Puebla, 2ª con menos agentes de MP y 5ª en desconfianza en 2016: Inegi
Piden amonestación y hasta destitución a ministeriales que filtren material. Foto: EsImagen

Una reforma enviada al Congreso de Puebla plantea la amonestación, suspensión y hasta destitución de aquellos elementos de la Agencia Estatal de Investigación que filtren fotos, videos o cualquier material al que hayan tenido acceso en la función de su cargo.

La iniciativa, turnada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, pretende modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) para tipificar como falta grave la comisión de estos actos.

Las sanciones irán desde amonestaciones, a lo que al acumular tres se suspenderá al elemento sin goce de sueldo hasta por 90 días, hasta la remoción del cargo de manera permanente.

De igual forma, se definió que faltar injustificadamente a evaluaciones, ausentarse del trabajo por más de tres días, disponer de bienes asegurados para beneficio propio o de terceros, así como extravió de arma se definieron como faltas graves.

El proyecto de ley propone la creación de un organismo evaluador de los elementos adscritos a la FGE, así como la de un Código de Ética para el personal del órgano de justicia.

Nuevas agencias de investigación

Asimismo, se planea modificar la integración del órgano judicial, a lo que se dará paso a la apertura de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la de Delitos de Alta Incidencia, la de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares y la de Investigación de Delitos de Violencia de Género.

En tanto, la Fiscalía especializada en Derechos Humanos parará a ser la de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, mientras que la de Secuestro y Delitos de Alto Impacto se convertirá en la de Investigación de Secuestro y Extorsión.

Además, se instaurarán los órganos de Control y de Visitaduría, los cuales serán mecanismos autónomos que vigilarán las funciones de la FGE, y tendrán facultad de iniciar carpetas de investigación en caso de que los servidores incurran en un delito o en la parcialidad en el ejercicio de su cargo.

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