Además de que sigue siendo dominado por las pasiones de su estilo atrabancado de negociar y sabedor de que otros jefes de gobierno y de Estado lo tachan de jocker, el presidente Donald Trump tiene una agenda oculta amplia en sus negociaciones con México que se reduce a un punto: refrendar la permanencia del nuevo gobierno mexicano bajo el paraguas de seguridad nacional imperial de Washington.

En su Memorándum Ejecutivo del 8 de agosto pasado dirigido al secretario de Estado, Mike Pompeo, Trump resume en tres párrafos sus exigencias a México:

«A lo largo de nuestra frontera sur, México necesita hacer más para detener el flujo de drogas letales que ingresan a nuestro país. Necesitamos que el gobierno mexicano intensifique sus esfuerzos para aumentar la erradicación de la adormidera, la prohibición de drogas ilícitas, los enjuiciamientos y la incautación de activos, y para desarrollar una estrategia integral de control de drogas.

«En particular, la plena cooperación de México es esencial para reducir la producción de heroína y enfrentar la producción ilícita de fontanillo y todas las formas de tráfico de drogas, incluso a través de los puertos de entrada de los EE. UU. Muchos profesionales militares y policías mexicanos, en cooperación con sus homólogos de los EE. UU. están enfrentando valientemente este desafío y confrontando a las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a nuestros dos países.

«Necesitamos ver un compromiso sostenido y unificado de los funcionarios del gobierno mexicano a través de sus agencias militares y civiles y trabajar con sus socios extranjeros. Sin más progreso durante el próximo año, consideraré determinar que México ha fallado demostrablemente en cumplir con sus compromisos internacionales de control de drogas».

El gobierno del presidente López Obrador enfrió la guerra contra las drogas y en los hechos suspendió colaboraciones estratégicas civiles y militares con las agencias de seguridad de los EE. UU., sin que se haya notado algún aumento en el flujo de droga. A lo largo de 2019, el principal problema bilateral de México con los EE. UU. fue la invasión fronteriza de migrantes centroamericanos que pidieron asilo sin cumplir con las reglas migratorias.

El tema del terrorismo fue un plus que siempre ha estado presente desde que agencias de inteligencia de los EE. UU. recibieron informes no probados de que militantes de Hamas, del Estado Islámico y de Al Qaeda estarían llegando a México para cruzar la frontera a los EE. UU. de manera clandestina. Inclusive, se habla de que habría sido detectados en Chiapas algunos personajes vinculados a Al Qaeda.

El problema real con estos tres temas bilaterales –drogas, migrantes y terroristas– tiene una doble responsabilidad que se aprecia en los asuntos de drogas y migrantes: la complicidad en grado de corrupción de funcionarios fronterizos de diferentes agencias estadounidenses. En términos de las prácticas de seguridad nacional, la frontera EE. UU.-México debiera estar sellada –con muro o sin muro–, pero en la realidad la droga pasa porque así lo permiten funcionarios estadounidenses.

A regañadientes, a veces con complicidad y casi siempre por lo inevitable de la vecindad, México se ha cobijado debajo del paraguas de la seguridad nacional de los EE. UU. En ninguna etapa de los años de autonomía relativa, México ha podido deslindarse de esa doctrina imperial. En su Estrategia de Seguridad Nacional de los EE. UU. de diciembre de 2017, el gobierno de Trump ha señalado con claridad que se trata de «una estrategia de seguridad nacional de primero los EE. UU».

La estrategia de seguridad nacional de los EE. UU. que quiere Trump se basa en cuatro pilares cuyo planteamiento proyectan decisiones de imposición internacional y vecinal: defender el american way of life o capitalismo de consumo desenfrenado basado en la exacción de otros países, promover la prosperidad estadunidense, preservar la paz a través de la fuerza, imponer la influencia estadounidense en el mundo occidental.

En su Estrategia de Seguridad Nacional, Trump potencia el miedo para rehacer el poder estadunidense y por eso trata de imponer su doctrina de seguridad como única en el mundo. Esta semana, encaró con violencia verbal y gestual a los países de la OTAN –el Departamento de Defensa de Occidente controlado por los EE. UU.– y exigió que sus socios militares invirtieran no menos del 2 por ciento de su PIB en gasto de defensa.

Estos serían las razones de Trump para presionar a México, a partir de la definición practica de su seguridad nacional: «seguimos siendo una nación en guerra».

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