La reelección del rector Enrique Graue Wiechers ha comenzado a desestabilizar la UNAM y ha causado molestias en los dos candidatos registrados por la decisión de la Junta de Gobierno asumida en Palacio Nacional. El proceso de designación de rector fue una farsa que lastimó a dos áreas importantes de la Universidad: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
La nominación de Graue para un segundo periodo fue un tongo para disfrazar un proceso institucional manejado antes en el PRI y ahora en Morena. De nueva cuenta, los candidatos registrados de buena fe y la comunidad universitaria fueron defraudados por un esquema autoritario que ha convertido a la UNAM en un área paraestatal.
Graue ganó por un pacto Morena-PRI-mafia de exrectores. El programa de trabajo de Graue para inscribirse como candidato a la reelección fue el mismo que presentó hace cuatro años; es decir, se comprometió a realizar reformas que antes no pudo, no quiso o simplemente las enumeró como parte de su demagogia.
Desde 1999, con el arribo de Juan Ramón de la Fuente Ramírez a la rectoría procedente del gabinete presidencial de Zedillo y de su fracaso como precandidato presidencial priísta, la UNAM reconfirmó su dependencia absoluta del poder presidencial central y del partido en el poder: lo mismo con el PRI y el PAN y ahora con Morena.
Más que un rector, la UNAM ha necesitado desde el 68 a un administrador de intereses y un regulador de conflictos. Por sí misma, la autoridad legal del rector le impide ejercer un gobierno interno y su tarea es distribuir los recursos entre los grupos de interés que han desarticulado el funcionamiento académico, primero, y educativo, después.
Desde el rectorado sustituto de Guillermo Soberón por la decisión presidencial en 1973 de derrocar a Pablo González Casanova, los rectores de la UNAM han salido del gabinete presidencial o del PRI o han salido para ocupar posiciones de poder en el gobierno o en el partido en el poder. Existió el caso extremo de José Narro Robles, quien salió del PRI y del segundo nivel del gabinete presidencial para ir a la rectoría dos periodos, luego regresar al gabinete presidencial de Peña Nieto y competir como priísta por la candidatura presidencial del 2018 aceptando las humillaciones de Peña Nieto porque ya había decidido por José Antonio Meade Kuribreña y toda la competencia interna fue una pantomima.
Pero la UNAM es una bomba de tiempo de contradicciones y disputas por el poder. A los grupos estudiantiles y académicos se han agregado ya bandas delictivas que tienen el control de pasillos y jardines para la distribución de drogas y de grupos clandestinos violentos y armados que han abierto refugios para radicales anarquistas. En sus primeros cuatro años Graue no ha hecho sino lo que sus antecesores: congeniar con grupos de interés extrauniversitario y distribuir beneficios económicos y áreas de actividades clandestinas.
Desde el intento del rector Jorge Carpizo MacGregor de subir las cuotas a niveles aceptables que ayudaran a financiar a la Universidad, ningún rector ni ningún presidente de la república se ha atrevido a entrarle a la reforma estructural de la UNAM. El gigantismo, el deterioro salarial por el control presupuestal sindical, los grupos académicos que dominan las decisiones, la dependencia del rector de las decisiones presidenciales y la pérdida de influencia académica de la UNAM en la realidad nacional han convertido a la Universidad en una oficina de control estudiantil.
El gran desafío que presentó la pantomima de la reelección del rector obliga a Graue a cuando menos hacer un intento por plantear la reforma de la UNAM y a propiciar la multiplicación de universidades públicas que le quiten el dominio presupuestal y académico. Pero, sobre todo, la UNAM necesita un rector que ponga orden y autoridad en una rectoría que se dedica solo a redistribuir el poder entre grupos de interés universitario y extrauniversitario.
Sin embargo, desde ahora se sabe: Graue no es el rector para una tarea de esa envergadura y sólo administrará la crisis.
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CNDH, estreno. La nueva presidenta de la comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, tuvo un estreno previsible: la exhibición del desconocimiento de sus funciones y la falta de información sobre la crisis de derechos humanos en el sector específico de los periodistas. El problema es que los periodistas y activistas de derechos humanos hostigados y asesinados son esas “víctimas” que la nueva funcionaria dijo representar. Mal empieza quien no sabe qué ocurre en las tareas asignadas contra viento y marea.
Política para dummies: La política es la habilidad de tomar decisiones engañosas, pero que pasen como veraces.
@carlosramirezh
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