Aun cuando se asumen representantes de la Cuarta Transformación, da la impresión que algunos diputados locales que se cobijan en las siglas de Morena, PT, PES de la Coalición Juntos Haremos Historia, están sufriendo una transformación en sentido inverso al que prometieron al electorado cuando buscaban el cargo; sus acciones concretas en ejercicio de la representación popular que les fue conferida, los van acercando más hacia lo que los poblanos rechazamos en las urnas, que a aquello por lo que votamos. El genio parece habérseles agriado, la piel se les ha vuelto tersa, y aquellos temas para los que en condición de presuntos opositores, reclamaban libertad; ahora, sentados en el flamante cargo de “señores diputados y señoras diputadas” exigen un orden y respeto que se garantizan con el uso de la fuerza pública.
La transformación social que dicen encabezar en la entidad se enfila en dirección a la regresión, y las características que están imprimiendo a su desempeño en el Congreso los muestran más como parlanchines que parlamentarios. Evidencian que se hicieron opositores solo sobre la base de cultivar el espíritu de contradicción, y no porque tuvieran clara una alternativa para el saneamiento de la vida social en la entidad. ¿De qué corriente partidista surgió la impolítica y deplorable decisión de expulsar del edificio del Congreso a la compañera María Luisa Núñez Baroja de la sesión en que se nombró al Fiscal del Estado? La sesión era presidida por la diputada Josefina García Hernández.
Expulsar a una ciudadana del recinto donde se aloja la representación popular, es sencillamente una desfachatez política. Más grave es que la expulsión se haya efectuado contra la madre de un desaparecido que, con valor civil, señala al ahora fiscal de haberse negado a actuar, durante el tiempo en que fue encargado de despacho, contra bandas criminales diversas. Esas son las circunstancias de vida que le dieron fuerza de convicción para acudir al edificio del congreso a protestar en público por el nombramiento de aquél. Es el ejercicio cívico de una persona que expresa sus sentimientos frente a la inseguridad pública, y ante quienes, por su cargo público, están obligados a combatirla.
Si la votación de los “señores diputados y señoras diputadas” favoreció al flamante fiscal con 38 de 41 votos, y para la elección se descalificó a uno de los contendientes enarbolando un argumento previamente anunciado por la bancada blanquiazul; lo que orilló a María Luisa a referirse a los diputados de la coalición morenista como “agachones”, “levanta dedos”, “indignos de la cuarta transformación” y “afrenta para la ciudadanía”; es decir, mediante conceptos que, a su juicio, describen su actuación en el cargo; tales modismos lingüisticos en su discurso de protesta forman, para ella, su derecho constitucional a la libre expresión.
Como legisladores no pueden darse el lujo de olvidar que el artículo 6º. Constitucional dispone que: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Ninguna de las mencionadas frases queda comprendida dentro de las salvedades constitucionales. Por el contrario, aun cuando se dice que para su expulsión del recinto se aplicó un protocolo recién aprobado <<por el Congreso para atender manifestaciones>> (los diputados de Morena aún no cavilan si ese protocolo fue un gol o autogol); ese mecanismo no puede estar por encima de la Constitución pues, conforme a esta, nadie puede ser molestado en su persona sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Aquí la expulsión fue inmediata y con amenaza de uso de la fuerza pública. Ninguno de los señores diputados ni señoras diputadas se opuso; nadie protestó por la ilegalidad en el modo; ninguna ni ninguno la defendió por su condición de mujer. Al menos, quienes se hayan sentido aludidos por su descalificación, quedarán obligados a indicarle en qué se equivocó al haberles llamado así.
El Congreso local tiene el imperativo político de definirse auténtico representante de la ciudadanía y de la voluntad popular expresada en las urnas; por consecuencia tiene que rechazar en absoluto el uso de mecanismos autoritarios contra ciudadanos pacíficos que acuden a su recinto a protestar, legítimamente al estar en todo su derecho de hacerlo, por actos públicos que consideren indebidos. Los diputados del partido Morena, en especial, están obligados a demostrar con hechos fehacientes que conocen la situación social y los problemas profundos que aquejan a Puebla; y que saben por conciencia, formación y convicción política, hacia dónde debe encaminarse la acción pública para acceder a la verdadera transformación de la vida social para humanizar nuestra convivencia como seres pensantes. Por estas razones, el Congreso, y Morena en particular, están obligados política, legal y moralmente a ofrecer una disculpa pública en pleno, como ocurrió la ofensa, a María Luisa Núñez Baroja. Por este medio, como ciudadano de a pie, se las exijo.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 1 de marzo 2020
José Samuel Porras Rugerio
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