Con el fin de dar hasta 12 años de cárcel y una multa mayor a 130 mil pesos a quienes filtren y difundan imágenes, videos, audios, archivos e información que revictimice a víctimas de feminicidio, la diputada local Rocío García Olmedo propuso modificaciones al Código Penal de Puebla.
Y es que en su iniciativa se contempla realizar adiciones al artículo 421 BIS, para que se incluya como delito la “filtración de imágenes, audios, videos, archivos y/o información que incite la re victimización al que indebidamente de forma impresa”.
Además, contempla también que sea delito, por medo de las nuevas Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TICS), capturar, difundir, entregar, revelar, publicar, transmitir, exponer, remitir, distribuir, video o grabar audio y video, “fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados a quien no tenga derecho con el procedimiento penal”.
Se castigará con multas y cárcel
A quienes cometan dichas infracciones, la iniciativa de la priista busca imponer prisión de tres a ocho años y multa de quinientos a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quienes cometan el delito.
Sin embargo, García Olmedo detalló que tratándose de que las imágenes y videos de los cuerpos de víctimas de homicidio, audio y archivo de las circunstancias de la muerte, lesiones o estado de salud de algún herido, las penas previstas anteriormente se incrementarán en una tercera parte.
Por lo que de esa manera, para quienes compartan fotografías o elementos visuales de cadáveres recibirán poco más de diez años de prisión, así como multas por un máximo de aproximadamente 115 mil pesos.
Castigos se elevan si son casos de feminicidios
Mientras que para los casos de víctimas de feminicidio, homicidios de mujeres, niñas o adolescentes, los castigos se elevarán hasta la mitad, por lo que quienes cometan el delito de filtrar imágenes o videos, así como información, entre otras, recibirían hasta 12 años de cárcel y una multa de más de 130 mil pesos.
La iniciativa de García Olmedo también considera el caso de que personal del servicio público estatal, o de la Procuración de Justicia, así como integrantes de alguna institución política, las penas serían las mismas que en el párrafo anterior.
“Además de las penas previstas en el párrafo anterior, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo, o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta”, concluye la reforma.
Los antecedentes
Cabe mencionar que hasta enero de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó únicamente inició siete carpetas de investigación por feminicidios, mientras que de acuerdo con Odesyr, en ese mes fueron nueve, 25 por ciento menos que en 2019.
Mientras que durante el año pasado, la FGE registró 60 casos en Puebla, aunque Odesyr reportó 84 presuntos feminicidios, 3.7 por ciento más que en 2018.
También se debe mencionar que durante la primera semana de febrero de 2020, se dio a conocer sobre un feminicidio en la Ciudad de México, el caso de Ingrid Escamilla, que causó indignación en redes sociales luego de muchos medios amarillistas publicaran fotografías de la escena del crimen, lo que atentó contra la dignidad de la víctima de violencia de género, así como a la de sus familiares.