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Confrontamiento al interior del SNTE y todo pinta “color hormiga” para Felipe Patjane

Toño Vázquez, negocios al amparo del ayuntamiento teziuteco

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que aunque el actual ayuntamiento de Teziutlán ya presentó sendas denuncias por peculado y desvío de recursos públicos en contra del ex presidente municipal Edgar Antonio Vázquez Hernández y algunos de los que fueron sus funcionarios como la tesorera Alejandra Gallegos Díaz, la contralora Leticia Viveros Hernández, y el director general y la directora administrativa del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable, René Salazar García e Ivonne del Carmen Campos Camacho, por un monto global que supera los 10 millones de pesos, la verdad es que esa querella se queda corta.

Muy corta porque en realidad los negocios que el panista Antonio Vázquez amasó a su paso por la presidencia municipal de Teziutlán rebasan por mucho esa cantidad, considerando que éste pudo hacerse en menos de cuatro años de una gasolinería y un hotel.

Si la gestión del actual alcalde Carlos Peredo Grau de verdad quiere indagar el tamaño del peculado cometido por su antecesor entonces tiene que concentrarse en los negocios de éste, como la empresa Blue Gas SA de CV constituida el 22 de noviembre de 2018, y en los contratistas y proveedores que más pagos recibieron del ayuntamiento durante el periodo de 2014 a 2018.

Si cruza esa información y pide el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda o de la Fiscalía General del Estado (FGE), seguramente descubrirá que varios de esos proveedores también pagaron moches por las obras, productos y servicios que les fueron contratados y liquidados con sobrecostos.

Dichos moches no se entregaron directamente al edil Antonio Vázquez, sino a familiares suyos como su padre Antonio Del Fueyo Álvarez o colaboradores muy cercanos como su asistente Rodrigo Pérez Vega y algunos de sus socios en Blue Gas, entre ellos Eugenia Martínez Guerrero y Severiano Delgado Zavala, quien fue su regidor de Obras Públicas en su gestión municipal.

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Melitón Lozano y secciones del SNTE miden fuerzas

La columna De boca e boca, publicada en Ángulo 7, indica que : Tal parece que entre el secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez y las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ya hay un pleito encarnizado.

Lo anterior subió de tono el pasado viernes, cuando las dirigencias sindicales giraron un escrito a los maestros para que no se presentarán a trabajar el 1 de noviembre y quien no lo acatará dejaría de tener el respaldo cuando enfrente problemas.

Al enterarse de esa orden, dicen las fuentes consultadas, el titular de la dependencia estatal de inmediato giro otro oficio que se aplicaría el descuento respectivo por no asistir a trabajar, ya que no estaba considerado día de asueto.

Sin embargo, esa confrontación es una de tantas que viene ocurriendo, porque tal parece que ninguna de las partes se dejará. Melitón Lozano no permitirá que el SNTE con sus secciones se quiera inmiscuir en imponer condiciones de cómo se debe llevar la dependencia; mientras que los dirigentes no quieren apegarse a las nuevas disposiciones que antes no tenían.

Bracamonte en programa de becarios

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A la caza de morenovallistas

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, señala que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pusiera en la mira a Eukid Castañón Herrera y procediera a congelarle sus cuentas bancarias es una muy mala noticia para los operadores económicos y políticos del fallecido Rafael Moreno Valle, pero sobre todo para aquellos que ocuparon las posiciones más cercanas a él.

Investigar y proceder contra Castañón por presunto lavado de dinero significa que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta se ha tomado muy en serio sus pretensiones de castigar los abusos que sus enemigos habrían cometido en el pasado y que cuenta con el respaldo de la administración federal, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para hacerlo.

Al ex diputado local y federal del PAN no le sirvió mandarle a Miguel Barbosa mensajes de paz tras la muerte de Moreno Valle y Martha Erika Alonso, como tampoco mantenerse al margen de la contienda extraordinaria de gobernador, sin meter las manos en favor del panismo y de su candidato Enrique Cárdenas Sánchez.

Esos intentos de pacificación, de poco valor sin Moreno Valle en escena, con un abanderado a gobernador divorciado del partido que lo postuló y sin posibilidades de ganarle a Morena, no borraron de la memoria del nuevo mandatario el papel de Castañón como principal operador electoral del partido blanquiazul en los comicios de 2018, precisamente, los que lastimaron y dejaron una profunda huella en el político nacido en Zinacatepec.

Ahora Castañón deberá defenderse de manera individual y por la vía jurídica, como lo empezó a hacer al promover un amparo con el que busca retomar el control del dinero que le congelaron.

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Amañada la selección del nuevo ombudsman

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que ayer advertíamos en este espacio, dijimos que era necesaria la transparencia para conocer cuáles fueron los criterios que aplicaron los diputados para “depurar” la lista de los aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Piensa mal y acertarás, reza el dicho y aplica perfectamente en este caso. La opacidad o la negativa de los integrantes de la comisión para informar cuál era la “calificación” de los aspirantes a presidir la CEDH, tuvo un trasfondo bastante sombrío.

Este miércoles estamos en condiciones de informales que los lineamientos originales de la convocatoria se alteraron, precisamente en lo referente a la calificación y para ser más precisos, en los criterios que se utilizaron para evaluar los aspectos “cualitativos” de los 24 aspirantes que comparecieron.

Un punto que al parecer se sacaron de la manga los legisladores fue el de las calificaciones “cualitativas”, que mañosamente tuvieron más peso y “adecuaron” a los candidatos para que los “preferidos” e incluso algunos exmorenovallistas, pudieran pasar a la siguiente ronda.

Así la preparación académica, la experiencia curricular y hasta el programa de trabajo que presentó cada uno de los 24 interesados en ser titular de la CEDH, pasó a segundo término porque al final, con un chanchullo, los diputados “impulsaron” con excelentes notas a sus recomendados.

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MP que investigó muerte de MEAH protege a menor que destruyó una casa y un vehículo

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que un nuevo escándalo de corrupción y tráfico de influencias envuelve a la gestión de Gilberto Higuera Bernal al frente de la Fiscalía General de Justicia (FGE). Resulta que un menor de edad –que es hijo del propietario de un famoso hospital privado– con su auto MercedesBenz destruyó un vehículo y un local comercial. Lejos de ser sancionado, en el Ministerio Público (MP) se le dio impunidad pues se le libró de toda culpa, de manera clara e indebida. El caso fue trasladado a la Agencia Anticorrupción y el Órgano de Control Interno de la FGE, en donde lleva dos meses “congelado” el expediente, para evitar que se sancione a los funcionarios que actuaron ilegalmente.

Una figura central en este entramado de corrupción y abusos es Fidel Sánchez Rueda, el agente del Ministerio Público –que el 24 de diciembre de 2018– se encargó de la carpeta de investigación por las muertes de la entonces gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y del senador Rafael Moreno Valle Rosas.

Fidel Sánchez Rueda, quien ahora es agente del MP en el área de delitos culposos, parece ser un personaje intocable dentro de la FGE, siendo esa la razón por la cual no se le quiere investigar por el manejo ilegal que se le dio a este asunto.

Todo empezó el 11 de octubre del año pasado, cuando un joven de apenas 16 años de edad manejaba a más de 100 kilómetros de velocidad un auto MercedesBenz, modelo 2015, el cual terminó su alocada carrera al impactarse contra una camioneta Toyota y un local comercial.

El monto de los daños, de acuerdo con cálculos conservadores, en un primer momento se estimó de la siguiente manera: 120 mil pesos por los destrozos al vehículo Toyota, junto con 12 mil pesos por el pago de piso de corralón, así como 60 mil pesos por las pérdidas sufridas en el comercio.

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Lastiri, en las catacumbas de la 4T

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que al priista Juan Carlos Lastiri le aplicaron el coopelas o cuello, ante lo endeble de las acusaciones contra la ex secretaria Rosario Robles Berlanga, presa en el penal de Santa Martha Acatitla.

A las catacumbas de la 4T se lo llevaron para que “colaborara”. El operativo de detención fue un montaje. Al final, sabe lo que hizo el sexenio pasado su ex jefa en Desarrollo Social y Desarrollo Urbano y Territorial.

La suya ha sido una historia de traiciones y delaciones. Del marinismo saltó al morenovallismo, donde se olvidó de todos y todas. Siempre con la supervisión del peñismo, a través del poderoso Jorge Márquez, en Gobernación.

Juan Carlos fue perdonado por Moreno Valle por las irregularidades que cometió en sus nueve meses como secretario de Desarrollo Social en la gestión de Mario Marín.

La Auditoría encontró “falsificación de firmas, facturas y fotografías para justificar la inversión de más de 50 millones de pesos, dentro del programa Unidos para Progresar.

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En capilla, el “padrino de Puebla”

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, señala que juran las voces más enteradas de los asuntos de la vida pública nacional, que el próximo personaje que será alcanzado por el boomerang del ajuste de cuentas con el pasado será el ex secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Gerardo Ruiz Esparza.

Que la espada de Damocles ya pende sobre su cabeza y que falta únicamente afinar detalles y esperar el momento idóneo en términos de opinión pública y publicada, para ir por él.

Como funcionario público del gobierno de Enrique Peña Nieto, Ruiz Esparza fue uno de los garantes de los amarres políticos y económicos que se lograron con el gobierno de Rafael Moreno Valle.

En plena crisis de credibilidad y con la aceptación en niveles mínimos históricos, los estrategas del presidente propusieron que, para posicionar las acciones del gobierno federal en entidades federativas gobernadas por la oposición, los secretarios de estado se erigieran como “padrinos” de estas demarcaciones.

Se trataba, en teoría, de realizar un intenso trabajo de coordinación institucional, para que la población en general conociera los alcances y beneficios de la aplicación de los programas federales y que se distinguieran y contrastaran con las políticas públicas implementadas por los gobernadores.

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Regalo de boda: un autoooo de formal prisión

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, indica que Felipe Patjane estiró y estiró la liga hasta que la rompió. Muy pronto no sólo perderá la silla de presidente municipal de Tehuacán, sino hasta la libertad, por lo que tendrá difícil llegar a su boda con Paulina Vargas dentro de diez días en Cuernavaca. Y si lo hace, deberá llevar un amparo en el bolsillo de su jaquet.

No es difícil escribir la historia de la caída de Patjane, que al principio de su decepcionante carrera política recibió todos los privilegios de Luis Miguel Barbosa, quien en público y en privado lo llamaba su ahijado.

Primero fue la pérdida de confianza, luego la traición abierta, más tarde el desgobierno, luego el saqueo del erario y, finalmente, la rebelión alentada por su propia familia con vínculos panistas, pero también por Alejandro Armenta, quien le dio cobijo a Patjane los dos últimos días en el Senado en búsqueda de una audiencia con Ricardo Monreal que le sirviera de escudo ante su inminente destitución.

En esa trama, el saqueo de las arcas de Tehuacán toma un elemento central en los próximos movimientos, pues está plenamente documentado que Patjane dispuso de 120 millones de pesos de forma discrecional, sin los mínimos elementos de comprobación ante la contraloría municipal y la Auditoría Superior del Estado.

Tan documentado está el saqueo que, desde el domingo pasado, los ex funcionarios municipales que Patjane despidió se encuentran declarando ante la Fiscalía General del Estado los tejes y manejes del edil, quien no se cuidó en lo mínimo.

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