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Libre, el lugarteniente de Arturo Beltrán

Héctor De Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, señala que la noticia de su detención sacudió al país hace una década. Sergio Villarreal Barragán, El Grande o El Come Niños, admitió haber secuestrado, torturado y descuartizado al menos a 90 personas como parte de una “limpia” que su jefe, el capo Arturo Beltrán Leyva, había ordenado llevar a cabo en el estado de Morelos.

Villarreal recibió la instrucción de aniquilar a amigos y conocidos de un antiguo lugarteniente de Beltrán: Mario Pineda Villa, El MP. Él personalmente sembró el terror en Morelos, llenando el estado de cuerpos calcinados y desmembrados.

“A ese marrano (Pineda Villa) yo mismo lo levanté. Se creía muy sanguinario y además no era de mi agrado. Lo amarré y le di de patadas hasta que perdió el conocimiento”, declaró luego en la SIEDO.

Con Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, El Grande fue la mano derecha de Arturo Beltrán hasta que este murió en Cuernavaca en un enfrentamiento con la Marina.

Le llamaban así por su estatura, 1.98 metros, y por su corpulencia (115 kilos). A los 20 años de edad ya era policía ministerial en Coahuila. En 1993 ingresó a la Policía Judicial Federal y fue asignado a la plaza de Torreón. Ahí conoció a los enviados del Cártel de Juárez, en especial al sanguinario Arturo Hernández, El Chaky. Estuvo un tiempo comisionado en Nuevo Laredo: de acuerdo con un testigo, en uno de los ranchos que compró entonces había una pista de aterrizaje “para bajar marihuana y cocaína”.

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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Venganza inoportuna. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez reveló que para este año la Federación aplicó un recorte por mil 500 millones de pesos para la operación del sistema de salud en Guanajuato. Así que advirtió que la Secretaría de Salud estatal dejará de atender a todos los derechohabientes del IMSS o del ISSSTE. Y no sólo eso: “Vamos a dejar de atender a gente de otros estados, porque no hay recursos, salvo urgencias vamos a atender a gente de otros estados o del extranjero, con la pena, tendremos que brindar solamente el servicio a los guanajuatenses”. Recalcó que se atendía a gente de otros estados sin problema alguno, pero ahora, bajo la nueva política, la situación tendrá que cambiar. El insensible del año. ¿Y así se dice gobernador?

2. Hasta creen. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, informó que Elba Esther Gordillo no tiene derechos dentro del sindicato porque dejó de pagar sus aportaciones, por lo tanto, no puede participar en los procesos internos para renovar ocho dirigencias seccionales que se realizarán en unos meses. “Nuestros estatutos establecen que es miembro activo de la organización quien aporta el 1% de su salario para el sostenimiento del sindicato. Si desde hace años y, particularmente, desde hace 10 meses no se ha entregado esta cotización, pues, obviamente, no se tienen condiciones para poder participar en este momento”, puntualizó. Se olvida de que doña Elba Esther fue la líder sindical con mayor poder durante décadas y basta con que lo quiera para regresar. Unos pesos no la detendrán.

3. Osote. La cantante mexicana Flor Amargo denunció que personal del ayuntamiento de Guadalajara, junto con policías, se llevaron sus instrumentos. Y aunque el gobernador Enrique Alfaro asegure que respetará el trabajo de los creadores, el asunto tuvo que escalar a niveles que sólo dejan mal paradas a las autoridades de Jalisco. La escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller le exigió al Ayuntamiento “devuelva, por favor, sus instrumentos y bocinas de Flor Amargo. El arte transforma, por ello, ocúpense más de los delincuentes y violentos, antes que de los artistas que dignifican lo mejor del ser humano”, escribió. La esposa del Presidente publicó otro mensaje en el que le muestra su afecto a los artistas callejeros. Una pizca de criterio les habría evitado el ridículo. Pero es mucho pedir.

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AMLO y los gobers rebeldes se verán las caras

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, señala que en medio del accidentado e improvisado arranque del Insabi y del choque que el nuevo esquema de salud provocó entre el gobierno federal y al menos ocho gobernadores estatales que aún no firman su adhesión a dicho instituto, esta semana el presidente López Obrador tiene agendada una comida con los 31 gobernadores de la República y la Jefa de Gobierno de la CDMX, a la que asistirán los ocho mandatarios estatales que tienen dudas, se resisten o de plano rechazan el modelo de salud pública de la 4T.

Aunque dicha comida se daría en el marco de la reunión que tendrá la Conago con el gabinete de seguridad, para evaluar el tema de los índices delictivos en los estados, es muy probable que el tema de la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar y las inconformidades, denuncias y dificultades que se han registrado en las primeras dos semanas de funcionamiento se toque en el encuentro entre el presidente y los gobernadores, pues más allá de los estados que se han rebelado abiertamente contra el Insabi, también entre los que ya lo firmaron hay quejas y dudas sobre los mecanismos de entrega de los recursos para los antiguos programas de enfermedades, hospitales y medicinas que cubría el extinto Seguro Popular.

El viernes pasado, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente López Obrador encaró la rebelión de los ocho estados que se niegan a firmar el nuevo convenio de federalización y les dijo que “es voluntario, no obligatorio” y que, aunque la mayoría de las entidades lo está aceptando, a los gobernadores que decidan no adherirse al Insabi, “lo que aplica es que el estado da el servicio y se dan los recursos que por ley les corresponde”.

Hasta ahora, además de cinco gobernadores del PAN, encabezados por Martín Orozco, de Aguascalientes; Francisco Domínguez, de Querétaro; Carlos Mendoza, de Baja California Sur; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Diego Sinhué, de Guanajuato; se han sumado a la rebelión contra el Insabi el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que abiertamente ha dicho que no firmará porque a su estado no le conviene; el de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, que ha expresado dudas sobre los mecanismos de reparto de recursos y el Congreso local ha pedido revisarlo, caso similar al de Coahuila, donde también el Poder Legislativo local ha pedido mayor información al gobierno federal para saber si se adhieren o no al Insabi.

Por lo pronto, en apoyo total al presidente salió ayer su pupila consentida, Claudia Sheinbaum, quien no sólo respaldó al nuevo instituto de salud y defendió la visión del presidente, sino que cuestionó a los gobernadores que se oponen a él y dijo no comprender sus razones: “Yo no entiendo por qué hay gobernadores que no quieren firmar y que prefieren el Seguro Popular; es una concepción completamente distinta. El seguro popular asumía que la salud era una mercancía y que había que asegurar a la población para pagar por sus servicios”, fustigó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

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De la llanta al monumento

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que el viaje presidencial a Bavispe, Sonora, arrancó con una llanta ponchada y terminó con el ofrecimiento de edificar un monumento justo en el lugar donde ocurrió la emboscada a miembros de la comunidad mormona de la localidad.

La llanta ponchada no es un asunto menor, es grave, porque afecta la seguridad del presidente y lo del monumento no entusiasmó a nadie. Lo que se necesita es procuración de justicia.

En medio hubo una reunión difícil, de las más complicadas que le ha tocado encabezar a López Obrador, que sin embargo no podía dejar de visitar el lugar de la masacre.

Hay diferencias y agravios. La condición ineludible para superarlos es conocer la verdad de lo sucedido y presentar a los responsables frente a un juez.

El diferendo por lo pronto sigue abierto. Tendrá su punto más álgido el próximo 23 enero con el inicio de la marcha de Cuernavaca a Palacio Nacional.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala indica que la SNTE dio a conocer otra forma de extorsión, que apunta al crimen organizado que opera en Guerrero, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán. Resulta que en diciembre pasado, cuando los profesores recibieron su aguinaldo, personas ajenas a la educación se acercaron a los planteles para pedir a los docentes una “cooperación” para supuestos movimientos que nadie conoce. Algunos no aceptaron y ahora el sindicato está preocupado por su seguridad.

QUE el PRD se enteró de la peor manera que no tendrá ni un representante en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, algo que fue negociado hace semanas con la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.

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