Aguas: en el IEE también hay denuncias de acoso sexual
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que en el transcurso de los próximos días se pondrá a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) el nombramiento de dos funcionarios para que sean ratificados como titulares de la Dirección Técnica y Dirección Jurídica del organismo.
La situación en uno de los dos casos podría complicarse, no sólo porque el susodicho incumple con los requisitos legales para ocupar el puesto, amén de que recurrió a documentos o recibos de pago ajenos para acreditar su vecindad en San Andrés Cholula (ay, Biestro, tu mal ejemplo cunde), sino porque hay empleadas del Instituto que lo tomarían como una afrenta.
Sí, subordinadas suyas que este martes hicieron patente su desacuerdo colocando en los baños del Instituto carteles en los que textualmente se lee: “No al hostigamiento laboral y acoso sexual para los compañeros de la Dirección Jurídica”.
Entre algunos representantes de partidos políticos la ratificación de ambos encargados de despacho tampoco es vista con simpatía, pues saben de su parcialidad y su dependencia hacia el representante de Morena ante el Consejo General del IEE, Juan Manuel Castillo Martínez.
Pero también que Adán Carro Pérez, quien aspira a convertirse en titular de la Dirección Jurídica no cumple con el punto II del Artículo 101 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla que establece: “Los Directores del Instituto deberán acreditar ser originarios o residentes en el Estado cuando menos con cinco años anteriores a la fecha de su designación”.
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7 organizaciones frenaron a Biestro para que no privatizara el agua de San Martín Texmelucan
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que el polémico decreto de la edil Norma Layón Aarún que permite la privatización del servicio de agua potable en San Martín Texmelucan, estuvo a punto de ser aprobado este miércoles, por obra y gracia del presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, quien fue frenado de última hora por la presión de siete organizaciones que lo hicieron recular, de momento, pues el proyecto ha quedado latente de volver a ser presentado al pleno del Poder Legislativo.
Lo que más llamó la atención de este asunto es que la mayor parte de las organizaciones que intervinieron para frenar la aprobación del decreto son afines a Morena y los diputados que quieren privatizar el agua son morenistas, y quien les abrió las puertas del Congreso para frenar dicho proyecto, fue el legislador Carlos Morales, del PMC, ya que la mayoría de los miembros de la bancada del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional hicieron mutis sobre este tema.
Es decir, son los diputados de Morena los que generan el mayor molestar entre las bases morenistas. Vaya paradoja.
Los pretextos de Biestro
El 14 de mayo del año pasado, Norma Layón presentó al Cabildo un decreto, que en la fracción XIV del artículo cuarto, elimina a los 11 comités de juntas auxiliares de San Martín Texmelucan que actualmente administran el agua potable y abre la posibilidad de que una empresa privada –por acuerdo de los regidores– se haga cargo de dicho servicio público. Tal como ocurre en la capital.
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100 mil votos vs Morena tumbaron a Lourdes
Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, indica que aunque dio su brazo a torcer y apenas aceptó antier por la noche en una larguísima reunión nocturna, Claudia Rivera Vivanco todavía no procesa la decisión de desprenderse de Lourdes Rosales como su titular de Seguridad Pública. La renuncia de la funcionaria le sabe a derrota, tanto en el plano personal como en la de activista del feminismo, pero es peor porque su Ayuntamiento será colonizado por el barbosismo.
La realidad es que la alcaldesa no tenía otra salida ante el desplome en las encuestas tanto de sus opciones de reelegirse, como de la intención de voto de Morena en la capital rumbo al 2021. Si el multihomicidio de Huejotzingo catapultó la salida del vicealmirante Amezaga, la marcha multitudinaria de los más de cien mil universitarios en las calles convenció a Luis Miguel Barbosa de que Lourdes Rosales no tenía ni un minuto más en la SSC.
¿Por qué? Porque esos miles de jóvenes, aunque un porcentaje sea foráneo, se convertirán en votantes en contra de Morena, sus candidatos a ediles y diputados locales, si la seguridad pública no mejora y se somete a la delincuencia.
Igual que le pasó al vicealmirante Amezaga, Lourdes Rosales cayó aunque la estadística de la incidencia delictiva estaban a su favor desde el mes de junio de 2019, cuando comenzaron a bajar la cantidad de delitos denunciados ante la Fiscalía. Con algún mes de rebote, noviembre, diciembre y enero 2020 tuvieron una reducción importante.
El servicio público, sin embargo, es ingrato. A Rosales se le cobra la factura de los meses caóticos de octubre 2018 a mayo 2019, cuando la delincuencia creció y creció sin control, pasando por alto que la incidencia estatal también se catapultó durante el gobierno interino, cuando el incremento mensual fue superior al 32 por ciento.