Diversos estudios muestran que durante los últimos años Puebla se convirtió en una especie de paraíso de la delincuencia. En poco tiempo el estado pasó de ser una entidad relativamente pacífica, a presentar algunos de los mayores niveles de violencia y criminalidad a nivel nacional.

Un dato clave que explica este fenómeno es que Puebla es la tercera entidad con mayor captación neta de delincuentes, solo después de Sonora e Hidalgo. Es decir, que un porcentaje importante de los criminales que hoy operan en Puebla solía vivir en otra entidad federativa —sobre todo de la CDMX— y en cierto momento, decidieron trasladarse a nuestro estado para delinquir.

¿Qué fue lo que motivó esta especie de inmigración criminal a Puebla? Sin duda, el principal incentivo ha sido la ausencia de un Estado fuerte, capaz de garantizar la seguridad de su población y de aplicar la ley a quienes la infringen. En otros términos, en Puebla había —y sigue habiendo— condiciones para la comisión de delitos porque no se cuenta con instituciones de seguridad y justicia lo suficientemente fuertes y eficaces como para persuadir a la delincuencia de migrar a otro lugar.

De acuerdo con diversos estudios (Lantia Consultores), mientras que a nivel nacional la tasa de homicidios se disparó a partir del 2008, en Puebla el incremento fue moderado hasta 2014, fecha en que comenzó a crecer de manera acelerada, sobre todo en zonas urbanas. Lo mismo el robo de vehículos, que aumentó entre 2016 a 2017. En el caso de los secuestros, fue hasta 2018 cuando se registró un aumento importante en Puebla.

En todos los casos, estamos ante la presencia de redes criminales que operan en otras regiones del país, que decidieron iniciar operaciones en Puebla ante la evidente debilidad de las instituciones locales de seguridad y justicia.

Lo anterior, aderezado con un fenómeno conocido como enforcementswamping, que consiste en un aumento inicial de la incidencia de un delito, que no es inmediatamente compensado por un aumento en los recursos institucionales destinados a combatirlo. Lo que genera un aumento todavía mayor del delito ante el incentivo perverso de poder actuar con total impunidad en tanto la autoridad es capaz de organizar una reacción articulada.

Por años hemos presenciado y padecido un incremento sin precedentes de la violencia criminal al amparo de la impunidad derivada de esta debilidad institucional crónica. El Estado mexicano, en sus niveles sub nacionales, ha sido incapaz de articular una respuesta legítima, similar en fuerza y capacidad de fuego, frente a la acción de las organizaciones criminales.

Recordemos que la razón de ser del Estado es garantizar la seguridad. Ahí radica la esencia del contrato social original que cada ciudadano pactó al ceder el monopolio de la violencia legitima al Estado, a cambio de que éste garantizara su seguridad.

El Estado mexicano ha perdido ese monopolio a nivel federal, estatal y municipal. Hoy, diversas fuerzas criminales comparten el poder de la violencia, y Puebla no es la excepción.

La violencia ilegítima de grupos criminales compite con la violencia legítima del Estado, lo que amenaza con llevarnos al extremo hobbesiano del Estado fallido, en el que la inseguridad se generaliza y se desata una guerra de todos contra todos.

¿Qué tenemos que hacer para no caer en esta suerte de “estado de naturaleza”? En primer lugar, es imprescindible que el Estado recupere el monopolio de la violencia legítima en todo el territorio nacional. Para lograr lo anterior es necesario romper el círculo vicioso violencia-impunidad, lo que implica crear las condiciones necesarias para disuadir a la delincuencia a seguir usando la violencia como principal medio para operar.

Y eso solo es posible incrementando la capacidad operativa y de fuego de los aparatos de seguridad del Estado, así como las capacidades de procuración e impartición de justicia para que ningún crimen violento quede impune.

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