Colonos de la Romero Vargas acusan extorsión de ejidatarios
Colonos de la Romero Vargas acusan extorsión de ejidatarios. Foto: Ángulo 7

La Asociación Pro Regularización de Colonos de la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas acusaron que los comisionados ejidatarios han extorsionado a quienes pretenden instalar negocios, por lo que piden a la Federación que regularicen el tipo de suelo para evitar atropellos.

En rueda de prensa, señalaron que desde el 2015 padecen de extorsiones y abusos por parte de los representantes ejidatarios, quienes realizan cobros a comerciantes y empresarios de la zona de Zavaleta hacen uso comercial de la tierra agraria, esto, pese a que la razón de instalar comercios se debe a que al estar dentro de la mancha metropolitana del municipio de Puebla, los terrenos no pueden usarse más que para la siembra.

Quienes se oponen a dichos cobros han sido remitidos al Tribunal Unitario Agrario, desde el cual son demandados para restituir la tierra a su uso original, perdiendo así los derechos sobre la misma; mencionaron que hasta el momento hay más de 44 demandas contra quienes se han negado a pagar.

Y es que acusaron que el Tribunal sirva para fortalecer los cobros exorbitante, pues desde en 2017 el Tribunal era comandado por Juan Cortes Martínez, a quien acusaron de también ser ejidatario y estar coludido con la familia Vera Báez, quienes desde 1994 llegaron a la presidencia y establecieron un cacicazgo por casi tres décadas, hasta que Vicente Portillo Castillo arribó como líder.

Los colonos tuvieron que denunciar las prácticas de dicho órgano ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de la Función Pública, la Comisión de Reforma Agraria del Senado y el Tribunal Superior Agrario, logrando que, en 2017, este último cambiara a dicho magistrado a otra cede del país.

Conflicto de intereses entre ejidatarios

Hartos de estos cobros, los ejidatarios decidieron apoyar la candidatura de Portillo Castillo contra la familia Vera Báez, “bajo la condición de que una vez en la representación íbamos a tratar el asunto de regularización”; no obstante, comentaron que el representante se “desvió del camino”, tomando el rumbo de sus antecesores.

Esto ocurre cuando el pasado domingo allegados del actual comisionario acusaron a los Vera Báez de daño patrimonial, cacicazgo, violencia y tráfico de influencias, ante lo cual, los colonos señalaron que se trata solamente de una lucha por el poder, ya que ellos realizan las mismas acciones.

Por ello, señalaron que el actual comisionado no tiene facultades de ejercer plenamente sus funciones, pues, pese a haber quedado, los Vera Báez iniciaron en 2017 un juicio de impugnación en contra de la elección, por lo que, en lo que se resolvía el caso, el Magistrado del Tribunal 37 determinó como “medidas precautorias” que Portillo Castillo no puede convocar a asambleas, lo cual tampoco le permitiría otorgar minutas ejidales ni realizar cobros.

No obstante, el comisionado sigue “extorsionando” con el uso de suelo, expidiendo incluso minutas que varían de los 50 mil a los 500 mil pesos por no llevar a quienes construyen con fin comercial a los tribunales agrarios.

Regularización de predios, vía para acabar con la extorsión

Para evitar que sigan los cobros por el tipo de suelo, los colonos han peleado por que la Federación regularice los ejidos y cambie su función, esto, ya que el gobierno estatal no cuenta con las facultades para dicho cambio, aunque destacaron que del gobernador Miguel Barbosa Huerta debe partir la voluntad política para abrir el dialogo.

“Ellos no pueden coordinar la regularización, pero sí pueden establecer los mecanismos de coordinación política tanto con el gobierno estatal, federal y municipal, para que se atienda este asunto”, comentó.

Destacaron que el comisariado es el menos interesado en regular las tierras, pues esto implicaría anular los cobros por el uso, mismos que, señalaron, “son una fuente de ingresos que no se declaran, que nadie regula, y que ellos siguen manipulando”.

Y es que los predios carecen de certeza jurídica ya que fueron comprados de “buena fe” a través de minutas que carecen de validez oficial, pese a que pagaron entre 50 y 80 mil pesos de manera directa a las entonces autoridades agrarias.