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Transa en recuperación de vehículos y Tehuacán sigue sin pies ni cabeza

La 4T de Puebla cobija a ex colaboradores de EPN y Emilio Gamboa

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que ya hace unos días le había anticipado que empresas vinculadas a ex funcionarios y colaboradores de Enrique Peña Nieto estaban siendo beneficiadas en Puebla en el gobierno de la Cuarta Transformación.

Ahora le puedo anticipar que la administración estatal estudia la manera de favorecer a empresas y empresarios recomendados de quien fuera el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, cuando esa Cámara del Congreso de la Unión era presidida por el hoy gobernador del estado.

Factor clave de estos acuerdos es la actual secretaria de Administración del estado, Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo, quien conoció y tuvo un trato muy cercano con el coordinador de los senadores del PRI y con el coordinador de los senadores del PRD, presidente del Instituto Belisario Domínguez y presidente de la Cámara Alta durante el tercer año de la LXII Legislatura.

Rosa Urtuzuástegui fue en esos años la titular de la Coordinación de Consultoría Jurídica Legislativa del Senado de la República.

Entre las compañías que podrían hacerse de un millonario contrato en la administración barbosista figura una del empresario priísta Ricardo Urzúa Rivera, quien también fue compañero en el Senado de la República de Emilio Gamboa y Luis Miguel Barbosa.

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Tehuacán, una crisis política, social y económica que nadie resuelve

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que más de tres meses han pasado ya desde que Felipe Patjane Martínez fue encarcelado por presuntos actos de corrupción y Tehuacán sigue sin presidente municipal en funciones, lo que obliga a suponer dos escenarios, que el gobierno de Luis Miguel Barbosa no ha tenido (ni tiene) una estrategia clara para resolver la crisis en ese ayuntamiento, o que, de plano, no está interesado en hacerlo, y de manera deliberada ha prolongado el problema al pensar que su representante en aquella tierra, Alejandro Guerrero Martínez, un extraño en todo el sentido de la palabra, es suficiente para conducir los destinos de la segunda ciudad más importante de Puebla.

La reflexión viene a cuento por el sorpresivo anuncio que ha hecho este lunes la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, Vianey García Romero, quien adelanta en las páginas de EL SOL DE PUEBLA la inminente realización de una auditoría preventiva en el gobierno municipal de Tehuacán, a la cuenta de Patjane, con el objeto de, agárrese, así lo dijo, recabar elementos de prueba que permitan a los legisladores comenzar, sí, ¡apenas comenzar!, el proceso legal para la designación de un nuevo edil.

¿Qué dijo la diputada?

¿Apenas buscan elementos de prueba contra el presidente municipal, emanado de Morena, por cierto, cuando está en prisión desde el 19 de noviembre de 2019, hace más de tres meses, por haberse robado el dinero del pueblo, como afirmó el gobernador Barbosa en una jornada ciudadana que celebró en Tehuacán el 30 de diciembre de ese año?

Parece que sí.

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Son “empresas fantasmas” la mitad de los despachos que quieren ser auditores externos

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que como una muestra de la corrupción que ha existido en el sistema de fiscalización de recursos públicos en Puebla, resulta que la mitad de los despachos que se anotaron para obtener el registro como auditores externos de ayuntamientos y dependencias oficiales se tiene la sospecha de que son “empresas fantasmas”, que únicamente se dedican a rentar los nombres y las firmas de las compañías a los sujetos obligados de rendir cuentas.

Lo que más sorprende es que los organismos colegiados de contadores públicos, en lugar de combatir ese vicio, estarían abogando a favor de las empresas ilegales que se apuntaron para auditar el ejercicio 2020 de los presupuestos públicos.

El Congreso del estado emitió una convocatoria para los despachos contables que aspiran a fungir como auditores externos de los sujetos obligados a rendir cuentas del ejercicio de recursos públicos, es decir ayuntamientos, organismos operadores de agua potable, dependencias del Poder Ejecutivo y organismos descentralizados. Como resultado de ese llamado se anotaron 115 empresas.

Todos los despachos que solicitaron su participación tienen por lo menos, como experiencia, uno o dos ejercicios de fiscalización.

Al inicio del proceso se cometió el error de que la convocatoria estableció los mismos requisitos que en ocasiones anteriores.

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El intocable Grupo RV

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que al interior de la Secretaría de Seguridad Pública continúan las uñas largas, lo que sin duda explica que la lucha contra la delincuencia es una pantalla.

En la 4T que bien podría significar “La Cuarta Transa”, ahora se ha detectado el grupo denominado RV o Recuperación de Vehículos.

Ya existe una queja administrativa presentada al gobernador y a la responsable de la Secretaría de la Función Pública, Laura Olivia Villaseñor.

La denuncia –en poder de Al Portador- exhibe que además de la discriminación, hostigamiento y malos tratos a los policías, hay que sumar la transa del grupo RV.

Existe un modus operandi en el proceso de recuperación de vehículos, particularmente tractocamiones. Puebla es uno de los estados más inseguros en robos carreteros.

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Distintos, los ajustes de cuentas en la 4T

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, señala que cada vez resulta más evidente el hecho de que, el presidente López Obrador, selló en su momento un pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto y su círculo más íntimo.

Que las “figuras” del sexenio pasado que hasta el momento han sido perseguidos legalmente, son los primeros de una lista de “prescindibles”, que se diseñó y negoció en el período de transición de poderes y en donde están ausentes, además del propio ex presidente, personajes como Luis Videgaray, José Antonio Meade y Aurelio Nuño.

A ellos, pareciera que jamás los alcanzará el brazo justiciero de la 4T.

Esta supuesta cruzada contra la corrupción, por su parcialidad, se parece espantosamente a los ajustes de cuentas entre grupos de mafiosos.

Y es que, la prisa con la que, por lo menos en el discurso, AMLO ha exonerado de facto a Peña, supondría que como jefe del ejecutivo federal, no estaba enterado de lo que hacían sus subordinados.

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