(Primera parte)
Por años, las y los poblanos hemos presenciado y padecido un incremento sin precedentes de la violencia criminal al amparo de la impunidad. Como lo demuestran los datos, este incremento se dejó sentir a nivel nacional a partir del 2008 y en Puebla entre el 2014 y el 2017. ¿Cuál es la explicación de esta escalada de violencia que tomó al país y a Puebla, por sorpresa?
En un análisis pionero sobre “la raíz de la violencia” en México, Eduardo Guerrero (Nexos, 2011) documenta la manera en que la estrategia antidrogas del gobierno federal disparó la violencia en toda la geografía nacional. Como apunta en su ensayo, la lucha contra los cárteles de la droga se centró en una estrategia punitiva, es decir, en la detención y descabezamiento de los grandes cárteles de las drogas con el objetivo de minar su fuerza y capacidad operativa.
El resultado no esperado fue la división o fragmentación de estas grandes organizaciones en bandas y grupos criminales de menor tamaño carentes de capacidad operativa para seguir compitiendo en el negocio del tráfico de drogas. Muchas de ellas, “dada su experiencia en los negocios ilícitos y su alta capacidad para ejercer violencia, están incursionando en otras actividades ilegales” como la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas, el narcomenudeo y el robo de automóviles y bancos (Guerrero, E., 2011).
“A la fragmentación de organizaciones criminales ha seguido un proceso de dispersión —y consecuente expansión— geográfica de la violencia, lo que implica nuevos desafíos para contenerla o disminuirla”. “En todas las localidades —concluía Guerrero, E.— en las que la delincuencia organizada ha encontrado condiciones propicias para asentarse(zonas urbanas con gobiernos locales débiles, redes de crimen menor y zonas de cultivos ilícitos), y en los que ya no hay predominio de un solo cártel, las organizaciones pequeñas actualmente se están disputando el control de una gran variedad de negocios ilícitos”.
Como sabemos hoy, el impacto de este fenómeno fue devastador a nivel estatal y municipal, donde la presencia del Estado era endeble. La explosión repentina de los niveles de violencia criminal se impuso frente a un Estado incapaz de garantizar la seguridad de la población en amplias extensiones del territorio nacional.
La dificultad del Estado mexicano para articular en sus niveles sub nacionales, una respuesta similar en fuerza y capacidad de fuego, frente a la amenaza de organizaciones criminales más violentas, mejor armadas y adiestradas, se tradujo en una disputa abierta por el monopolio de la violencia.
Ante la debilidad de los aparatos del Estado de procesar la demanda de seguridad y justicia en el ámbito local, las instituciones fueron capturadas por las organizaciones criminales. La expresión más cruda de esta debilidad ha sido la profunda crisis de impunidad que vivimos, que a su vez genera incentivos para el surgimiento de nuevas bandas y pequeñas organizaciones cada vez más violentas, que se diputan nuevos territorios ante una ciudadanía desamparada.
Este círculo vicioso entre violencia e impunidad ha condicionado el surgimiento de pequeños “Estados dentro del Estado”, que se han adueñado de la violencia y las rentas en territorios enteros. El resultado de este fenómeno ha sido la descomposición del tejido social y el deterioro de la cultura de la legalidad, junto con la pérdida de la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad del Estado.
El crecimiento del fenómeno delincuencial y de violencia local, lejos de ser solo un problema de seguridad pública, ha ido escalando hasta convertirse en un claro problema de seguridad nacional. La pregunta es ¿cómo reconstruir y fortalecer las capacidades del Estado mexicano para pacificar al país y garantizar la seguridad de las familias?
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