Este martes, estudiantes del Bachillerato Tecnológico Militarizado Cadente Vicente Suárez protestaron en Casa Aguayo exigiendo que no desaparezca la institución, a lo que la Segob y la SEP informaron que analizarán su continuidad, ya que no está reconocido.
En la protesta, los alumnos cerraron las calles en las inmediaciones de Casa Aguayo para exigir que su institución continúe teniendo la validez militar, pero se les dé un inmueble con las condiciones necesarias para recibir clases, ya que tiene una matrícula de 250 personas divididas en seis salones.
En entrevista, tras reunirse con padres de familia y alumnos, el subsecretario de Desarrollo Político, David Méndez Márquez, comentó que lo que se busca es generar las mejores alternativas para dar solución a este tema y garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.
Indicó que entre los acuerdos generados están revisar lo correspondiente a pagos de docentes y administrativos, ya que al menos en seis meses no les han pagado; así como examinar, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el proyecto de creación del bachillerato.
También se harán recorridos para revisar inmuebles en donde pudieran reubicar a los alumnos, pues toman clases en el Centro de Desarrollo Formación y Recreación (Cedefor), ubicado en la Unidad Cívica 5 de Mayo, en los Fuertes de Loreto y Guadalupe.
Alumnos regresarán a clases en enero
El funcionario estatal comentó que la institución se encuentra de manera irregular desde que inició, (agosto de 2018 en el gobierno de Antonio Gali Fayad), ya que su modelo educativo no está sustentado en la legalidad y por ello deben acreditarlo para que en un futuro los alumnos no tengan problema.
“Esta modalidad no tenía fundamento, no existe en la legislación poblana, por lo tanto tenemos que encontrar cuál es la mejor alternativa para los jóvenes, en conjunto buscaremos un espacio más adecuado y con mejores condiciones para ellos”, pronunció.
Por su parte, el secretario de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, mencionó que están “comprometidos” con garantizar la continuidad del servicio, por lo que se acordó que mientras se encuentra una solución regresen el 8 de enero a tomar clases al mismo lugar.
Sostuvo que el gobierno estatal no va a imponer alguna acción respecto al bachillerato, sino que todo lo que se haga será consensuado con los padres y los alumnos.
