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Quieren bien vigilada a la BUAP y ya hay terna para elegir al nuevo fiscal

El cha cha cha de Melitón en La Habana

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que durante un par de días he recibido en mi correo textos de quien en Facebook se identifica como Jenifer Oli Martinez (así, sin acentos), en los cuales se da cuenta de problemas y deficiencias administrativas y operativas en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado y de pormenores del viaje del titular de la dependencia, Melitón Lozano Pérez, a la Habana, Cuba.

La verdad es que la información la crucé con un par de fuentes, que me corroboraron que efectivamente el secretario de Educación hizo el periplo a la isla caribeña acompañado de algunos supervisores y dirigentes de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Una de las fuentes me dijo que lo publicado por Jenifer era cierto: que la subsecretaria de Educación Superior, América Rosas Tapia, había organizado una especie de vaquita entre los supervisores para financiar el viaje de Melitón Lozano a Cuba.

“… varios supervisores se dieron a la tarea de conseguir apoyos de las Universidades Particulares que tienen asignadas. Todo salió a la perfección, el mismo Jaime García Roque se pavoneó por haber intervenido y apoyado a la Subsecretaria (América Rosas)… entre los supervisores que le entraron con su chivo están: María Eugenia de la Calleja Méndez de la Zona 020, que le encanta clavarle el diente a Gabriel Reyes Cardoso, pues paga bien; Janeth López Rojas, de la zona 012 amante de Jaime García Roque; y el corruptísimo Moisés Torres Lechuga, de la zona 011 que es famoso por sus transas con las Universidades de los (López) Chargoy.

El otro informante puso en duda que la subsecretaria de Educación Superior tenga posibilidades de suceder a Melitón Lozano en la SEP, pero confirmó que como parte de la comitiva poblana también hizo el viaje el secretario de Trabajo y Conflictos de Educación Superior de la Sección 51 del SNTE, Héctor Santaella Sosa.

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La hora de la verdad en el transporte

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que la Secretaría de Movilidad y Transporte tiene en sus manos la oportunidad histórica de poner fin a más de 60 años de burlas y chantajes cometidos por los concesionarios que siempre se han victimizado y han pretextado que no es rentable el negocio del traslado de pasajeros aunque nunca han querido cambiar de giro.

En el reportaje histórico que presentamos éste día, vemos cómo una nota periodística de mayo de 1963 es tan vigente como ahora, vaya un reportero actual la puede transcribir y ponerle a Guillermo Aréchiga como el declarante y nadie notaría que se trata de un discurso que se pronunció hace casi 57 años. El encabezado no tiene pierde: “Retirarán los ataúdes rodantes de circulación”.

En la investigación hemerográfica que hizo nuestro reportero gráfico Christopher Damián, se encontró que la autoridad en ese año encabezada por Fausto M. Ortega, cedió al chantaje de los transportistas y dio una prórroga de 40 días para la modernización de las unidades.

El resultado lo conocemos, jamás se cumplieron esos acuerdos.

Históricamente, los aumentos al precio del pasaje se han dado con el pretexto o con la promesa de que los permisionarios y concesionarios mejorarán el servicio y las unidades pero nunca se han cumplido con los compromisos.

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Un exreo podría ser el nuevo titular de Seguridad Pública de Texmelucan

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que parece que en San Martín Texmelucan se encuentra bajo la maldición que reza: cuando se cree que ya se tocó fondo en los problemas públicos, aparece algo peor. Lo ocurrido esta semana constata esa condición, ya que cuando apenas se conocía que el principal jefe policiaco del municipio fue detenido por estar acusado de secuestro, ha trascendido que el cargo de titular de Seguridad Pública podría recaer en un personaje que estuvo preso 11 años por un homicidio.

El lunes pasado la opinión pública de ese municipio se estremeció por la noticia de que Luis Francisco Bustamante Flores, entonces secretario de Seguridad Pública, era detenido por el delito de secuestro y que antes de ocupar esa responsabilidad ya era investigado por dicho ilícito. Muchos supusieron que esa ya era la situación más extrema a la que podía llegar con el gobierno de la edil Norma Layón Aarún, surgida de las filas de Morena. Quienes tuvieron esa idea se equivocaron.

Tres días han bastado para que el panorama en San Martín Texmelucan se torne todavía más obscuro, pues ha trascendido que se estudia la posibilidad de nombrar a Gaspar Guerrero Pérez como nuevo titular de Seguridad Pública, pese a que ya purgó una pena de 11 años por la muerte de un policía municipal.

Lo grave es que se dice que Gaspar Guerrero fue colaborador de Luis Francisco Bustamante, el jefe policiaco que cayó por estar bajo sospecha de haber privado ilegalmente de su libertad a 4 personas.

El problema de fondo es la actitud autoritaria y errática de la edil Norma Layón, quien ya es vista como la peor presidente municipal que ha tenido San Martín Texmelucan en las últimas décadas.

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Por el control de la BUAP

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que las cartas ya están echadas en la relación entre la BUAP y el nuevo gobierno de Morena en Puebla.

Desde el Congreso del Estado se realizarán reformas legales para la conformación de un órgano de control externo a la máxima casa de estudios.

Ya lo confirmó el gobernador Luis Miguel Barbosa a La Jornada de Oriente y expuso sus razones basadas en transparencia y rendición de cuentas.

En diversas entidades federativas, con mayoría de Morena, se ha utilizado a los Congresos locales de Baja California y Sinaloa para modificar las legislaciones universitarias.

En Tabasco, ya se aplica lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó: la auditoría externa a todas las instituciones públicas.

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Seguridad infiltrada

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, señala ique la detención del director de seguridad pública de San Martín Texmelucan, acusado de la comisión de varios secuestros, es otra muestra más del nivel de infiltración de los cuerpos policiacos por parte de grupos delincuenciales.

Ni las pruebas de confianza, ni la supuesta revisión de perfiles y currículums, han servido para evitar que, quienes en teoría deben de cuidarnos, se conviertan en los hechos en nuestros peores enemigos.

La alianza perversa, la criminal sociedad, históricamente ha sido para algunos un muy jugoso negocio, pero para la enorme mayoría, ha dejado como saldo: violencia, sangre, muerte, miedo y desesperación.

Como nunca se encuentra dado el tejido social poblano.

El deterioro no es nuevo, lleva años; pero en tiempos recientes se ha acelerado a un ritmo preocupante.

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La terna para fiscal es el mensaje para el Congreso

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, indica que tal como lo advertimos oportunamente en este espacio hace tres semanas, Gilberto Higuera Bernal se perfila para mantenerse al frente de la Fiscalía General de Estado (FGE), ya no como encargado de despacho, sino como un nombramiento por siete años hasta 2027 en calidad de titular del órgano persecutor de delitos.

Lo que era una posibilidad se acerca a la realidad tras conocerse a los integrantes de la terna avalada por el gobernador Luis Miguel Barbosa que este día se hará oficial en el Congreso, pues además del actual fiscal encargado de despacho, también fueron considerados Guadalupe González Vargas y Maricela Pichón Acevedo de la lista de trece aspirantes palomeados por el Congreso.

¿Quiénes son los otros dos integrantes de la terna?

Guadalupe González Vargas, académico y secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región del Poder Judicial de la Federación. No se conocen otros antecedentes de este personaje.

Maricela Pichón Acevedo, ex directora de Averiguaciones Previas y Control de Proceso de la zona Sur y activista de la Red Plural de Mujeres del Estado de Puebla; presume una experiencia de 30 años en el Poder Judicial poblano y también forma parte de Poblanas Unidas AC.

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