Sin la ola AMLO, el futuro es incierto para los candidatos de Morena
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que frente a un escenario político, donde las autoridades locales están mal evaluadas por la población en general, ¿el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador suma o resta electoralmente en la entidad?
Para tratar de responder esta interrogante me apoyaré en una encuesta de Consulta Mitofsky que evalúa mes con mes y día con día la aprobación y la desaprobación del presidente de la República a nivel nacional y en cada entidad federativa.
En última medición correspondiente al mes de enero López Obrador tuvo una aprobación promedio de 57.6%. Su aprobación máxima fue de 58.8% y la mínima de 56.5%.
Tabasco, Campeche, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala, son los estados en los que la aprobación del presidente es más alta. En su entidad natal, Tabasco, ésta llega al 85%.
Por el contrario, los estados donde su aprobación es más baja son Durango, Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León y Guanajuato. En este último estado es del 42%.
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¿Junta Especial Número Cinco, al servicio de la BUAP en juicios laborales?
La columna De boca e boca, publicada en Ángulo 7, señala que : Resulta que han cambiado a todos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, hasta el presidente, cargo que ahora ocupa Mario Arturo Daza Buendía, pero en la Junta Especial Número Cinco, continua Julia Muñiz Merino, lo cual resulta extraño, porque ahí se tienen todos los casos de demandas laborales contra la BUAP que encabeza Alfonso Esparza Ortiz.
Pareciera que el rector de la universidad poblana tuviera influencia para que no se quite a quien señalan los demandantes de dilatar los juicios, pese a que por ley el límite es un año, aunque podrían extenderse hasta dos por las diferentes audiencias donde se ratifica la demanda, se da una contestación y hay ofrecimiento y desahogo de pruebas, tras lo cual se dicta el laudo y cualquiera de las partes se puede inconformar por medio de un amparo directo.
El hecho es que la Junta Especial Número Cinco lleva todos los juicios laborales contra la BUAP, donde en algunos casos hay nulo avance y en otros son lentos los procedimientos, que pareciera que tienen un fin de cansar al demandante para que desista.
Si Barbosa Huerta viene con una visión de cambio de que se respete la ley con juicios transparentes, tendría que ordenar al titular de la Consejería Jurídica, Ricardo Velázquez Cruz que tome medidas de también hacer cambios en la presidencia de la Junta Especial Número Cinco.
Un ejemplo es el caso del investigador del Centro de Agroecología del Instituto de Ciencias de la BUAP, Miguel Ángel Damián Huato, quien presentó dos demandas una por acoso laboral en 2017 y otra por despido injustificado el año pasado. Del primer caso hasta apenas en este mes se cerrarán las audiencias de ofrecimiento y desahogo de pruebas, después de dos años y en el segundo juicio apenas iniciarán.
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La frustrada modernización del transporte y sus consecuencias electorales
Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que algún as bajo la manga tendrá que sacarse el gobierno de Luis Miguel Barbosa en estos días para explicarle a los usuarios del transporte público por qué no pudo forzar a los concesionarios a cumplir con el acuerdo de modernización que pactaron a la par del alza del pasaje.
Un recorrido somero es suficiente para comprobar que la mayoría de las unidades del transporte que circulan en la zona metropolitana de Puebla no concretaron las mejoras ni colocaron el equipo de seguridad acordado con el barbosismo a finales de septiembre, semanas antes de que entrara en vigor el incremento de 42 por ciento obsequiado por la Secretaría de Movilidad y Transporte, que llevó la tarifa de 6 pesos a 8.50 pesos.
La administración estatal podría desentenderse del asunto e ignorar el compromiso tácito que hizo con los usuarios de camiones y microbuses: “te hago pagar 2.50 pesos más de pasaje, sí, a cambio de un servicio digno, eficiente, moderno y seguro”, pero con ello estaría arriesgándose a sufrir para sí mismo y para Morena desagradables consecuencias electorales.
Un estudio de opinión realizado por la empresa Indicadores SC a finales del año pasado en el municipio de Puebla evidenció el disgusto de los poblanos con el aumento de la tarifa, colocando esa inconformidad solo por debajo de la falta de cambios trascendentales (en las administraciones emanadas de Morerna) y la inseguridad.
Entre las diversas preguntas que realizó la encuestadora de Elías Aguilar para hacer un diagnóstico de la situación política que impera en la capital del estado, hubo una que arrojó el tema del transporte.
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Policías infestadas por el crimen
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que la detención y posterior destitución del director de seguridad pública de San Martín Texmelucan, Luis Francisco Bustamante Flores, deja al descubierto la podredumbre y el poco rigor que existe en las corporaciones policiacas municipales.
Siguiendo los dichos del presidente Andrés Manuel sobre que la corrupción se barre como las escaleras, “de arriba para abajo”, sería imperante que en todos los Ayuntamientos los directores y altos mandos de las corporaciones policiacas aprobaran sus exámenes de confianza.
Resulta inexplicable que un sujeto acusado por presuntamente participar en el delito de secuestro, fuera el hombre encargado de la seguridad pública en uno de los municipios más importantes de Puebla, casi tan kafkiano como el videomensaje, de la alcaldesa morenista Norma Layón informando la destitución de Bustamante Flores, horas después de que éste ya se encontraba ingresado en el Cereso de Cholula.
El caso de Texmelucan no es el único donde mandos policiacos son descubiertos por sus nexos delincuenciales, durante el morenovallismo y bajo la tutela de Facundo Rosas, dos ex mandos policíacos Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano fueron detenidos por militares cuando transportaban huachicol robado.
Debido a las experiencias actuales e históricas en Puebla se debe comenzar con la aplicación de las pruebas de confianza en los mandos y que no exista ningún secretario o secretaria de seguridad pública municipal en Puebla que carezca de estas certificaciones. Si no aprueban los exámenes simplemente no son aptos para cargos tan delicados.
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Busca el PAN dar a Manzanilla el control del Consejo Municipal de Tehuacán
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que la sorpresiva adhesión del Comité Directivo Estatal del PAN a la propuesta de Morena de revocar el mandato de los miembros del cabildo de Tehuacán, para que en su lugar se nombre un Consejo Municipal, tiene una intención perversa: el intentar dar el control de ese órgano de gobierno al exsecretario de Gobernación Fernando Manzanilla Prieto.
Frente a la nada congruente proyecto de la fracción parlamentaria de Morena de no permitir la designación de Artemio Caballero López como alcalde sustituto del edil Felipe Patjane Martínez, quien se encuentra preso desde noviembre del año pasado, pese a que el primero de ellos es oficialmente el presidente municipal suplente, resultó todavía más sorpresivo que la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, quien es una férrea opositora a todo lo que sea 4T, esté respaldando dicha propuesta.
Para entender lo que ocurre, es necesario revisar que el mismo día en que a dirección estatal del PAN pidió la creación de un Consejo Municipal en Tehuacán, en esa ciudad inició una campaña llamada Te Reúne Tehuacán, mediante la cual se están recolectando unas 5 mil firmas para pedir la desintegración del cabildo del segundo municipio más importante de la entidad.
Quien organiza ese movimiento es una mujer llamada Tere Imelda Vargas, quien ya fue sindico municipal, es abogada del despacho Carlota Carrillo y es esposa de Miguel Abad.
Tanto la señora Vargas y su esposo, se destacan por ser personajes cercanos al exsecretario de Gobernación Fernando Manzanilla Prieto, desde que este pasó por las filas del Partido Acción Nacional, durante la segunda mitad del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.
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La transa, en medio del caos transportista
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, señala que este 12 de febrero vence el plazo fijado a transportistas para cumplir con el compromiso de incremento a la tarifa del pasaje en 8 pesos con 50 centavos, a cambio de modernizar las unidades y colocar dispositivos de seguridad vía GPS.
El acuerdo suscrito por la Secretaría de Movilidad y Transportes con los permisionarios era imposible de cubrir en el lapso de 90 días.
En el estira y afloja, en la búsqueda de culpables, que a todas luces son todos los involucrados, hay aspectos que generan sospechas, ante el inminente fracaso.
1) La Secretaría, a cargo de Guillermo Aréchiga señala a los permisionarios a quién y qué empresa hay que comprar los equipos de video vigilancia.
2) La dependencia ha provocado que exista un alza a los precios de los equipos y de repente la inexistencia de estos; es decir hay una competencia desleal.
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El extraño caso del Sr. Abdala
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que pintaba para convertirse en uno de los hombres más poderosos del estado.
“Vicegobernador”- le llamaron inclusive algunos, cuando se enteraron de que sería el súper-delegado del gobierno federal en Puebla.
Con la absoluta confianza del grupo más cercano, íntimo y familiar del presidente López Obrador, sumado al padrinazgo y tutoría de Manuel Bartlett, se cerraba el círculo.
Sería el contrapeso natural de un gobierno estatal que, hasta el 24 de diciembre de 2018, venía pintado de blanco y azul.
En la real política actual, se supone que su actuar serviría para perfilar con éxito los planes y proyectos prioritarios de la Federación y por lo mismo, apuntalar la génesis de la 4T poblana.
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¿Una nueva Claudia al frente del Ayuntamiento?
Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, señala que cayó la autora material de la impopular política de movilidad de la bolardiza, Alejandra Rubio Acle, pero no se sabe si el autor intelectual, Armando Pliego Ishikawa, se mantiene como jefe de departamento y seguirá cobrando hasta que la Contraloría municipal culmine la investigación por la escandalosa asignación de contratos y compra de implementos en total opacidad.
Ambos, Rubio Acle y Pieglo Ishikawa, están en la mira por haber realizado un gran acto de corrupción con las políticas de movilidad del Ayuntamiento poblano, disfrazando de preocupación por los peatones lo que representó un ingreso para los bolsillos de sus amigos empresarios e incluso familiares. El conflicto de interés está al rojo vivo.
Cuando el río suena, es que agua lleva. Ambos se sienten impolutos, pero la sospecha es tal que la presidenta Claudia Rivera Vivanco decidió mostrarse inflexible e invitar a la funcionaria a abandonar el cargo mediante una salida digna con una “licencia” por tiempo indefinido, mientras se realiza la investigación de la Contraloría.
Una licencia cuya versión oficial es darle la oportunidad de litigar contra dos regidores, pues Rubio Acle, fuera de sí, afirmó que interpondría denuncias contra los regidores en Fiscalía hasta por violencia política de género. “La defensa política de mi buen nombre (sic), me obliga a denunciar penal, administrativa y electoralmente a los señores regidores Libertad Aguirre Junco y José Luis González Acosta, por el desdoro que han hecho de mi persona como servidora pública, sin tener prueba de su dicho”. Una locura total de una funcionaria encerrada en un callejón que no entiende que el Cabildo es su superior jerárquico.
Además de Rubio Acle, Pliego Ishikawa, la investigación preliminar arrastrará al tercer socio de los bolardos, el regidor Lalo Covián, quien es parte de la oposición a la alcaldesa Rivera Vivanco, pero cobra con la derecha a través de la instalación de bolardos en los que el Ayuntamiento gastó más de 14 millones de pesos en la primera etapa, aunque se sospecha de más contratos.
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