El Congreso de Puebla ya analiza la iniciativa para crear la Agencia de Energía como un OPD para desarrollar proyectos sustentables; el director será alguien que no haya sido candidato para ocupar un cargo público de elección en los tres años anteriores a la designación.
Las comisiones de Hacienda y Patrimonio Municipal, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático son las encargadas de analizar la propuesta que envió el gobernador Miguel Barbosa Huerta para crear dicho Organismo Público Descentralizado (OPD), por lo que, de aprobarse, estará sectorizado a la Secretaría de Economía y tendrá autonomía.
La agencia tendrá su domicilio legal en la zona metropolitana con las siguientes atribuciones: proponer al mandatario el proyecto del programa para el fomento de desarrollo energético sustentable para Puebla, en enero de cada año con horizonte de un lustro.
Otro de sus retos es impulsar, mediante la coordinación con las dependencias, la política del desarrollo económico, fortalecer la vinculación con sectores social y privado interesados en ubicarse en el estado así como promover el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales de Puebla.
Podrá participar en Asociaciones Público Privadas (APP), impulsar la gestión de riesgos sociales y ambientales derivados de proyectos energéticos y promover la consolidación de la demanda de gas natural y electricidad para el suministro competitivo.
Respetar autonomía y cargos honoríficos
Como parte de los elementos con los que se deberá regir, destaca el respeto a la autonomía de los gobiernos municipales, proteger el medio ambiente y tener visión a largo plazo.
En sus prioridades, resalta el incrementar la competitividad del estado, coadyuvar al desarrollo de las industrias eléctrica y de hidrocarburos y, gestionar oportunidades de inversión pública y privada en proyectos para Puebla.
De su organización, la iniciativa señala que la Agencia de Energía estará a cargo de una junta de gobierno –que se apoyará de un Comité Técnico Especializado–, director y unidades administrativas que sean necesarias para que trabaje eficientemente.
La junta –que sesionará cada tres meses— será la máxima autoridad conformada por el presidente (gobernador), presidente ejecutivo (Secretario de Economía) y cinco vocales (secretarios de Planeación y Finanzas, Desarrollo Rural, Infraestructura, Bienestar y Medio Ambiente).
Todos estos cargos serán honoríficos, es decir que quienes los asuman no recibirán retribución.
El director será propuesto por el gobernador y nombrado por la Junta de Gobierno; los requisitos que deberá reunir son tener título y cédula profesional de licenciatura; contar con experiencia en la materia, no encontrar en algún conflicto de interés y, no haber sido candidato para ocupar un cargo público de elección popular (postulantes a regidores, síndicos, ediles o gobernador) en los tres años anteriores a la designación.
Los otros son que goce de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.
Precios accesibles en comunidades rurales
Dicho OPD tendrá mecanismos para colaborar con dependencias: con la de Medio Ambiente coadyuvará en la aplicación de medidas necesarias para mitigar los impactos ambientales y promover mecanismos para la ubicación especial de infraestructura vinculada con proyectos de industrias de la energía.
Con autoridades federal, podrá definir las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales para el fomento de inversión directa en industrias de energía, en tanto que con Infraestructura y de Movilidad y Transporte, promoverá apoyos al desarrollo de obras públicas que incluyan medidas que fomenten el uso eficiente de la energía.
También incentivará el desarrollo energético sustentable en materia de movilidad e invertir en redes de transporte público urbano e interurbano.
Con la Secretaría de Educación Pública (SEP), promoverá apoyos relacionados con el desarrollo de capital humano especializado, además de que, con la participación de autoridades federales y empresas productivas, impulsará la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas, a fin de obtener precios accesibles.
De aprobarse, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE) y el gobernador tendrá un plazo no mayor a 30 días, contados a partir de la instalación de la junta de gobierno, para emitir los decretos de creación del Fideicomiso para el Desarrollo Energético y del Fondo para el Bienestar Social del gobierno.