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9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual entró en vigor el 9 de diciembre de 2005. Desde entonces, gobiernos, sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos en todo el mundo unieron fuerzas para combatir este delito que cada año le cuesta a la humanidad el equivalente al 5 por ciento del producto interior bruto mundial.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ha señalado acertadamente que “la corrupción engendra más corrupción y fomenta una cultura destructiva de impunidad que amenaza el bienestar de nuestras sociedades, el futuro de nuestros hijos y la salud de nuestro planeta, por lo que debe ser combatida por todos, para todos”.

En México, gracias al trabajo de años de las organizaciones de la sociedad civil, contamos con un marco institucional robusto en materia de transparencia y combate a la corrupción que nos ha permitido crear bases firmes para enfrentar este flagelo. El Sistema Nacional Anticorrupción coadyuva a prevenir y detectar irregularidades administrativas y delitos por actos de corrupción. Mientras que el Sistema Nacional de Control y Evaluación de la Gestión Pública y el Sistema Nacional de Transparencia, generan información de calidad para garantizar la fiscalización y rendición de cuentas.

Sin embargo, nada de esto acabará con el cáncer de la corrupción si no trabajamos, al mismo tiempo, en un verdadero cambio de mentalidad. México requiere una transformación de valores que acabe con todo acto de corrupción ¾tanto en el ámbito gubernamental como en de la sociedad civil— no por miedo a la sanción, sino por ser lo moral y éticamente correcto.

Este año, el lema de campaña de la ONU es: «Unidos contra la corrupción» y se centra específicamente en las nuevas generaciones. En México debemos hacer lo propio intensificando el trabajo en todas las trincheras para que niñas, niños y jóvenes se conviertan en la punta de lanza del cambio cultural que necesita México.

Ello implica diseñar estrategias específicas en al menos seis ámbitos de la convivencia social considerados como espacios privilegiados para la transmisión de valores: la familia, la escuela, la religión, los medios de comunicación, los liderazgos y la ley.

En cada uno de ellos, tenemos que impulsar una verdadera revolución de las consciencias que nos permita, como sociedad, cambiar de chip, es decir, ir más allá de un mero cambio de percepción o de actitud, hasta lograr un verdadero cambio cultural que dé significado y funcionalidad a los valores que hemos ido perdiendo.

Y esto solo será posible si aprovechamos todo el potencial que nos brinda el cambio generacional. Si nos planteamos con seriedad el objetivo de guiar a los jóvenes (generatividad), hacia una cultura de la legalidad, estaremos sembrando un futuro de valores diferente, en el que la corrupción no tenga cabida. En el que dejemos de “glorificar” al que tuerce la ley y se sale con la suya. En el que dejemos de considerar “imbécil” al que no aprovecha la ocasión para beneficiarse y darle la vuelta a un acto jurídicamente sancionado.

En la nueva etapa de transformación que vive México, debemos llevar la cruzada contra la corrupción vigente a un nuevo nivel, hasta conformar un gran movimiento social centrado en el trabajo con las nuevas generaciones y en el que participen activamente todos actores sociales.

Tenemos que convencernos a nosotros mismos pero, sobre todo, convencer a las y los jóvenes, “de que ahora, con las nuevas reglas y por el bien de todos, ‘el que transa no debe avanzar’, es el primer paso para evitar que los corruptos y la cultura de la corrupción sigan avanzando” (Salazar, 2016).

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.

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Sobre Fernando Manzanilla Prieto

Fernando Manzanilla Prieto
Extitular de la Secretaría de Gobernación de Puebla. Fue diputado federal por el Partido Encuentro Social. Licenciado en Economía, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ejerció la docencia en el ITAM y en la Universidad Iberoamericana. Tiene experiencia en el servicio público desde 1993.
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