Politiza la 4T de Puebla la revocación de las notarías
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que el consejero jurídico del gobernador Luis Miguel Barbosa, Ricardo Velázquez Cruz, se encargó este martes de politizar —cuando no había ninguna necesidad— la decisión de revocar las 29 notarías otorgadas por el gobernador ex Rafael Moreno Valle al final de su sexenio, al asegurar que varias de esas patentes son manejadas, controladas u operadas por políticos morenovallistas como Eukid Castañón, Roberto Moya Clemente, Mercedes Aguilar López, Ángel Trauwitz Echeguren, Mario Rincón González y Verónica Sobrado Rodríguez, entre otros.
En lugar de explicar, notaría por notaría, qué requisitos legales incumplieron o violentaron los favorecidos con una de estas patentes, el consejero jurídico optó por las generalidades y la descalificación política, en un ánimo más revanchista que legal.
Ricardo Velázquez declaró que el gobierno del estado investiga y podría fincar delitos a los beneficiados y sus prestanombres por uso indebido de documentos, falsedad de declaraciones y asociación delictuosa, sin embargo, aclaró que no todos los actos y operaciones protocolizados en estas notarías serán nulos o inexistentes, pues lo que se busca es proteger y dar certeza jurídica a la ciudadanía.
Los que se van a cancelar son aquellos donde no haya habido buena fe de algunas de las partes o donde los vicios de ilegalidad sean evidentes, dijo.
Unos y otros serán evaluados, caso por caso, por una comisión en la que participará la Consejería Jurídica, puntualizó.
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Tras revocarse notarías, el TSJ también requiere una limpia
La columna De boca e boca, publicada en Ángulo 7, indica que después de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta ordenará revocar las patentes de notarías a exmorenovallistas, debido a irregularidades, también en el Poder Judicial del estado debería haber una limpia y el magistrado Jorge Benito Cruz Bermúdez tendría que renunciar.
Hay que recordar que Antonio Gali Fayad como titular del Ejecutivo del estado, propuso en la recta final de su administración al experredista para ser parte del Tribunal Superior de Justicia, pese a que no cumplía con los requisitos, entre ellos la experiencia de impartidor de justicia, osea juez o mínimo haber ejercido por años como abogado.
Aun así la legislatura pasada avaló con 29 votos a favor, siete en contra y una abstención dicho nombramiento el 31 de agosto de 2018, para sustituir al jubilado Manuel Nicolás Ríos Torres.
Días antes a esa designación, el entonces excandidato de Morena y ahora gobernador Barbosa Huerta, decía que si se daba la designación de Cruz Bermúdez, sería un acto de sumisión al morenovallismo.
Habrá que esperar si el mandatario poblano alza la voz en este tema y si el TSJ toma cartas en el asunto.
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Los días contados de Manzanilla
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que uno de los personajes que lucía como uno de los hombres a seguir durante el sexenio de Miguel Barbosa sin duda era el secretario de gobernación, Fernando Manzanilla Prieto.
Su arribo a la cartera más importante del gabinete por ser la que maneja la política interna del estado obedeció a un hecho muy simple: era el proyecto político de Miguel Barbosa. Y así se lo hizo saber.
Hábilmente, Manzanilla hizo sentir a Barbosa que él era el hombre pensante, estable y articulado que su gobierno necesitaba y aunque de manera efímera, lo logró.
Una fue la principal condición que su nuevo jefe político le impuso a Manzanilla: primero hay que consolidar mi gobierno y después tu proyecto político.
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Por documentar anomalías de Gerardo Islas sacaron a Assenet Lavalle de Bienestar
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que la salida de Assenet Lavalle Arenas de la Secretaría de Bienestar no se debió al escándalo del par de videos en el que se le ve regañar con vehemencia a una trabajadora, sino la verdadera razón es que documentó –ante los órganos de fiscalización– una larga lista de anomalías que encontró en la Comisión Estatal de Vivienda y que en su momento fueron solapadas por el diputado local Gerardo Islas Maldonado, cuando este fue titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social y utilizó esta dependencia –en el año 2018– como plataforma para hacer campaña electoral en la Mixteca a favor del morenovallismo.
Y todo indica que la actual titular de la Secretaría de Bienestar, Lizeth Sánchez García, en lugar de ponerse del lado de Assenet Lavalle prefirió cerrar filas a favor de Gerardo Islas, luego de que este último personaje –con todo cinismo– ha traicionado su antigua filiación morenovallista y ahora busca ser un político converso a Morena.
No es de extrañarse esa actitud de Lizeth Sánchez, quien fue diputada del PT durante la segunda legislatura del sexenio morenovallista y su desempeño siempre fue a favor de los intereses del grupo político de Rafael Moreno Valle Rosas, del que formaba parte Islas Maldonado.
Este martes por la tarde, hubo un fuerte impulso para hacer llegar a diferentes medios de comunicación y virilizar un par de grabaciones en las cuales se ve a Assenet Lavalle reclamar a una trabajadora no acatar sus órdenes, como su superior, es decir como titular de la Comisión Estatal de Vivienda, puesto al que llegó a principios de este año bajo el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.
Es cierto que el lenguaje que utiliza Lavalle Arenas es fuerte, pero es el que emplea cualquier jefe que descubre que el personal a su cargo no lo obedece, que desacata sus órdenes o que se dedica a sabotear su trabajo. Fuera de los airados reclamos, no hay ni expresiones de discriminación, ni alguna conducta que viole la ley o algún principio ético.
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Infierno o encierro
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, señala que tres “E” impuso el morenovallismo a sus adversarios que se rehusaron a someterse a sus intereses: exilio, encierro o entierro.
Y como la vida de vueltas, más en la política, los carniceros de ayer, se volvieron las reses de hoy.
Por eso, el camino para quienes usaron el poder en lastimar, atentar y dañar vidas y patrimonios de poblanos está marcado, ahora en la “I” y la “E”.
Infierno o encierro, cortesía de la 4T.
La cancelación de las notarías otorgadas en los últimos ocho años representa un golpe de fondo, donde duele, porque las patentes servirían para legalizar las residencias, terrenos, hoteles y restaurantes que adquirieron y pusieron a nombres de terceros.
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Notarios-gobierno; usos y abusos políticos
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que es evidente que, desde hace décadas, las notarías en Puebla se entregan como premios políticos para los aliados del gobernador en turno.
Casos que evidencian lo anterior, existen de sobra.
También resulta claro que, se trata de una fórmula de la que se abusó durante el moreno-galismo.
Hay una razón que explica, más no justifica lo anterior.
El gremio notarial fue utilizado hasta la saciedad durante estos regímenes, para avalar todo, absolutamente todo lo que se palomeaba desde lo más alto del poder político.
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¿Suicidio u homicidio?
Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, señala que el escándalo de la revocación de las 29 notarías que entregó Rafael Moreno Valle, a las que luego seguirán las tres que dio Tony Gali Fayad, apenas es la puntita… del iceberg que amenaza con hundir a varios.
El tema ya no es la pérdida del negocio sino que el consejero jurídico Ricardo Velázquez habló ayer sobre los delitos en que habrían incurrido no sólo los beneficiarios de las patentes, sino los que ayudaron a la maquinación, al fraude legal. Delitos como asociación delictuosa, usurpación de funciones y falsedad de declaraciones ante autoridades.
Después de Moreno Valle, o sin él, el siguiente en la lista al cadalso es Diódoro Carrasco, secretario de Gobernación en el último tramo del sexenio morenovallista —cuando se entregaron las patentes— y en la minigubernatura de Tony Gali.
En esa cadena de mando seguiría Mauricio García León, pues en su calidad de director general de Registros y Notarías en la SGG operó el fraude legal. Armó el cochinero y después quiso premiarse, tomar una rebanada del pastel con una patente en Ciudad Serdán, pero tras descubrirse que falsificó la firma del gobernador Gali, fue cesado y sometido a investigación.
O es la historia que todos conocíamos, que nos vendió Rodolfo Ruiz en e-consulta.com. Un funcionario corrupto cesado, investigado y procesado.