La Asamblea Popular contra el Tarifazo propondrá al gobierno estatal crear un Consejo Ciudadano del Transporte para vigilar que los concesionarios cumplan con mejorar el servicio, así como buscarán promover amparos para echar abajo el aumento.
En rueda de prensa, Luis Soriano Peregrina, Ángel Manuel López Rafael e Hilario Gallegos Gómez manifestaron que dicha iniciativa nació porque las autoridades estatales “están obligadas” a poner en marcha este consejo, pues así lo marca la ley.
Indicaron que el anuncio que hizo el gobernador Miguel Barbosa Huerta en conjunto con el secretario de Movilidad y Transporte (SMT), Guillermo Aréchiga Santamaría, de dejar en 5.5 y 6 pesos la tarifa para los estudiantes no fue por sensibilidad como lo dijeron, sino ante las presiones que hubo.
Sin embargo, manifestaron que de “nada sirve”, pues ejemplificaron que los padres de familia que tiene hijos pequeños y que deben llevar a la escuela pagaron completo los 8.5 pesos, pues no se establecieron los mecanismos para el cobro.
Explicaron que este consejo tendrá que estar integrado por ocho personas, de los que dos deben ser de la sociedad civil, dos del sector estudiantil, dos de organizaciones sociales y dos ciudadanos que tengan interés en formar parte.
Los integrantes de la Asamblea Popular contra el Tarifazo comentaron que la propuesta podría ser no aceptada por el gobierno de Puebla, pero eso no significa que van a frenar las actividades para echar abajo el aumento del 41.7 por ciento.
Buscarán promover amparos por tarifazo
Soriano Peregrina minimizó que los transportistas hayan anunciado que presentarán amparos para obligar al gobierno del estado a que mantenga la tarifa que entró en vigor el pasado 12 de octubre, pues es la SMT la que otorga los permisos y concesiones y no pueden hacer que cambie su postura.
Gallegos Gómez mencionó que, por el contrario, como organizaciones buscarán la manera de frenar el “tarifazo” a través de amparos, aunque no precisó cuándo los presentarían y bajo qué situación, pues puso de ejemplo que en otros estados, como Jalisco, han procedido.
A esta exigencia se sumó el Frente Estudiantil cuyos integrantes pidieron que el transporte sea un sistema público no concesionado y que sea propiedad del gobierno municipal o estatal, que garantice servicios públicos y no el negocio para unos cuantos; que haya seguridad para los usuarios y trabajadores y se haga énfasis en la prevención de la violencia de género.
También, que se dé el descuento del 50 por ciento a los estudiantes de todos los niveles, así como maestros y médicos, que se garanticen las condiciones laborales para los choferes y trabajadores del transporte en las que se incluya descansos, prestaciones y garantías sindicales.
