De vuelta a 1988
Héctor De Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, indica que imaginen un gobierno que es al mismo tiempo la autoridad electoral. Tienen razón. No es necesario imaginarlo. Ya lo tuvimos y el resultado fue atroz. En 1988, el hoy intocable Manuel Bartlett, representante de aquella dualidad aberrante, encabezó el fraude que retrasó 30 años la llegada al poder de un partido de izquierda.
La historia de México en los años que siguieron fue la de la lenta construcción de un andamiaje democrático que impidiera que un fraude como aquel volviera a ocurrir. En 2018, gracias a ese andamiaje, Andrés Manuel López Obrador pudo convertirse al fin en presidente de México.
En vez de asegurar, sin embargo, las garantías que en su campaña presidencial tuvo como opositor (recibió dinero público, prerrogativas, fundó un partido y gozó de más tiempo en los medios que ningún otro candidato), AMLO dedicó el primer año de su gobierno a poner al INE bajo asedio.
Ha quedado claro que esto forma parte de un esquema. El presidente quiere quitar todo lo que le incomoda. En este año, la 4T se ha dedicado a cooptar y minar todo mecanismo encargado de auscultar al poder. Hoy tiene a la CNDH en la bolsa y ha arrollado a la CRE, al Inai, el Inegi, la Cofetel y la Cofece.
El ataque al INE comenzó desde los primeros días del gobierno, por la multa que se impuso a Morena tras el manejo irregular del fideicomiso “Por los demás”. Pero se ha agudizado en los últimos tiempos: lo están bombardeando desde varios frentes, y se vienen meses críticos.
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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. Olvidadizos. El coordinador de Morena en el Congreso de la Unión, Mario Delgado, aseguró que “en el momento en que Morena dejó de escuchar al Presidente empezó a enredarse, empezó a meterse en problemas”. Calificó como un despropósito que se desafíe en el partido la recomendación del Ejecutivo federal de no emplear la encuesta como método de elección e incluso, dijo, les gana la ambición por mantener el poder en lugar del interés por preservar el proyecto de la 4T. Los mismos que destruyeron al PRD ahora pretenden destruir a Morena. Su ADN es el olvido. Fue Yeidckol Polevnsky quien logró posicionar al partido y tiene algo que pocos ahí, lealtad. No importa el desenlace, de cualquier manera Morena pierde. Y tanto que había ganado.
2. A gritos. Desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso, el diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo exigió la renuncia de Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración, por las violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Reiteró no compartir la política migratoria del gobierno. Consideró “muy grave y delicado” que un personaje de corte policiaco se encargue de atender temas migratorios e hizo un reconocimiento al trabajo de su antecesor, Tonatiuh Guillén. “Lo sustituyeron por un antiguo compañero de partido que, por desgracia, se dedicó a tareas carcelarias por doce años. Y es necesario que se vaya”, dijo. Sus correligionarios guardaron silencio y la oposición le aplaudió. Ironizó: “No aplaudan, pero así es. Gracias. Prefiero la impopularidad”. No se puede negar su peso en la política. ¿Ya lo van a escuchar los de su partido?
3. A prueba. El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, destacó que el magisterio nacional ya no es la contraparte de la autoridad educativa y reconoció sus aportaciones para hacer realidad el Acuerdo Educativo Nacional. Durante la inauguración del Primer Foro Nacional para la Transformación Educativa: Caminemos Juntos a la Nueva Escuela Mexicana, organizado por el SNTE, destacó que “construimos juntos la nueva Escuela Mexicana”. Acompañado del secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda, y el director del IPN, Mario Alberto Rodríguez, reconoció las acciones del sindicato. Ya nomás falta pactar con la pesadilla llamada CNTE, que, si no cambia su estrategia de golpeteo, una parte de los estudiantes mexicanos seguirá creciendo sin saber poner acentos, en el mejor de los casos.
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La 4T, dividida por polémica reforma judicial
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que un paquete de 9 iniciativas de ley y 14 reformas constitucionales, que todavía no se presentan y que nadie conoce formalmente, han levantado una enorme polvareda y generado todo tipo de reacciones adversas no sólo entre juristas, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos que, a partir de algunos borradores que se filtraron a la prensa las califican de “regresivas, peligrosas y que atentan contra las garantías fundamentales de los mexicanos y el principio de presunción de inocencia”.
El problema es que ese paquete de propuestas que conforman la reforma judicial no tiene ni siquiera el consenso de la 4T y la división que provocó entre el gabinete, la Fiscalía General de la República y la mayoría de Morena en el Senado de la República, fue la causa de que no se presentara oficialmente el pasado 15 de enero, cuando estaba prevista su entrega a los senadores para que comenzaran su revisión y discusión. Pero qué tan duros serán esos cambios legales, entre los que se modifican desde el Código Penal Federal hasta la Ley de Amparo, pasando por reformas a 14 artículos constitucionales relacionados con la impartición y procuración de justicia, que varios miembros del gabinete las desconocieron antes de que se presentaran.
Ese miércoles 15 de enero, antes de llegar al Senado de la República, el fiscal Alejandro Gertz Manero y el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que fueron los únicos autores de las nueve iniciativas de ley y 14 reformas constitucionales, citaron en las oficinas del fiscal al secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, a quien le presentaron por primera vez las iniciativas. Fuentes cercanas a la Fiscalía cuentan que ahí hubo una discusión fuerte entre los tres personajes, y que Durazo dijo tajante que no estaba de acuerdo con el contenido de las propuestas que iban a presentar ese día a los senadores.
Al filo de las 11:30, Scherer y Gertz se trasladaron con su paquete de reformas judiciales al Senado, donde los recibió Ricardo Monreal. Ahí le dijeron que las propuestas estaban listas y se las quisieron entregar formalmente. Monreal se negó a aceptarlas y preguntó por qué no estaba Alfonso Durazo, que había confirmado su asistencia; tampoco había llegado Olga Sánchez Cordero, la titular de Gobernación. Afuera del Senado, en su camioneta, estaba Durazo que se negaba a ser parte del acto de entrega de algo en lo que no estaba de acuerdo. “Me están quitando facultades a la Secretaría de Seguridad para dárselas a la Fiscalía, yo no puedo avalar eso”, diría el secretario en una llamada al líder de la mayoría en el Senado. Después llegaría Olga Sánchez y su primer comentario a Monreal fue: “Yo no conozco esas iniciativas y no puedo avalar algo que no conozco”.
Monreal le pidió entonces al fiscal y al consejero Jurídico que “primero resuelvan sus diferencias” y que era preferible, si no había consenso ni en el propio gabinete, que mejor no entregaran las iniciativas ese miércoles y que él, de plano, prefería no recibirlas en esas condiciones y que era mejor posponer el evento. Gertz se quejó de que él no era parte del Ejecutivo y no tenía por qué coordinarse con nadie. “¿Qué hacemos entonces?”, preguntó Julio Scherer y, ante la división ya inocultable que provocaba el tema, acordaron en ese momento que habría solo un acto de explicación de las iniciativas, pero que éstas no se presentarían sino hasta el 1 de febrero, día del arranque del periodo ordinario de sesiones.
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Un cachito para ganar un avión; 64 ataúdes para los muertos de Guanajuato
Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, señala que Andrés Manuel López Obrador lo volvió a hacer. Nos entretiene con la rifa del avión presidencial un día después de reconocer que, durante el fin de semana, la violencia “se salió de lo normal” en Guanajuato: 64 muertos entre el viernes y el domingo, según datos que el gobierno del estado le pasó a la Presidencia de la República.
Muy orondo, el Presidente presentó ayer, en pantalla, el diseño del cachito de 500 pesos de la Lotería Nacional y hasta una emblemática fecha le puso a la celebración del sorteo: 5 de mayo, aniversario de la batalla de Puebla.
Para librar los escollos legales que se pudieran presentar —la Lotería Nacional sólo da premios en efectivo—, dio línea a legisladores de Morena para modificar la ley y eliminar cualquier escollo jurídico que dificulte el sorteo.
Populismo obliga, el cachito incluye una leyenda sobre los “nobles” motivos de la rifa del avión: “Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre”. El luto en Guanajuato —que vive episodios de violencia sólo equiparables a los de la Guerra de los Cristeros— pasó a segundo término en el imaginario popular. Unos cuantos muertitos más no hacen diferencia.
Llama la atención que la violencia en esa entidad, gobernada por el PAN, alcanza esos pavorosos niveles, a pesar de que la presencia de fuerzas federales nunca había sido tan numerosa. Una prueba de que el tema de despliegue militar o policial no garantiza mejoría en la seguridad. El maltrato a migrantes, la ausencia de crecimiento, el drama que viven los padres de niños con cáncer no merecieron tanta atención. Son, a juicio del inquilino de Palacio Nacional, temas “inflados” por los conservadores para desprestigiar a la 4T.
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La vida no vale nada
La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que enero es el mes más violento en la historia del estado de Guanajuato. Van 400 muertos y eso que el mes todavía no concluye.
Los sectores productivos y las fuerzas políticas de la entidad, urgen al gobernador Diego Sinhue Rodríguez a que deje atrás cualquier agravio que exista con el presidente López Obrador y asegure el apoyo de las fuerzas federales a la entidad que se desangra.
El presidente reconoció que la violencia está fuera de control en el estado, pero todavía no hay un anuncio de respaldo acorde con la gravedad de la situación. No tiene sentido detenerse en decir que la violencia viene de tiempo atrás, lo cual es cierto, se tiene que resolverse ahora.
Que la entidad recupere tranquilidad, arrebatada por la lucha a muerte de las bandas del crimen organizado, va mucho más allá de los colores partidistas de los políticos responsables.
El entuerto de la rifa
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que en la polémica por el anuncio de un paquete de reformas en materia de justicia, en el que se hablaba de medidas que perfilaban una superfiscalía general, legisladores federales aseguran que la opinión del presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, ha sido un factor fundamental para propiciar que el Congreso de la Unión realice un análisis serio, sin precipitar una decisión que pueda afectar al Poder Judicial, hoy a su vez, por cierto, en plena reforma interna.
QUE en la Lotería Nacional respiraron profundo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia mañanera que la institución solo venderá 2 millones de cachitos para la rifa del avión presidencial y el resto se distribuirá en convenio con empresas privadas. El gran reto ahora es reformar la Ley Orgánica del organismo, abrogada pero vigente mientras se fusiona con Pronósticos Deportivos, pues su artículo tercero solo hace referencia a sorteos y premios en efectivo, no en especie.
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