En Puebla, las mujeres presas no tienen la misma atención que los hombres, por lo que la construcción de un reclusorio para este sector podría mejorar las condiciones siempre y cuando sean respetados sus derechos.
Así lo señaló Marta Martí Barrachina, miembro del grupo de investigación en Criminología y Sistema Penal de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, durante la jornada “Desafíos en la implementación de la perspectiva de género y derechos humanos en centros de reinserción”.
La especialista indicó que no se trata sólo de tener un nuevo inmueble específico para las reclusas, como lo ha anunciado el gobierno del estado, sino de que se apliquen las mismas políticas que en los penales para varones.
A la par de esto, dijo, se tendrían que eliminar los espacios femeninos en las cárceles de hombres, pues de lo contrario se entendería que un nuevo inmueble es para más mujeres y no para las que ya están presas por algún delito.
Agregó que los Centros de Reinserción Social (Ceresos) están diseñados para hombres porque son la mayor población penitenciaria de Puebla, lo que hace que se tengan pocos espacios para las mujeres y por ende, con menos condiciones.
Mujeres trans y lesbianas, las que más sufren
Martí Barrachina explicó que en el caso de las mujeres transexuales y lesbianas son las que más violencia sufren; el primer grupo porque no se le permite utilizar prendas femeninas ni maquillaje, incluso son llamadas por su nombre de nacimiento y se les obliga a portar el uniforme masculino, lo que atenta contra sus derechos humanos.
En el caso del segundo sector, no pueden tener visitas sexuales a diferencia de los hombres quienes hasta tienen espacios designados para ello, lo que muestra barreras específicas y no dejan que existan muestras de afecto ni en público ni en privado.
Manifestó que la cárcel conlleva un doble estigma para la mujer, pues los sistemas penitenciarios no tienen perspectiva de género, lo que resulta en un impacto desigual de encarcelamiento en las féminas y sus familias.
Por ello, urgió a que se incorporen estos temas en las políticas penales y penitenciarias para un abordaje adecuado de las necesidades de las mujeres privadas de la libertad.
Penales, sin perspectiva de género ni visión de DH
Por su parte, Rodolfo Tadeo Luna de la Mora, encargado de seguridad y justicia del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie), mencionó que la falta de atención a las reclusas debe a la “poca” población femenina que existe con relación al número de hombres, pues se estima de que 6 mil internos, el 10 por ciento es de mujeres, es decir, apenas 600.
Coincidió en que la falta de acceso de salud, los espacios compartidos con hombres y la alta vulnerabilidad de la integridad para las mujeres, es una muestra de ello, lo que arrojó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su último estudió, colocó a las cárceles ubicadas en los municipios de Tecamachalco, Acatlán y Zacatlán entre las 10 peores del país.
Lo anterior –añadió– detonó por el desinterés por parte de los gobiernos “desde hace muchos años”, debido a que en términos presupuestales es más factible rehabilitar o construir otros inmuebles que mejorar las condiciones de los penales.
Finalmente, expuso que los señalamientos de autogobiernos hablan de la mala capacidad de las autoridades encargadas para mantener el orden en estos inmuebles, no sólo en el tema de la seguridad, sino del poder que tienen grupos de poder al interior de las prisiones.
