Entre 2013 y 2019, de diez recomendaciones –tres graves— de la CNDH al gobierno local, ayuntamientos, FGE y TSJ por haber violado derechos humanos, sólo una ha sido cumplida y el resto sigue sin acatarse en su totalidad, por lo que aún no reparan los daños causados.
Lo anterior significa que autoridades de Puebla no ha acatado el 90 por ciento de dichas recomendaciones, algunas de las cuales fueron emitidas ya hace más de cuatro años atrás.
La única recomendación que figura con estatus de concluida en el “Informe de actividades de 2019” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue la 2013/56 dirigida al gobierno estatal, que señaló el caso de uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de Secretaría de Seguridad Pública quienes detuvieron a cuatro personas señaladas de robo de tractocamión, los cuales acusaron que fueron golpeados para declararse culpables, uno de ellos muró por contusión profunda de abdomen con estallamiento de hígado.
Respecto a las que continúan en trámite, dos fueron emitidas en 2016; una para el ayuntamiento de Tetela de Ocampo (2016/17) y otra para el gobierno estatal (2016/54).
Dos más se publicaron en 2017, la primera para los ayuntamientos de San Martín Texmelucan y de Huejotzingo, así como para el gobierno estatal (2017/10) y una más para el ayuntamiento de Ajalpan (2017/78).
Recomendaciones por violaciones graves
Mientras que en 2018, tres de cuatro recomendaciones fueron catalogadas como graves, la primera con el folio 2018/12VG con motivo de los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2017, en Palmarito Tochapan donde hubo una ejecución extrajudicial por parte de un militar, así como otros hechos violatorios cometidos por Petróleos Mexicanos, la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia de Puebla.
Además de la 2018/13VG, donde policías municipales de Tepeaca fueron señalados de atentar contra los derechos humanos en agravio de siete víctimas, la recomendación fue hecha para el ayuntamiento de ese municipio.
En tanto que en la 2018/14VG, se e dirigió una recomendación al entonces gobernador Antonio Gali Fayad, por el caso de unos menores de edad que eran maltratados en una casa hogar en el estado de Michoacán, ya que su administración no dio seguimiento al caso de unos infantes en situación de abandono originarios de Puebla y que fueron trasladados a la entidad michoacana.
Finalmente el año pasado, se registró la recomendación 2019/68 dirigida al gobierno del morenista Miguel Barbosa Huerta, por situaciones que viven las mujeres reclusas en los centros penitenciarios de la entidad y que vulneran sus derechos humanos.
