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La Tropa del Infierno asedia Nuevo Laredo

Héctor De Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, señala que el miedo y el caos regresaron a Nuevo Laredo. El 14 y el 15 de noviembre, sicarios de la llamada Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel del Noreste, sostuvieron cruentos enfrentamientos con elementos del Ejército.

Mientras los tiroteos se desataban en distintos puntos de esa ciudad, los sicarios frenaron con estrellas de metal, de las llamadas “ponchallantas”, el avance de las unidades militares que los perseguían y bloquearon vialidades con tráileres y vehículos a los que les prendieron fuego.

Volvió la percepción de una ciudad en guerra, sumergida en el miedo.

Todo comenzó con la persecución de un vehículo sospechoso. El sonido de las metralletas se extendió a lo largo de tres colonias. Los enfrentamientos dejaron seis sicarios muertos. Uno de los militares perdió la vida y tres más resultaron heridos.

Los militares aseguraron una Barret y varios cartuchos. Pero no hubo detenidos. El 14 de noviembre, los enfrentamientos cesaron abruptamente, “al parecer por una orden dada a través de la red de halconeo”. La alarma se volvió a encender al día siguiente, cuando llegaron reportes de balaceras en las inmediaciones de un Wal Mart.

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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Dupla perfecta. El sector turismo y de salud en México son referentes internacionalmente. Desde Londres, Inglaterra, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) reveló en un reporte que el gasto internacional en productos y servicios por turismo médico creció 358% en términos nominales entre 2000 y 2017. Las economías emergentes más importantes para el turismo médico incluyen a Tailandia, con 589 millones de dólares, Costa Rica con 451 millones y México con 315 millones de dólares. Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO de WTTC, señaló: “Como podemos ver, el turismo médico es un área importante y emergente de interés para el sector de viajes y turismo”. Juntos, turismo y salud, serán, a corto plazo, la tarjeta de presentación de un país que no se doblega. Hay mucho más que balazos.

2. Divorcios. El coordinador de alcaldes del PRD, Víctor Manríquez, anunció que los presidentes municipales recurrirán a la Suprema Corte para ampararse “a las medidas lesivas que impone a los ayuntamientos el Proyecto de Egresos de la Federación, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador”. Alarma al PRD el “raquítico aumento” de recursos para combate a inseguridad en el Presupuesto. Están tan dolidos que hurgan en cada cifra para sacar ventaja comentando lo peor. Ángel Ávila Romero, integrante de la dirigencia colegiada del PRD, afirmó que el Presupuesto 2020 es clientelar y “respira venganza”. Consejo, reconstrúyanse como partido, ganen las elecciones e impongan sus condiciones.

3. Los ganones. Qué coincidencia. El Poder Legislativo federal se salvó del recorte de presupuesto para el 2020. Y rápidamente, para no levantar ámpulas, a nivel interno decidió cortar los gastos en viajes, difusión y propaganda, a fin de mantenerse como un Congreso menos caro respecto al anterior, pues en 2020 calculan que tendrá un costo de 13 mil 540 millones 183 mil 960 pesos; es decir, 8.38% menos oneroso que en 2018, cuando costó 15 mil 574 millones 572 mil 274 pesos. Decidieron cortar el gasto en viajes, al fijarlo en 113 millones 138 mil 124 pesos; cerca de dos millones por debajo de los 115 millones 30 mil 478 pesos de este año. Ambas Cámaras del Congreso registraron un aumento en su presupuesto para alimentos y utensilios, que crece en poco más de 1.5 millones de pesos en cada una de ellas. Que sufran los demás. El Legislativo, no.

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Remember Texas, ¿vientos separatistas en la frontera?

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, señala que tres estados de la República, casualmente los tres ubicados en la frontera con Estados Unidos, han emprendido acciones, declaraciones o movimientos de la mano de sus gobernadores que desafían y cuestionan al poder central de la Federación. Los tres utilizan argumentos en los que acusan ya sea un “abandono”, un “trato injusto e inequitativo” o una “falta de atención” a las necesidades de sus estados; y aunque se trata de señalamientos distintos, unos relacionado con los problemas de inseguridad y violencia en su entidad, otro con un intento de ignorar la Constitución y a las instituciones federales y el otro con el diseño y funcionamiento del pacto fiscal y la distribución de recursos a los estados, al final en Tamaulipas, Baja California y Chihuahua, los discursos de sus gobernadores tienen un mismo tufo separatista.

Se trata de dos gobernadores del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Javier Corral, de Chihuahua, y de un gobernador de Morena, el recién llegado Jaime Bonilla, de Baja California. De estos tres mandatarios locales, al menos dos, Bonilla y Cabeza de Vaca tienen la doble nacionalidad, es decir que ambos son también estadounidenses, uno nacido en San Diego, California, y el otro en Brownsville, Texas. Cada uno con su estilo y con su personalidad y sin que necesariamente haya un punto de confluencia entre las posiciones de los tres, pero estos mandatarios han coincidido en reclamos, declaraciones o acciones en contra del poder federal por distintas razones, pero con un denominador común: un discurso que apela y defiende el orgullo y el interés local de sus estados, con acusaciones y señalamientos a un gobierno central que no atiende de manera puntual y eficiente las necesidades de los habitantes de su entidad y que, por lo tanto, no está cumpliendo con sus obligaciones del Pacto Federal y está dando un trato injusto e inequitativo a las entidades federativas.

El primero en utilizar ese discurso localista y chauvinista fue el gobernador de Baja California. Aún antes de llegar al cargo, cuando todavía era gobernador electo, Jaime Bonilla inició un movimiento que comenzó por cooptar diputados de la mayoría de oposición en el Congreso local para que le aprobaran una reforma a la Constitución del Estado para ampliar el periodo de duración de su gubernatura de los dos años por los que fue electo y votado en las urnas, a cinco años que él consideraba necesarios para poder llevar a cabo sus planes de gobierno. Cuando esa reforma fue severamente cuestionada e impugnada por instituciones federales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el Instituto Nacional Electoral, además de recibir críticas de distintas organizaciones políticas y civiles, el entonces mandatario electo comenzó a utilizar el discurso de la soberanía estatal y de que “los bajacalifornianos decidimos nuestros asuntos” y lanzó consignas como “ya basta del abandono histórico del centro” y de sus imposiciones.

Bonilla es hoy gobernador constitucional, y aunque no se sabe aún con certeza cuánto durará su gestión, porque hay en este momento varias acciones y controversias de constitucionalidad en torno a la reforma estatal que amplió su mandato, está claro que aún siendo del partido oficial y amigo cercano del presidente López Obrador, este empresario de comunicación metido a la política, tiene un movimiento propio que va más allá de lo que opine el centro y el gobierno federal y que reivindica, por encima de su militancia política o su cercanía con el Ejecutivo Federal, una causa local y localista que acusa de “abusos, abandonos e imposiciones” a la Federación hacia Baja California, el estado que tiene la frontera más transitada y dinámica con los Estados Unidos: Tijuana.

El otro caso de un estado que desafía y acusa un trato injusto del poder central es Tamaulipas. Su gobernador, el panista Francisco García Cabeza de Vaca ha sido uno de los más incómodos y críticos hacia la 4T y el presidente López Obrador, quién en casi un año que lleva en el poder se ha negado a recibir en audiencia al mandatario tamaulipeco, a pesar de que éste se lo solicitó en varias ocasiones primero de manera oficial y luego públicamente. Cabeza de Vaca ha acusado que el gobierno federal se ha negado a mandarle toda la ayuda necesaria en materia de seguridad a su estado, que tiene problemas severos, sobre todo en sus municipios fronterizos, donde distintas escisiones y células de cárteles del narcotráfico se disputan con violencia el control de plazas y territorios. Desde la negativa a mandar la Guardia Nacional a Tamaulipas, hasta la cancelación de retenes y puestos de vigilancia en zonas conflictivas, el gobernador ha acusado directamente a la Federación de la situación de descomposición y violencia que viven Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

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Otras reglas del juego

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que la familia LeBarón se sumó a la demanda del gobernador de Tamaulipas de considerar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

No es, contra lo que pudiera pensarse, un debate de conceptos. Es mucho más que eso.

Si el gobierno de Estados Unidos se suma a esta categorización, se abriría la posibilidad de instrumentar operaciones de los marines en territorio mexicano, lo que supondría un cambio diametral en las reglas del juego.

La demanda de la familia LeBarón puede contenerse si el atroz crimen de sus integrantes se soluciona. Es importante que no quede impune.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que aunque el Presidente envió una terna al Senado para ocupar la posición vacante en la Suprema Corte, la realidad es que se trata de una carrera de dos.

Por un lado, Margarita Ríos-Farjat, titular del SAT, representa un brazo más del Ejecutivo; por el otro, Ana Laura Magaloni es una reconocida constitucionalista que no forma parte del actual gobierno, por lo que el coordinador morenista, Ricardo Monreal, tendrá que decidir entre imponer a un alfil más del gobierno o ganar credibilidad con la designación de una académica prestigiada.

Y es que al parecer será un proceso rápido, por lo ajustado de los tiempos legislativos: menos de 10 días para recuperar la calma senatorial después de lo que pasó con la designación de la nueva presidenta de la CNDH. A ver.

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La prueba de los hechos: ¿qué tan democrática es la 4T?

Ricardo Raphael en su columna Política Zoom, publicada en El Universal, indica que la crisis peor de la 4T no fue el desastroso proceso para nombrar a Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); en términos de definiciones trascendentes el desafío clave será el nombramiento de la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A estas alturas es irrelevante si la señora Piedra era la mejor opción. Lo principal de ese episodio es el procedimiento que hizo pedazos la confianza dentro del Senado. El pueblo votó en julio del año pasado y decidió no entregarle a Andrés Manuel López Obrador el control en la Cámara alta para las decisiones que requieren mayoría de dos tercios.

Esto quiere decir que ni las reformas constitucionales, ni los nombramientos que necesitan mayoría relativa (dos tercios) pueden celebrarse sin la concurrencia de las oposiciones. En ambos temas, respetar al pueblo significa –sin ambigüedades– construir acuerdos con quienes no son aliados incondicionales del Presidente, ni de su partido, Morena.

La crisis del nombramiento de la señora Piedra como titular de la CNDH tiene que ver con la ruptura de las negociaciones con la oposición, es decir, con la suposición de que es posible pasar por encima de la decisión popular de dividir el poder en esa Cámara.

El balance de este episodio no acepta interpretación. La mayoría engañó a las minorías y lo hizo tres veces: cuando mintió a propósito de la pertenencia de la señora Piedra al Consejo Nacional de Morena, cuando truqueó la votación para simular que su candidatura obtuvo dos tercios del voto, y cuando engañó con la propuesta de reponer un procedimiento que, al final, quebrantó.

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