Cartas a Gracia

Les dieron hasta con la cubeta Gracia; pero, como tú bien señalas, las redes sociales dan voz al magisterio y en ellas expone sus razones, sin importar que contravengan a las versiones oficiales. Tras el desenlace fatal de Fátima -la niña cruelmente asesinada- las autoridades de la CDMX, el representante de los servicios educativos en la misma entidad, padres y madres de familia, la fiscalía local y un sinnúmero de medios de comunicación, buscaron culpables y tras un juicio sumario, los encontrarían en el personal directivo y docente de la escuela Enrique C. Rébsamen, al determinar en 5 palabras que la escuela «no cumplía con los protocolos». Desafortunadamente, Luis Humberto Fernández Fuentes, quien se desempeña oficiosamente como la autoridad educativa federal en la Ciudad de México -sin antecedentes que demuestren que en alguna ocasión laborase como docente frente a grupo-, habría iniciado el linchamiento mediático (al que se sumarían manifestaciones públicas frente a la escuela) exigiendo que el director del plantel escolar fuera separado de su encargo, mediante el garlito de permitir las investigaciones que demostraran el cumplimiento o el incumplimiento del protocolo para la entrega de alumnos; aunque, en declaraciones posteriores, Luis Humberto manifestara no emitiría juico alguno sobre y solo a favor de la investigación administrativa.

El encabezado de la Revista Expansión que me envías -lo mismo que otras publicaciones- sintetizarían un pliego de culpas iniciado para responsabilizar a las y los docentes (https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/02/17/la-sep-investiga-posible-negligencia-en-la-escuela-de-fatima-cecilia), quienes confirmarían parcialmente lo aseverado por el patrón: «Luis Humberto Fernández aseguró que existen protocolos para la entrega de menores al salir de la escuela en la capital del país» (shorturl.at/aglAN). Se refería Gracia a la Guía Operativa para Escuelas Públicas que -casualmente- sería republicada hace 5 días (19 de febrero) en el Blog de esa dependencia y que, producto de la administración de Peña Nieto, regiría las actividades del ciclo escolar 2018-2019 (publicada originalmente el 13 de agosto del 2018), con el San Benito de referirse en primer instancia en el numeral 42 a la «Entrega de alumnos de Centros de Atención y Jardines de Niños) y que, por la importancia que reviste, rescato literalmente: «En planteles educativos de Educación Inicial y Preescolar, el personal docente, educadoras o asistentes que no estén de guardia deberán permanecer en las aulas para la recepción de los niños. Para la entrega del alumno, el personal responsable solicitará la credencial correspondiente de las personas autorizadas para tal efecto. Por ningún motivo se entregarán los infantes a personas menores de edad, así como a padres, madres de familia o tutores y /o familiares en estado inconveniente (alcoholizados, drogados, etc.)».

El segundo parágrafo del numeral de referencia establece que: «En la primera reunión con padres, madres de familia o tutores […]», del alumnado que asiste a preescolares y equivalentes y primaria, «se informará que deberán respetar el horario de entrega de los alumnos de acuerdo con el horario del servicio educativo aun y cuando no coincida con la constancia de trabajo del padre, madre de familia o tutor». La Guía Operativa establece un máximo de 20 minutos de tolerancia y los procedimientos para que el director de cada plantel traslade a las y los menores a «la agencia 59» -supongo que del ministerio público-, aludiendo a la entonces vigente Ley General de Educación y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Tras los desaciertos originados por el secuestro y asesinato de Fátima, la imputación oficiosa por la posible inobservancia de los protocolos escolares y el reconocimiento de «una cadena de incumplimientos» en los que habrían incurrido funcionarios públicos según señalara la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, -entre los que se encontraría el responsable de la actualización de la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos en la Ciudad de México-, funcionarios de la Fiscalía de la CDMX encargados de publicar la ficha Ámber y de la búsqueda de la menor y previo a la exculpación del personal docente y administrativo del plantel escolar cuestionado, habría tenido lugar un enfrentamiento en redes sociales entre quienes responsabilizaban al personal docente y, mentoras y mentores que hacían notar la irresponsabilidad en la que incurren infinidad de padres y madres de familia que ignoran sus compromisos y los delegan en los docentes por la vía de los hechos.

Sin embargo, a pesar de dimes y diretes, de excusas y señalamientos, muchas de las y los docentes que expresarían su opinión en los medios a su alcance, suenan razonables y no dejarían de ser compartidos aun por quienes lanzaran la primera piedra, sin reconocer las culpas propias «zapatero a tus zapatos». Máxima que incluiría en el ámbito escolar a los funcionarios responsables de emitir las políticas públicas, a las Diputada(o)s responsables de asignar el presupuesto requerido para crear una nueva normalidad mínima escolar que permitiera contar en las escuelas públicas, además del personal asignado, con el apoyo médico, psicológico, de trabajo social y de seguridad pública; incluida la emisión de las credenciales de identificación que la Guía citada hace notar, son obligatorias y dejara a quienes son responsables de transmitir el conocimiento y de reforzar los valores adquiridos en casa, cumplir con su responsabilidad. No estarían exentos madres, padres de familia, tutores y medios de comunicación, del compromiso de educar y generar las mejores condiciones para que, quienes en las declaraciones constituyen «el interés superior de la nación», lo sean en la práctica cotidiana. Es en el presupuesto donde la «puerca tuerce el rabo» y nos recuerda que «obras son amores y no buenas razones».

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