La Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió, “tras una investigación profunda de tres meses”, que Manuel Bartlett Díaz, exgobernador de Puebla y director de la CFE, no incurrió en ocultamiento de conflictos de interés y de su riqueza.
Así lo dio a conocer este jueves la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien aseveró que las indagatorias concluyeron que el funcionario “no ha incurrido en conflicto de interés” en su gestión actual ni está obligado a declarar los “bienes de su familia”.
Al presentar el informe, de 29 páginas, refirió que la dependencia a su cargo recibió 33 denuncias ciudadanas, de las cuales 14 fueron anónimas, y recabó 10 alertas ciudadanas contra el también exsecretario de Gobernación federal.
Insistió en que la SFP sólo tiene competencia para sancionar conductas reprochables desde que Bartlett ocupa la titularidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En este sentido, el documento señala que, en la temporalidad de los hechos denunciados, “el investigado no tiene ninguna injerencia o control en las empresas por las que fue cuestionado”, las cuales recibieron contratos del gobierno federal.
Enfatiza que las compañías son pertenecen a sus dos hijos, Alejandra Bartlett Álvarez y León Manuel Bartlett Álvarez, y a la persona con la que tiene una relación sentimental, Julia Elena Abdala Lemus.
Asimismo, establece que las propiedades no declaradas por el funcionario también están a nombre de dichos familiares, por lo que no tenía la obligación legal de declarar los bienes, ni siquiera los de Abdala Lemus, pues no está casado con ella.
“A partir del próximo año los servidores públicos estaremos obligados a declarar todos los bienes de las personas con quienes tenemos vínculos sentimentales. Este será el caso del señor Manuel Bartlett“, aseguró la funcionaria.
El informe no se pronuncia sobre el origen de la riqueza de Bartlett no de su familia, aunque Sandoval Ballesteros comentó que “no hay ninguna exoneración, sino una aplicación rigurosa y pulcra de la ley general de responsabilidades actual”.
Asimismo, sostuvo que no se trata de “ninguna exoneración, sino una aplicación rigurosa y pulcra de la ley general de responsabilidades actual”.