La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Si no es Chana en Juana. Invocando a su derecho electoral, Tatiana Clouthier se autodestapó como precandidata a una gubernatura. Pero para no fallarle, explicó que podría ser la de Nuevo León en 2021 o la de Sinaloa en 2023, ya que la legislación la respalda. No es sorpresa, se esperaba. Lo que llama la atención es su doblete imaginario. ¿Legalmente se puede? En la lógica de la legisladora, sí. Argumenta que nació en Sinaloa, pero desde sus 18 años vive en Nuevo León. Al menos no incluyó en la lista a Guerrero porque alguna vez vacacionó en Acapulco, pero bueno. ¿Se habrá puesto a reflexionar cómo recibirán los sinaloenses a una candidata que ha vivido 37 años en Nuevo León? ¿O qué dirán los neoleoneses? Por lo pronto, parece disparatado. Salvo en la mente de la aún diputada federal.

2. El peor escenario. Cada crimen en México, sobre todo de mujeres, causa más azoro en la sociedad que el anterior. El feminicidio de Ingrid Escamilla, no obstante, da una sacudida a la sociedad entera. Nadie puede ocultar el horror de los detalles. Y todo lo que ha venido después: filtración de materiales inadecuados, revictimización y morbo. Lejos de todo lo que este asesinato produce en cada uno, se debe tener el temple para afrontar la realidad. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina, exige la pena máxima al responsable y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, afirmó que habrá justicia para Ingrid y para todas las mujeres mexicanas. Por lo pronto, ya van tras los responsables de filtrar fotos del cuerpo de Ingrid. Un tema para tratarse con pinzas, pero con todo rigor.

3. ¿Arte de magia? El Congreso hizo un llamado a la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer, y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para fortalecer los protocolos implementados en aeropuertos y puertos de México para detectar de manera oportuna casos de coronavirus y evitar el contagio y propagación. Los grupos parlamentarios solicitaron a las autoridades hacer públicos los protocolos de actuación para detectar los casos de coronavirus y a emitir información clara y oportuna sobre los síntomas y posibles formas de contagio, a fin de mantener informada a la población. Lo que ustedes pidan, señores diputados. Eso es lo que necesitaba el coronavirus para no llegar a México, su enérgico rechazo. Estamos salvados.

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El caso de los 2 mil millones de Gertz

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, señala que el cheque de 2 mil millones de pesos, con el que el fiscal Alejandro Gertz quiso congraciarse con el presidente López Obrador –después de sus desencuentros y confrontaciones con el gabinete por la Reforma Judicial– no fue en realidad producto de ningún decomiso o aseguramiento judicial, como lo anunció el titular de la FGR. Se trata sí de un dinero recuperado vía un expediente de corrupción en el pasado sexenio de Peña Nieto, pero para obtener esos recursos ni Gertz ni su equipo tuvieron que hacer grandes proezas en materia judicial o de investigación: bastó la amenaza de una indagatoria federal para que empresarios de origen judío, del sector inmobiliario, acudieran a la FGR a “devolver” 5 mil millones de pesos, de los que ya entregaron 2 mil millones.

El caso tiene que ver con una investigación abierta en el Infonavit en el sexenio peñista. Siendo director Alejandro Murat, por instrucciones de la Presidencia de la República, se otorgó al grupo Telra Realty, de los hermanos Rafael y Téofilo Zaga Tawil, un contrato millonario para manejar no solo las marcas registradas de Infonavit: Hogares con Valor, La Casa Infonavit, Tuya Infonavit y otras nueve marcas nuevas, sino también para desarrollar proyectos para remodelar y rehabilitar desarrollos urbanos e inmobiliarios abandonados del Infonavit en diferentes estados del país y construidos por distintos grupos inmobiliarios como Urbi, Geo, Homex y otros.

El contrato firmado el 2 de marzo de 2015, con presencia de Luis Videgaray, secretario de Hacienda; Alejandro Murat, director de Infonavit, y el secretario de Desarrollo Urbano y Territorial, Jorge Carlos Ramírez, otorgaba una mina de oro a los dos hermanos empresarios judíos, que tenían una cercana relación de amistad con el presidente Enrique Peña Nieto. Pero fuentes de primer nivel en el Infonavit aseguran que, más que los hermanos Zaga Tawil, que en realidad eran prestanombres, el verdadero beneficiario del multimillonario contrato era el empresario más poderoso del sector inmobiliario mexicano, el también judío Moisés “El-Mann”, director del exitoso fondo de Fibra Uno.

Los beneficios del contrato, tanto en la promoción y explotación de las marcas registradas del Infonavit como en la rehabilitación de unidades habitacionales abandonadas, se calculaba en más de 10 mil millones de pesos, sumado al contrato previo que habían recibido los hermanos Zaga Tawil para operar el programa de Movilidad Hipotecaria, en la que por cada vivienda que ayudaran a recuperar, cobrarían 10% del valor de la casa, pagaderos por el beneficiario o por el Infonavit: era un negocio redondo. Pero en mayo de 2015, Alejandro Murat renunció al Infonavit para irse como candidato del PRI al Gobierno de Oaxaca y a la llegada de David Penchyna al Instituto, el hidalguense fue informado de diversas irregularidades graves detectadas en los contratos otorgados a los Zaga Tawil y a través de ellos a Moisés “El-Mann”.

Ante los riesgos graves de incurrir en responsabilidades administrativas y hasta de violaciones de derechos humanos, Penchyna le pidió al Consejo de Administración del Infonavit su autorización para dar por terminados los contratos con Telra Realty, lo que le fue concedido el 25 de mayo de 2016. Y para “compensar” a los empresarios Zaga y a sus verdaderos socios los “El-Mann”, por la terminación anticipada de contratos, se acordó otorgarles un generoso pago del Infonavit por 5 mil millones de pesos, que les fueron entregados a los titulares del contrato.

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Pase de charola en Palacio Nacional

Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, indica que el presidente López Obrador pasará esta noche la charola en Palacio Nacional. Invitó a cenar a empresarios que tienen “dimensión social”. Les va a pedir que se comprometan a comprar y distribuir billetes de la fantasiosa rifa del avión presidencial, anunció en la mañanera.

Quiere comprometer a 100 de ellos a que compren, cada uno, 20 millones de pesos en billetes de la Lotería Nacional. Un sablazo, pues. La meta es juntar 2 mil millones de pesos para modernizar hospitales y que se atienda en forma gratuita a pacientes pobres.

Ese dinero se sumará a los mil millones de pesos que, se calcula, saldrán de la venta de 2 millones de “cachitos” que distribuirán los billeteros de la Lotería a 500 pesos cada uno.

El mero-mero de la 4T precisó que pedirá a los empresarios que adquieran los billetes, que los distribuyan a sus trabajadores y en sus centros comerciales.

* El propósito de utilizar esos recursos es para mejorar los desastrosos servicios de salud y las carencias que a diario vemos en los hospitales públicos. Eso no lo objetamos.

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Fuego (no tan) amigo

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, señala que al interior del primer equipo de la secretaria Olga Sánchez continúan las aguas agitadas.

No pasa un día en el que no se hable de cambios inminentes o jaloneos abiertos y soterrados.

Entre estos últimos, en el anonimato de las redes sociales, se desarrolla una campañita en contra de Jorge Alcocer Villanueva, titular de la Coordinación de Asesores de la secretaria.

Alcocer es un cuadro con experiencia de los que tanta falta hacen en Bucareli.

Lo que se dice en corto en los pasillos del Palacio de Cobián es que se trata de fuego amigo, disparado desde los sótanos de la misma dependencia.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que en la oficina de David Colmenares, titular de la ASF, esperan desde febrero del año pasado que Carlos Martínez, director del Infonavit, les devuelva la llamada para reagendar la cita pendiente en la que supuestamente, de manera voluntaria, propondría la manera de transparentar el manejo de sus recursos, luego de que ese instituto se amparó en 2018, cuando el director era David Penchyna, para evitar que se le revisara el dinero de la Cuenta Pública de 2017.

QUE mientras en San Lázaro ven cómo bajar el sueldo a consejeros, en el INE esperan que la Corte atienda las dos controversias que han presentado por los temas presupuestal y de salarios. Después de todo el ministro Alberto Pérez Dayán ya presentó un proyecto que concede la razón a la autoridad electoral, aunque sigue en la congeladora. Tal vez el recurso que proponen los diputados destrabe el asunto.

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