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Marcha contra Norma Layón y bajo la lupa nombramiento de ombudsman poblano

Malas noticias para el Congreso

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que el abogado Lucio Ramírez Luna que buscó ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla ya logró que el Juzgado Segundo de Distrito revise si fue legal el procedimiento para el nombramiento de José Félix Cerezo Vélez como ombdusman.

Y lo consiguió luego de dos amparos —uno por violaciones al proceso y otro el 350/2019 contra la designación en sí— y un recurso de revisión ante el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en contra del referido Juzgado federal que había desechado ambos juicios.

Como consecuencia de lo anterior el Juez Segundo de Distrito tendrá que entrar al fondo del asunto y resolver si el Congreso del estado se apegó a la legalidad en el cuestionando nombramiento de José Félix Cerezo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

***

Por cierto.

El mismo abogado, Lucio Ramírez, también promovió un amparo contra el Poder Legislativo que a finales de 2019 aprobó el reemplacamiento del parque vehicular de Puebla, solicitando la suspensión del artículo 29 de la Ley de Ingresos del estado.

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¿Renovación o continuidad en la presidencia del TSJ?


Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, señala que una inusual sesión de los 25 integrantes del pleno del Poder Judicial del Estado, celebrada el pasado jueves en el centro de la ciudad, levantó diversas teorías y especulaciones en torno al futuro de Héctor Sánchez Sánchez como presidente del Tribunal Superior de Justicia.

La reunión no fue inusual porque se hubiese llevado a cabo, sino porque se realizó en la antigua sede de ese Poder, ubicada en el número 9 de la calle 5 Oriente, deshabilitado por sugerencia de las autoridades de Protección Civil después de los sismos de septiembre de 2017.

El cónclave, sin embargo, llamó la atención de los trabajadores del Tribunal y de abogados externos, quienes estaban acostumbrados a ver la ratificación o el relevo del presidente en funciones en febrero de cada año.

Las apuestas del respetable se cruzaron.

Unos apostaron por la continuidad de Sánchez Sánchez y otros por su remoción.

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Lucro e ignorancia exhibe Manzanilla con su #LeyEscamilla

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que ayer, en éste espacio cuestionábamos la buena fe de Fernando Manzanilla en torno a su videocolumna donde anunció una iniciativa para castigar hasta con 5 años de cárcel “a quienes difundan imágenes y videos relacionadas con los feminicidios y homicidios en particular la divulgación por parte de policías, peritos o funcionarios públicos”.

Hoy me encuentro en condiciones de señalarle que la propuesta del exsecretario General de Gobierno se trata de un lucro. En caso de aprobarse, la llamada #LeyEscamilla prácticamente sería un premio para los responsables, ya que actualmente en Puebla sí existe legislación en la materia pero exige una sanción carcelaria hasta por 10 años, es decir, el doble de lo que se solicitaría a nivel federal.

Es lamentable que los políticos insistan en “subirse” a los temas de moda para atraer los reflectores mediáticos y que utilicen temas tan sensibles como los feminicidios y la divulgación de las imágenes de las víctimas, para autopromocionarse.

En el Artículo 421 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Puebla se establece que: “Son delitos que afectan la Procuración y Administración de Justicia (…) Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una averiguación previa, carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la Ley o resolución de la autoridad judicial, sea información clasificada como reservada o confidencial”.

La ley es clara. Se sancionará a cualquier persona, incluidos los servidores públicos, que divulguen información, fotografías, videos, archivos o cualquier dato que ponga en riesgo la investigación. Además se dictará prisión de 3 a 10 años y se aplicarán multas de entre 42 mil y 168 mil pesos a la servidora o el servidor público que cometa el delito.

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Miles marchan hoy contra Layón para exigirle que enderece su gobierno


Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que tal como se había advertido, este día más de 30 organizaciones ciudadanas de San Martín Texmelucan realizarán una asamblea y una movilización, con alrededor de 5 mil participantes, con el propósito de llamar al orden a la presidente de ese municipio, Norma Layón Aarún. Entre las demandas, se encuentra la exigencia de que se aclare el destino de 29 millones de pesos, sobre los cuales existen la sospecha de desvíos de fondos púbicos.

Lo que llama la atención es que varias de las agrupaciones que participarán en esta jornada son las mismas que, en el proceso electoral de 2018, creyeron y apoyaron a Norma Layón para que ganara la elección local y se rompiera el bipartidismo del PAN y el PRI que había dominado en ese municipio. Pues aunque ya habían existido dos ediles surgidos del Panal y del PT, eran consecuencia de procesos controlados desde el tricolor y el morenovallismo.

Estas organizaciones de comerciantes, colegios de profesionistas y clubes sociales, se han integrado al Movimiento Poblano de la Cuarta Transformación. Por lo que a partir de hoy, se convierten en el principal contrapeso de la edil Norma Layón, que hasta ahora no enfrenta una oposición política importante, en mucho por la crisis que quejan al PRI y al PAN.

La empresaria Norma Layón hace un par de años logró colarse a la candidatura de Morena gracias a la intervención de Dolores Padierna, actual diputada federal morenista y ex senadora del PRD. Una vez que llegó al cargo, a los primeros que desconoció y se alejó fueron de las agrupaciones de comerciantes que son parte del grupo político de Padierna.

Por eso en la proclama que este día harán las agrupaciones le exigirán a Layón que se ajuste a los principios de Morena y del movimiento de la 4T, ya que su gobierno se encuentra sumido en la ilegalidad, la opacidad y la omisión de no atender las necesidades en servicios públicos y en no resolver el grave problema de la inseguridad.

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Feminicidios, el Ayotzinapa de AMLO


Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que por el impacto social del asesinato de la menor Fátima, sumado a la apabullante violencia de género, y la indolencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los feminicidios se han convertido en el Ayotzinapa de la 4T.

El lenguaje expresado por el mandatario sobre las causas de los feminicidios, lejos de explicar, confunde, desalienta y lo exhibe como aquel personaje que lucha contra sus molinos de viento.

El pueblo bueno tampoco le entiende. La pregunta más buscada en Google, en los últimos días, ha sido ¿qué es el neoliberalismo?

Cuando a un presidente le preocupan más las puertas y paredes de Palacio Nacional que la muerte de una mujer, bajo cualquier circunstancia, tenemos un grave problema Houston.

El fondo de la línea discursiva de López Obrador es correcto, porque tenemos una crisis social y de Estado, estructural, de repartición de la riqueza y oportunidades, pero es un tema que no se resuelve con una conferencia mañanera.

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RMV, Esparza y los feminicidios poblanos

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, señala que sucedió en octubre de 2016, durante el tercer informe del rector Alfonso Esparza.

El asesinato de mujeres estudiantes de la institución, era un tema de altísima prioridad y preocupación para la comunidad universitaria.

En los tres primeros años de su rectorado, habían sido asesinadas seis estudiantes de la Benemérita: Aracely Vázquez Barranco, Olga Nayeli Sosa Romero, Irais Sosa, Isarve Cano, María José Feliciano Romero y Tania Verónica Luna.

A esta última, la mataron 5 días antes del evento.

Un pronunciamiento público, en ese complicado contexto, se volvía más que necesario: urgente.

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AMLO: sí a la reelección de diputados y ediles de Morena

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, indica que no le faltan problemas a Morena para autogobernarse como partido en el poder, pero López Obrador ha decidido sumarles otro para que la jauría termine de desatarse: el presidente autorizó a todos los cargos ir por la reelección en 2021. AMLO hizo de la necesidad, virtud, pues el cambio de pichada obedece a la nueva realidad electoral ahora que su partido comienza a perder apoyos.

Diputados federales, diputados locales y alcaldes podrán ir por la reelección. Ya les levantaron la prohibición que el mismo López Obrador puso durante la borrachera electoral de 2018, cuando en la primera reunión les dijo que no apoyaría la reelección como una forma de hacer circular las élites y formar nuevos cuadros, clase política.

Nadie se va a reelegir, dijo en 2018.

Todos pueden reelegirse, cambió de opinión en 2020.

Esto significa que todos los diputados federales, los que ganaron en el tsunami de 2018 —incluidos Fernando Manzanilla y Nay Salvatori— podrán reelegirse. Así como lo leen.

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