Para concretar la reapertura del caso Chalchihuapan, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla debe tomar el caso en sus manos, pues omitió hacerlo con Adolfo Sánchez Badillo en 2014, e integrar una comisión de la verdad con la FGE, el gobierno estatal y las víctimas.
Así lo planteó Hilario Gallegos Gómez, representante legal de los pobladores dicha comunidad, quien señaló que, a un mes de que Miguel Barbosa Huerta manifestara su disposición a retomar el asunto, los agraviados aún esperan que la administración les exponga una ruta legal.
“Estamos esperando que nos digan el cómo. No queremos que se quede como un tema mediático o una cortina de humo (…) Sabemos que para la CNDH el caso está cerrado, por la que la CDH es la que debe decirnos como vamos a proceder pues nunca conoció el caso”, explicó en entrevista con Ángulo 7.
En este sentido, previó que deberá ser la CDH, ahora a cargo de Félix Cerezo Vélez, la que deberá sentarse con los agraviados en una mesa de trabajo para determinar si revisa el expediente de la recomendación de la CNDH, compuesto por 50 tomos, o inicia una nueva carpeta.
Rrecordó que, hace una semana, Elia Tamayo Montes, madre del niño Alberto Tehuatlie Tamayo, presuntamente asesinado por fuerzas estatales en San Bernardino Chalchihuapan, entregó una solicitud de reapertura del caso a Rosario Piedra Ibarra, presidenta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En ese documento, también presentado ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, la madre del menor fallecido y otras víctimas de la misma comunidad enfatizan que hace falta fincar responsabilidades a Víctor Carrancá Bourguet, titular de la FGE con licencia, y Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad, y Pablo Piña Kourzain, exconsejero jurídico del gobierno de Puebla.
Acusan a los exfuncionarios estatales de “manipular información” e “inculpar a inocentes” para eludir acciones legales contra la administración que entonces encabezaba por el fallecido panista Rafael Moreno Valle.
Al momento, no han recibido respuesta de Presidencia de la República ni de la ombudsperson nacional.
De acuerdo con Gallegos Gómez, la intención de esta petición es que la CNDH les aclare a las víctimas si procede reabrir su recomendación 2014/2VG sobre el caso, como planteó Barbosa Huerta, pues desde el enero de 2018, bajo la gestión Luis Raúl González Pérez, declaró que el gobierno Antonio Gali Fayad, amigo y sucesor de Moreno Valle, había dado “cumplimiento total” al oficio.
En cuanto a la CDH, señaló que lo ideal es que encabece una “comisión de la verdad para el caso Chalchihuapan”, integrada también por la Fiscalía General del Estado (FGE), un representante del gobierno estatal y las víctimas.
