Las aristas susceptibles de examinar para la designación del Fiscal del estado pueden ser muchas, sin embargo, frente a una realidad social cotidiana donde la violencia criminal se ha deshumanizado, la actuación de los órganos estatales que intervienen en aquella debe guiarse con visión de Estado; no se trata de un simple palomeo, sino de tener memoria social histórica para recordar de dónde venimos y saber, en conciencia, hacia dónde queremos avanzar como sociedad. Mantener la memoria histórica, diría Diego Valadés (Constitución y política, UNAM, 1994), “no como un programa permanente de recriminaciones pretéritas, sino como un punto de referencia que permita apreciar y evaluar la ruta y el ritmo adoptados”.

Un rumor social sostenido ha adquirido casi condición de premonición: el actual encargado, Gilberto Higuera, será el elegido como algo sabido de antemano; con ello la actuación del Congreso para convocar aspirantes y elegir una terna de presuntos finalistas habría sido una mera pantomima para cubrir requisitos normativos. De resultar ciertas tales artes adivinatorias, estaremos en presencia de un tropezón político de imprevisibles y desagradables consecuencias para el quinquenio. Lo impensable estaría a punto de presentarse: que una fracción gobernante de la Cuarta Transformación coincida con la “tercera”, en contravención a la voluntad del electorado poblano que apostó por un cambio de clase política y formas de gobernar.

El pasado reciente de cientos de personas perseguidas, procesadas o presas por motivos políticos, que alcanzó grado de método de gobierno, parece perdido en la bruma de las rencillas políticas; los actuales diputados, quizá, hayan olvidado las formas legislativas con que fueron relegados siendo ya electos, para posibilitar que fuera el anterior fiscal, y no ellos, quien designara a su sucesor. Si Carrancá, el más abusivo e ignorante de los procuradores habidos en Puebla, guardaespaldas de la corrupción, la delincuencia y la impunidad; eligió como sucesor al actual encargado, poderosos motivos habrá tenido. El que salta a la vista, sin mayor análisis, es que comparten visión del ejercicio del poder público, concepción de país, filias políticas y poseen una ideología común.

Un fenómeno poco analizado atendiendo a sus repercusiones sociales, es el hecho de que las fuerzas políticas que resultaron derrotadas en las urnas, rechazadas por la población; aun cuando se ven obligadas a dejar la titularidad del poder ejecutivo y son desplazadas mayoritariamente del legislativo, mantienen íntegramente la posesión y manejo del poder judicial con todo lo que ello implica pues, objetivamente, resulta que después de haber sido echadas de gobierno y legislatura esas fuerzas políticas, por paradójico que parezca, conservan para sí la trascendente función estatal de impartir justicia a esa misma población. Dotada de autonomía la fiscalía forma parte de la triada, con defensoría pública y poder judicial, que se ha encargado de la aplicación del sistema penal acusatorio y la construcción de la puerta giratoria que lució siempre bien engrasada para los delincuentes y se atoró, invariablemente, tratándose de inocentes.

La procuración de justicia no puede seguirse viendo bajo los cánones con que lo hicieron las administraciones anteriores cuyos resultados quedaron a la vista de todos y, probablemente, hayan sido una de las causas del rechazo social mostrado electoralmente hacia ellas. Por tratarse de un cargo público de vital importancia para adecuar el comportamiento social a la norma, y porque la designación del titular compete a un órgano del Estado, han aparecido las posturas partidistas que buscan obtener, para alguno de los suyos, la titularidad del mismo. La visión partidista, de obligada presencia en el sistema político vigente, suele priorizar el interés de grupo por encima de lo que, necesariamente, debe poseer una visión social; es decir, opta por el egoísmo del beneficio para una facción o grupo social y relega la necesidad social existente en materia de investigación y persecución de los delitos que están afectando, por completo, a la clase social mayoritaria. Las élites económicas, a pesar de concentrar la riqueza, no padecen el fenómeno. El aval empresarial lo acredita.

De las posturas partidistas que se manejan públicamente destacan, la del PAN que afirma proponerse verificar si los aspirantes cumplen con la obligación de estar inscritos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública “pues de lo contrario no podrían instalarse al frente de la FGE”; postura simple que busca descarrilar al candidato que no ha sido fiscal encargado ni agente del ministerio público, como los otros dos. Y la de Morena que, indica, se dirigirá a indagar la “agenda” que los aspirantes desarrollarán, sus propuestas para sanear la Fiscalía y prestar atención a víctimas del delito; es decir, centrar la atención en la perspectiva que el individuo pueda tener de la problemática por enfrentar. El historial profesional de los candidatos tiene que ser evaluado más, como actitud de vida en el ejercicio de la abogacía y el servicio público frente a la sociedad y sus problemas, que estrictamente como un currículo donde el interesado asienta lo que desea resaltar. Privilegiar las aptitudes del individuo en tanto expresión de sus capacidades laborales y experiencia, conduce a olvidar que los que ahora se ofrecen como “expertos” funcionarios, también contribuyeron a generar el desastre social que enfrenta nuestra sociedad.

Ninguno de los candidatos ha expuesto en la tribuna del Congreso cuáles son, a su juicio, las causas sociales profundas de la delincuencia de todo tipo que azota a nuestra entidad; y su propuesta, en consecuencia, de las medidas que tomarían al frente de la institución para combatirla en caso de llegar al cargo. Las propuestas de “más personal”, “agencias en el interior del estado”, “capacitación del personal”, “agencias especializadas”, “mejores salarios”, etc., a estas alturas y en la situación delincuencial concreta que se padece, serían lugares comunes que harían indistinguibles a los candidatos y es mecanismo que busca suplir la falta de diagnóstico adecuado que permita saber hacia dónde encaminar socialmente los esfuerzos institucionales de la Fiscalía.

Este país tiene un proyecto de nación definido en la Constitución de la República. Puebla debe aportar la parte que le corresponde. La fiscalía debe ser instrumento de Estado que se dedique profesional, científica, y técnicamente a su tarea constitucional de investigar y perseguir los delitos como vía para lograr una sana convivencia social; debe dejarse atrás la concepción partidista que la convirtió en garrote político, instrumento de venganzas y espacio donde se decidía por indicaciones del poder, a quién se acusaba y a quién no al margen de la ley. Dar sentido social al trabajo de la Fiscalía, no requiere de un fiscal prestado. Nadie puede saber, a futuro, qué costo político y social podría tener el préstamo.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 24 de febrero 2020.
José Samuel Porras Rugerio

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