Ante presuntos desvíos de recursos federales por parte de la gestión del rector Alfonso Esparza Ortiz, unos 150 alumnos, docentes, trabajadores y jubilados de la BUAP exigieron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar manejos financieros en toda la institución.
Así lo manifestaron a través de un oficio dirigido a David Rogelio Colmenares Páramo –titular de la ASF a quien piden investigar los manejos financieros del rector y demás autoridades universitarias–, en respuesta al exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, el 17 de julio, planteó a la comunidad de la BUAP pedir transparencia y rendición de cuentas a sus autoridades universitarias.
En esa fecha, un reportero expuso ante el mandatario que Esparza Ortíz era el presunto responsable de desviar 400 millones de pesos, de la máxima casa de estudios poblana al frustrado equipo Lobos BUAP –cuya franquicia en la Liga MX fue vendida a Ciudad Juárez en junio pasado–.
Posteriormente, el empresario Mario Mendívil Blanco, presidente del patronato que manejaba al conjunto universitario, reveló a Excélsior, con base en facturas, que de 2012 a 2017, la BUAP invirtió 464. 6 millones de pesos en el equipo Lobos BUAP, pese a lo cual no se pudo mantener en la primera división de la liga.
Por parte de la BUAP, el caso quedó “juzgado” el 9 de agosto, cuando una auditoría interna, encabezada por la Tesorería General, y otra pagada al despacho externo Resa y Asociados “descartaron” desvíos o malversación de recursos por parte de Esparza Ortíz y su hija Luz Andrea Esparza Vergara, quien fungió como directora del Club Lobos BUAP de 2017 a 2018.
Lobos BUAP no es el único caso, señalan
No obstante, los universitarios señalaron que, al menos desde 2018, diversas investigaciones periodísticas señalaron otros casos de “fraudes” y “empresas fantasmas” donde también estaba involucrado el rector.
Entre ellos, mencionaron que, en junio de ese año, salió a la luz pública que empresas fantasmas facturaron a la BUAP más de 120 millones de pesos, principalmente a Farmacias Fleming y el Hospital Universitario.
Otro ejemplo es del despacho de consultorías Espor, fundado por Esparza Ortiz y sus hermanos en 1999, al cual se señaló como una empresa “outsourcing” que defrauda al Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante el pago de impuestos de trabajadores de la BUAP.
Asimismo, recordaron que el año pasado la BUAP recibió sanciones, al menos tres veces, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue) por incumplir con sus obligaciones de transparencia.
Ante estos señalamientos, Esparza se ampara en la auditoría interna y rechaza a dar más explicaciones a la prensa; incluso sigue sin definir cuándo acudirá al llamado del gobernador Miguel Barbosa Huerta para hablar del caso Los BUAP y retó a que se audite el uso de recursos federales en su gestión.
Revisar a rector y Consejo Universitario, piden
Por lo anterior, los universitarios plantearon a la ASF aplicar una “auditoría de cumplimiento forense”, que –remarcaron— debe ser “precisa, objetiva, exhaustiva y personalísima”, e incluir a todas las autoridades que ejercieron partidas presupuestarias e ingresos de la BUAP, pues subrayaron que esta no puede ser “juez y parte”.
Entre los sujetos a auditoría, enlistaron al rector, al Consejo Universitario, jefes de área, directores de departamentos y de dependencias de educación superior, coordinadores de área, secretarios administrativos, jefes de mantenimiento e incluso académicos.
De acuerdo con la ASF, la auditoría forense es una subclase de la de cumplimiento financiero –que revisa los recursos aprobados por el Congreso de la Unión— y consiste en aplicar una metodología de fiscalización que conlleva la revisión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y evidencias, con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular (en este caso el desvío de dinero).
Los demandantes pidieron poner énfasis en los programas, partidas y cuentas bancarias a favor de la BUAP, a fin de revisar su manejo y disposición por rubro de área y especialización de actividad financiera contable, desde 1990.
Además, se reservaron el derecho a aportar más pruebas, por lo que pidieron a la ASF dejar abierta la denuncia de hechos, reclamando su derecho a coadyuvar.
El documento dirigido a Colmenares Páramo fue recibido en la oficialía de partes de la ASF el 27 de septiembre pasado. Está acompañado de los nombres, matrículas, número de trabajador, estatus y firmas de los universitarios.
