La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales firmaron un convenio de colaboración para coordinar acciones que impidan que se condicione la entrega de recursos públicos a la población a cambio de su voto.
El acuerdo incluye capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información para prevenir los delitos electorales, implementar el blindaje electoral y fomentar la participación ciudadana.
La SFP emitirá los Lineamientos de Blindaje Electoral, obligatorios para todo el Gobierno federal, mismos que implementará en coordinación con la Fiscalía Electoral.
Ambas instituciones intercambiarán información sobre conductas que involucren a personas servidoras públicas federales que pudieran constituir delitos electorales o faltas administrativas.
También coordinarán estrategias de capacitación y difusión sobre blindaje electoral y promoverán en la ciudadanía la cultura de la denuncia, brindándole orientación en el ejercicio de sus derechos político–electorales.
Este instrumento es el primero que se suscribe en este ámbito desde que la Fiscalía General de la República asumió su autonomía.
Se acabaron anomalías electorales: Sandoval
Durante la firma, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, aseguró que en la presente administración “no se usará dinero del erario para impulsar a candidatos, ni de partidos ni de sindicatos, y mucho menos habrá caídas de sistema o irregularidades en el conteo de los votos.
“Se acabaron las urnas embarazadas, las casillas zapato, los ratones locos y los años de Carranza y de Hidalgo”, afirmó en referencia a actos de corrupción señalados en gobiernos pasados.
Por su parte, el titular de la Fiscalía Electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, expresó que hay síntomas positivos ante la posibilidad de articular a las distintas entidades con capacidad de investigación, inteligencia e información y, sobre todo, la existencia de un gobierno que hoy tiene como bandera acabar con la corrupción.
En 2019, la Función Pública firmó dos convenios relacionados específicamente con los procesos electorales. Uno con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Bienestar y otro con el Órgano Interno de Control del propio INE.
El primero de ellos, para prevenir y evitar el uso de recursos públicos destinados a programas sociales en fines electorales, y el segundo para coordinar acciones e intercambiar información en materia de fiscalización y control de recursos públicos.
