Segunda parte

En la presentación de la Cartilla Moral hecha por Alfonso Reyes (1952) y retocada por Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, expone que “la decadencia que hemos padecido por muchos años se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y de satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales”. La Cartilla Moral, asevera el Presidente en su presentación, “es nuestra propuesta para lograr el renacimiento de México busca hacer realidad el progreso con justicia y promover una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al próximo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad”. Así entendida la moral, la burocracia dorada se encuentra, fáctica e idealmente, muy distantes de los principios morales expuestos en la Cartilla.

La burocracia dorada se refiere al personal directivo de las instituciones gubernamentales, descentralizadas y autónomas, los cuales perciben salarios y prerrogativas muy por arriba de los demás trabajadores. Andrés Manuel López Obrador en su libro (La Salida, 2017 editorial Planeta) plantea que: “la burocracia dorada en nuestro país se distingue por ser la que más gana en el mundo, por consumir la mayor cantidad de presupuesto y por devengar sueldos superiores a los recibidos por los empleados del sector privado”.

En el caso de las universidades, he dicho y sostengo, que una razón que ha empeorado su crisis financiera, es el peso económico que ha implicado mantener a esta burocracia, cuyos principios y valores humanos están ancladas a una moral utilitaria, que se profundizó con la globalización financiera. Por ejemplo, en la BUAP el personal directivo fue, para 2018, de 54 categorías, de las cuales 52 tuvieron salarios por encima de un P-I Titular C Tiempo Completo, categoría máxima a la que podemos aspirar la/os académica/os.

Pero no sólo son los altos salarios, la degradación moral de esta burocracia también se expresa en actos de presunta corrupción. Al respecto, anotaremos tres ejemplos para ilustrar el comportamiento inmoral de la burocracia dorada de la BUAP. El caso de mayor relevancia es, sin duda, la denuncia que presentó el 2 de septiembre de este año, el ex dueño de Lobos, Mario Mendívil Blanco, y el grupo empresarial de Ciudad Juárez que adquirió la sociedad Garden Teas como parte del proceso de la compra de la franquicia de la LigaMX que fuera del equipo Lobos-BUAP, en contra de Alfonso Esparza Ortiz, por los delitos de desviación de recursos públicos por un monto de 466 millones de pesos, uso de recursos de procedencia ilícita, peculado y los delitos que se deriven, por destinar recursos de la BUAP a la Asociación Civil Lobos BUAP de forma ilegal (https://bit.ly/2NeDJ1q).

De acuerdo con información proporcionada por el diario Cambio (https://bit.ly/2WFulGX), el equipo Lobos BUAP AC nunca fue patrimonio de la universidad, sino de personas físicas, hecho que reconoció Alfonso Esparza cuando declaró: “hay una denuncia penal en contra de Alfonso Esparza, de esa me voy a encargar yo y no voy a involucrar a la institución” (https://bit.ly/2qfXI6S).

Sin embargo, a contracorriente de su discurso, el rector Esparza siempre ha buscado la protección de los miembros del H. Consejo Universitario quienes, en varias ocasionados, lo han exonerado del desvío de recursos para Lobos BUAP AC, como si tuvieran facultades jurídicas para ello. En la última sesión del máximo órgano de gobierno de la BUAP, realizada el 24 de octubre, los consejeros Directores Martha Alicia Palomino Ovando, Francisco Vélez Pliego, Jesús Francisco López Olguín, Eduardo Monjaraz Guzmán, Jorge Cerna Cortez, María Eugenia Mendoza Álvarez y Francisco José Rodríguez Escobedo, plantearon que “no permitirán la injerencia de agentes externos que tengan como único fin dañar a la BUAP” (https://bit.ly/32fJtMo).

No es la primera vez que la burocracia pretende confundir a la opinión pública y universitaria, al tratar de hacernos creer que el rector es lo mismo que la BUAP, algo que está muy alejado de la realidad. La Ley de la BUAP plantea, en el Artículo 15 que “el rector es el representante legal de la institución y presidente del Consejo Universitario” (https://bit.ly/33eqMKD). Se trata de un cargo pasajero que puede durar máximo 8 años. Por su parte, la BUAP es una institución con “una larga historia que se remonta al 9 de mayo de 1578, cuando un grupo de religiosos jesuitas establecieron su residencia en Puebla, y a petición expresa del Cabildo de la ciudad fundaron el Seminario de la Compañía de Jesús de San Jerónimo” (https://www.buap.mx/node/114). Según el artículo primero de la Ley, la BUAP: “es un organismo público descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene por objeto contribuir a la prestación de los servicios educativos en los niveles Medio Superior y Superior; realizar investigaciones científica, tecnológica y humanística y coadyuvar al estudio, preservación, acrecentamiento y difusión de la cultura”.

Por estas y otras razones, la/os Consejera/os universitaria/os le deben lealtad a la BUAP y no a un rector acusado de delitos graves como los ya mencionados. De haber actuado conforme a la legislación universitaria la/os Consejera/os universitaria/os debieron haber exigido la renuncia del rector o proceder a removerlo por su presunta responsabilidad de “disponer del patrimonio de la Universidad contraviniendo su objeto y fines (Articulo 14, apartado V, inciso b) de la Ley de la BUAP). Pero es obvio que la gran mayoría de los miembros del H. Consejo Universitario, le tienen más lealtad al rector que a la propia BUAP. ¿Qué pasará con ella/os si la Fiscalía General del Estado encuentra culpable a Alfonso Esparza Ortiz?

Estamos en plena 4T; sin embargo, la burocracia dorada de la BUAP cree que todavía se viven los tiempos en que la justicia mexicana se vendía al mejor postor, brindando protección e impunidad a los grandes delincuentes de cuello blanco que, sin ningún escrúpulo moral, atracaron a la nación mediante el robo millonario del erario público.

En la última entrega para el portal de Ángulo 7, me referiré a los dos ejemplos que están pendientes. El primero referido al pago inmoral de honorarios millonarios a académicos de la BUAP y el segundo alusivo a una rueda de prensa que fue dada por inmorales académicos, en las propias instalaciones de la BUAP, para denostar a mi persona.

Palabras agudas

¿Por qué la/os Comisionada/os del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (Itaipue), no obligan a la burocracia dorada de la BUAP a dar información referida con las empresas outsourcing que subcontratan personal para ejecutar distintos servicios en la BUAP? ¿Acaso algunos de sus familiares se encuentran en la nómina de la BUAP?

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