Segunda de tres partes
Como se planteó en la primera colaboración para el portal Ángulo 7, en la exposición de motivos de las iniciativas de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (Lffpmn) y de la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) se omitieron dos cuestiones fundamentales. La primera, se refiere a la disyunción que se hace de la semilla del maíz de sus formas de manejo, que se expresa en distintos tipos de productores que hay en el país.
El maíz es el principal cultivo nacional; ocupa 7.5 millones de hectáreas, cerca de 35 por ciento del área total sembrada, de la cual 82 por ciento es de temporal y 18 por ciento de riego.
La agricultura comercial, se define porque la producción se destina al mercado, tienen riego y los mejores suelos agrícolas. Asimismo, siembran semillas híbridas, poseen mayor cantidad de medios de producción e históricamente han sido beneficiados con mayor cantidad de subsidios. A su vez, la agricultura indígena-campesina, cultiva materiales genéticos nativos en tierras abruptas con suelos tepetatosos y es de autosubsistencia, debido a que la mayor parte de la cosecha se destina al autoconsumo. Estos maiceros han sido excluidos de los programas públicos, son pobres alimentarios, minifundistas extremos, pluriactivos y tienen una reserva muy restringida a los medios de producción. Las condiciones propias de la agricultura comercial y la de autosubsistencia, derivaron en dos formas de manejo antagónicas que prevalecen en México.
El manejo de maiz en la agricultura comercial
Como ya se dijo en la primera colaboración para Ángulo 7 (https://bit.ly/2NBT5wH), en la exposición de motivos de la LFVV, se afirma que al: “reconocer la propiedad intelectual sobre las innovaciones en materia de variedades vegetales, designada como derecho de obtentor, […] se puede garantizar que la productividad se mantenga en constante aumento para conseguir la soberanía alimentaria del país, bajo un modelo de sustentabilidad, de asegurar la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad, y la creación de empleos bien remunerados que propicien el arraigo al medio rural”. No obstante, como vamos a demostrar, esta retórica no concuerda con lo que ocurre en la realidad.
El manejo comercial del maíz no se entiende al margen de la revolución verde, que floreció en México a partir de 1943. Fue impulsada por la Fundación Rockefeller con el apoyo del gobierno mexicano y su manejo tuvo como soporte los materiales híbridos, creados por fitomejoradores norteamericanos, encabezados por Norman Borlaug. Al respecto, hay que decir, que todos los híbridos generados antes, durante y después de esta revolución, tienen como base genética materiales nativos que, en la práctica, han sido privatizados por media docena de empresas trasnacionales (Bayer, Syngenta, Pioneer, Dow Agroscience, etc.), sin que tengan derechos de obtentor, pero si derechos a su producción y comercialización oligopólica.
Estos híbridos, conocidos como variedades de alto rendimiento o milagrosos, sólo pueden conseguir cosechas superiores a las semillas nativas con la condición de que “se irriguen y fertilicen. Pero, una mayor fertilidad del suelo y disponibilidad de agua, mejoran la ecología de las malezas, plagas y enfermedades, debiéndose de introducir otros productos químicos para poder combatir malezas, insectos y enfermedades” (https://bit.ly/37BVQGn)
Sin la aplicación de estos, y de otros insumos, estas semillas pierden todo poder divino. Pero, aun aplicándolos, su insólita productividad se reduce a la primera cosecha y, lo más grave, el uso abusivo de estos insumos, han causado la degradación de los suelos agrícola, lo que ha mermado sus rendimientos unitarios a través del tiempo, como fehacientemente lo demostró Peter Rosset en un artículo escrito en 1998 (https://bit.ly/2U7Zzrd). Por estas razones, la LFVV es incapaz de “garantizar que la productividad se mantenga en constante aumento”.
Por otra parte, cuando los promotores de la LFVV afirman que, si aprueba la ley, se puede conseguir “la soberanía alimentaria del país, bajo un modelo de sustentabilidad, de asegurar la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad, y la creación de empleos bien remunerados que propicien el arraigo al medio rural”, sus “argumentos” no tienen ninguna base terrenal.
Si fueran cierto sus dichos, entonces cabe preguntar ¿por qué la agricultura comercial no alcanzó ya la soberanía alimentaria en maíz? El uso de híbridos y el paquete tecnológico que alberga su manejo, data ya de siete décadas en México; sin embargo, los rendimientos por hectárea en maíz de temporal muestran, que de 1980-2017, aumentaron 860 kg, equivalente a un crecimiento anual de 22.6 Kg. Además, según ETC (https://bit.ly/2GxHJWu) “la cadena agroindustrial (comercial) alimenta a menos del 30 por ciento de la población mundial”.
Asimismo, para la FAO (https://bit.ly/314wv5m) “el nitrógeno procedente de la agricultura (comercial) se pierde fácilmente en el ambiente debido a la volatilización y lixiviación, causando daños ambientales que son casi equivalentes a los beneficios económicos derivados del uso de fertilizantes nitrogenados en la producción de alimentos. Las emisiones de óxido nitroso procedentes del fertilizante aplicado tienen efectos negativos directos: el NO2 es el tercer gas de efecto invernadero más importante y la causa principal del agotamiento de la capa de ozono de la estratosfera”. Entonces: ¿de qué modelo de sustentabilidad habla la ley?
Del mismo modo, ¿de qué forma la ley conserva y aprovecha la biodiversidad? Lo cierto es de que, para la agricultura comercial, la biodiversidad ha sido, y es, considerada un estorbo; por ello, la abundancia y diversidad de flora y fauna presente en la parcela se ha eliminado, mediante la aplicación de herbicidas e insecticidas, cuyos residuos, incluso, se han hallado en alimentos, causando serios problemas de salud a los consumidores.
Finalmente, ¿será verdad que la agricultura comercial crea empleo bien remunerados que propician el arraigo al medio rural? De ser así, los defensores de la LFVV tendrían que demostrarlo, porque las evidencias empíricas indican, primero, que a medida que una actividad productiva se tecnifica, desecha fuerza de trabajo y, segundo, que los salarios en el campo mexicano, históricamente han sido más bajos que los de las zonas urbanas.
Por lo expuesto, y porque simplemente no se puede avalar la privatización de híbridos, derivados de semillas nativas, la/os legisladora/es de la cámara de la/os diputada/os deben rechazar la iniciativa de la LFVV presentada por el diputado federal Eraclio Rodríguez Gómez. No obstante, hay que aclarar, que oponerse a la ley de ningún modo significa objetar el uso de híbridos, ya que, si éstos se articulan a un paquete tecnológico orgánico u agroecológico, si pueden garantizar “la soberanía alimentaria del país, bajo un modelo de sustentabilidad, de asegurar la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad, y la creación de empleos bien remunerados que propicien el arraigo al medio rural”, como lo plantea la LFVV.
En la última colaboración para el portal de Ángulo 7 sobre esta temática, me centraré en caracterizar el manejo de maíz hecho por la/os indígenas y campesina/os donde, grosso modo predominan la siembra de semillas nativas.
*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.
