidos políticos ante órganos electorales.
Mientras que los partidos políticos podrán negar o cancelar el registro del precandidato o candidato a quien se le haya sentenciado por autoridad competente por incurrir en violencia político de género dentro de los dos años anteriores a la fecha en que se pretenda realizar el nombramiento. Lo mismo aplica para candidatos independientes, quienes no podrán obtener el registro si cometieron dicho delito.
Asimismo, los partidos políticos deberán de implementar programas para la prevención, erradicación y atención de la violencia política de género, así como promover la igualdad de oportunidades.
Necesario registro de agresores
García Romero igualmente propuso que el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla cuente con la dirección de “paridad de género y atención de la violencia política de género”, para así elaborar un archivo con las personas sancionadas por cometer dicho delito.
La diputada morenista incluyó en su propuesta que se removerá al consejero presidente, consejeros electorales y secretarios de consejos distritales o municipales cuando incurran en conductas graves que sean contrarias a los principios que rigen la función estatal de organizar las elecciones, o por incurrir en violencia en el ámbito político por razón de género.
También propuso que los partidos políticos incurrirán en infracciones si promueven, o tolerar actos u omisiones que constituyan violencia en el ámbito político por razón de género.
¿Qué es la violencia política de género?
La legisladora incluyó en su iniciativa la definición de violencia política de género, que es “toda acción u omisión basada en el género de una persona y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales o en el ejercicio de un cargo público, que tengan por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los mismos o de sus prerrogativas”.
De igual manera, dichas medidas aplican para ciudadanos y organizaciones, por lo que en caso de que se incurra en dichas prácticas, a los ciudadanos se les suspenderá su derecho a votar.
Cabe mencionar que la diputada priista Rocío García Olmedo, presentó una iniciativa para tipificar las burlas, agresiones y ridiculizaciones contra mujeres como violencia política de género, pues la actual ley carece de una definición de acciones que sean consideradas como ese delito.
