La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó cateo ilegal, tortura y privación ilegal de la libertad a un hombre durante su detención en Tehuacán por parte de elementos de la marina en 2011.
La detención se registró el 20 de septiembre de 2011, entre las 7:00 u 8:00 horas, cuando el sujeto se encontraba en un domicilio no identificado, en compañía de su novia y tres personas más, instante en que escuchó un fuerte golpe en la entrada de la casa, logrando observar a elementos de la marina que portaban pasamontañas, de acuerdo con una recomendación del organismo nacional.
Al ingresar en el domicilio, el hombre cuestionó a los elementos por qué irrumpían en el domicilio, hecho por el cual lo golpearon y lo esposaron, mientras que los agentes de la marina le preguntaron por una persona a la que le decían “La Santa Muerte” por lo que al no responder lo que ellos querían, le amarraron las piernas y lo golpearon con un martillo en la parte del abdomen y en la espalda en repetidas ocasiones.
Posteriormente, conectaron unos cables a una toma de corriente y le colocaron uno en la espalda y el otro en la oreja, mientras le realizaban una serie de preguntas; al desconocer lo que le preguntaban, desataron sus piernas y con un lazo amarraron cada pie para después abrir sus piernas propinándole golpes en los testículos.
Entre las torturas que relata, se encuentran diversos golpes con martillo en el abdomen, obstrucción de la respiración, shocks en los testículos, golpes con una tabla y amputación de un pedazo de lengua, previo a ser privado de la libertad.
Dos días más tarde, su presunta pareja, quien era menor, rindió su comparecencia en la que manifestó haber sido retenida en contra de su voluntad y que fue agredida sexualmente por el sujeto detenido.
El 11 de junio de 2014, se dictó sentencia condenatoria en la causa penal 5, en la que resolvió que el detenido fue penalmente responsable de los delitos de: privación ilegal de la libertad; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; delitos contra la salud, y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Ante esto, en marzo del 2017 se interpuso una denuncia ante la CNDH que resolvió la violación a los derechos humanos a la inviolabilidad al domicilio del señalado, así como inconsistencias en la relatoría de los hechos y en la declaración de la presunta víctima.
10 casos por tortura de la Semar
Este hecho se suma a los ocurridos en diferentes momentos en los estados de Coahuila, Guerrero, Nayarit, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas, cuando elementos de diversas zonas navales de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron la detención arbitraria de 10 personas y que durante el tiempo que estuvieron bajo su custodia sufrieron actos de tortura.
Por lo anterior, el organismo concentró todos los expedientes de queja para resolverlos en la Recomendación por Violaciones Graves 29VG/2019.
Además, acreditó que tales acciones están relacionadas con una práctica o patrón de actuación que suele ocurrir cuando los elementos navales realizan detenciones de personas alegando supuestos casos de flagrancia o de denuncias anónimas y que derivan en actos violatorios de derechos humanos.
Por lo anterior, la CNDH recomendó al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, reparar el daño ocasionado a los 10 hombres, conforme a la Ley General de Víctimas e inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia y queja que la CNDH formule ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la instancia competente de la Semar, respectivamente, contra los elementos navales involucrados en los hechos.
Además, deberá capacitar al personal de la Semar, incluido el personal médico, en materia de respeto a derechos humanos, enfocados a la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y aplicar efectivamente el “Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas”, en todos sus operativos, en relación con el uso de cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio.
Mientras que a la FGR, pidió continuar con la práctica de las diligencias que sean legal y materialmente necesarias para determinar conforme a derecho las cinco averiguaciones previas existentes, y colaborar con el organismo en la presentación y seguimiento de la denuncia y queja que promueva ante las instancias competentes de esa Fiscalía contra los agentes del Ministerio Público (MP) responsables.