Por Olivia Salomón, Ciudad Modelo no desapareció
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo, es quien convenció al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de mantener la llamada Ciudad Modelo, sin modificar los límites de su polígono de 929 hectáreas, pero quitándosela a la Secretaría de Gobernación, y sectorizándola a la dependencia que encabeza, con el con el objeto de coadyuvar en el desarrollo económico de la región y del estado, mediante la promoción, uso y aprovechamiento de la infraestructura y los espacios inmobiliarios de su patrimonio.
Según los enterados, Olivia Salomón tomó cartas en el asunto desde el 1 de agosto, cuando el gobernador Barbosa anunció en su toma de posesión que el día siguiente enviaría al Congreso del Estado un decreto para desaparecer este Organismo Público Descentralizado, para cumplir una de sus promesas de campaña.
La secretaria de Economía se entrevistó con el consejero jurídico del gobernador, Ricardo Velázquez Cruz, para conminarlo a cambiar esa decisión, contraria al desarrollo de esa región de la entidad, y que lo mejor era mantener el proyecto de Ciudad Modelo devolviendo a los municipios de San José Chiapa, Nopalucan, Soltepec, Rafael Lara Grajales y Mazapiltepec sus facultades en materia de prestación de servicios públicos.
Ricardo Velázquez le dijo que estaba de acuerdo, pero que él no le llevaría ese tema al mandatario.
Olivia Salomón buscó entonces al gobernador y le planteó, sin ambages, su propuesta de mantener el decreto de Ciudad Modelo, y su compromiso de capitalizar y aprovechar lo que ya existía en la zona para captar nuevas empresas e inversiones.
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Genoveva y su Escuadrón Aéreo
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que mientras la presidenta estatal del Partido Acción Nacional, Genoveva Huerta se “preocupa” por el aumento al pasaje del transporte público, la situación podría complicársele en los próximos días cuando rinda protesta el nuevo Consejo Estatal, ya que habrá quienes le exijan cuentas de la fuerza aérea que tiene en la nómina del Comité Directivo Estatal.
Como lo señalamos hace algunos días, durante la Asamblea Estatal, Genoveva Huerta manejó la retórica en contra del gobernador Miguel Barbosa, pero omitió entregar un informe pormenorizado sobre el manejo de los recursos del Comité. Todo apunta que dichos “olvidos” se deben a la presencia de aviadores en la nómina del partido.
Y le digo que todo apunta porque ayer nos hicieron llegar a Intolerancia Diario una breve lista de personajes que, presuntamente, están cobrando en el Comité aunque no hubo un acuerdo para que entraran en la nómina.
Entre los personajes que al parecer forman parte de la fuerza aérea blanquiazul se encuentran Miriam Mozo, a quien seguramente ustedes recuerdan porque fue regidora de la capital. También se encuentra la exsecretaria particular de Rafael Moreno Valle, Mercedes Aguilar; así como el expresidente municipal de Cuetzalan, Óscar Paula; y hasta una exdiputada local apareció en la lista, Miriam Galindo, a quien el ramo de las funerarias conoce como una prominente empresaria.
Otros nombres incluidos en el batallón de la fuerza aérea son los de Óscar Pérez Córdova, quien fungió como operador electoral del morenovallismo, y quien recibe una dieta por parte del IEE, además de la exdiputada local, Rocío Aguilar Nava.
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Suenan tambores de destitución de la líder de los burócratas estatales
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que con alfileres se sostiene Virginia Socorro Meza Cruz, la líder del Sindicato de Burócratas estatales, pues se está orquestando un movimiento que, en breve, convocará a un asamblea general con el único propósito de destituirla, luego de que lleva un año y 10 meses en el cargo sin realizar una sola reunión con la base trabajadora y está totalmente confrontada con casi todos los miembros de su primer Comité Ejecutivo, a quienes ya destituyó a lo largo de los últimos meses.
La actual dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados es uno de los últimos reductos del morenovallismo que queda en el Poder Ejecutivo, pues fue desde esa instancia donde se obligó a los burócratas en el año 2018 a elaborar listas hasta con 25 “promovidos” que debían votar a la fuerza por Martha Erika Alonso Hidalgo, la entonces candidata de Acción Nacional a la gubernatura.
En el presente, Virginia Socorro Meza únicamente se sostiene por el apoyo de unos 250 trabajadores que, en 2018, les otorgaron su base laboral por parte del gobierno de José Antonio Gali Fayad. La mayoría de ellos son militantes del PAN y del PRD, que ahora están intentando encontrar acomodo en un gobierno estatal que surgió de un amplio movimiento antimorenovallista.
Tales trabajadores, en su momento, recibieron las bases laborales sin tener los méritos. En lo único que habían destacado, es que participaron –desde el PAN o el PRD– en la campaña electoral que en 2016 llevo a José Antonio Gali a la titularidad del Poder Ejecutivo.
Eso explica que ahora existe un ánimo de desagravio contra la dirigente de parte de las bases del sindicato, pues no olvidan que en diciembre de 2017, en las instalaciones del CIS de la Vía Atlixcayótl, Virginia Socorro Meza fue electa con el apoyo del entonces gobernador José Antonio Gali Fayad y que no dejaron competir a dos aspirantes, bajo la amenaza de que si lo hacían les iniciarían proceso legales por parte de la Contraloría Estatal.
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Cuatro sexenios, a salto de mata
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que para entender buena parte del desencuentro entre sociedad y gobierno, nada más hay que recapitular los últimos 5 sexenios con sus gobernantes.
Cuatro de 5 andan a salto de mata. Impresentables todos, uno por omisión.
Mariano Piña Olaya (1987-1993). Señalado como el mandatario más corrupto y cínico que haya tenido Puebla en la época donde el descaro era política pública. Después de dejar el cargo jamás se le volvió a ver, tras una rechifla que recibió en un restaurante de La Paz cuando pretendía comer.
Manuel Bartlett Díaz (1993-1999). Gobernó con mano dura. Se distanció de sectores importantes de la sociedad. Regresó a Puebla, dos veces como senador, pero ahora se le acusa de enriquecimiento en el ejercicio público. Disponer de una fortuna en bienes y empresas, al amparo de la familia. Es investigado por la Secretaría de la Función Pública, en su papel de director de la Comisión Federal de Electricidad. Donde aparezca se enfrenta al tema y ni el chu chu chu lo salva del escarnio.
Melquiades Morales Flores (1999-2005). Es la excepción de la regla de los sexenios a salta de mata. Todavía reaparece en la vida social poblana. Se pasea por las calles, sin recibir mentadas de madre. No lo persigue el desdoro. Por algo, en el PRI lo miran como carta para la alcaldía de Puebla en 2021, donde seguramente concluiría su trayectoria política.
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El “olvido” de Aréchiga
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, señala que al momento de dar a conocer los acuerdos a los que el gobierno del estado había llegado con los transportistas en materia de aumento a la tarifa del transporte público, el secretario del ramo, Guillermo Aréchiga, obvió el tema de los estudiantes.
Más que un desliz declarativo, este importante sector, que usa masivamente el servicio como medio único de transporte y que por su realidad es uno de los más afectados con el alza al pasaje, jamás estuvo considerado en las negociaciones.
Increíble.
Sobre todo al momento de autorizar más de un 40% de aumento.
En coyunturas anteriores, los estudiantes poblanos eran uno de los primeros beneficiados con tarifas preferenciales, en apoyo a su economía personal y la de sus familias.
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Las horas críticas del costo político por el tarifazo
Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, indica que el ex subsecretario de SGG, Luis Soriano Peregrina, es el principal instigador de represalias ciudadanas vs el barbosismo por el subidón a la tarifa del transporte público. Tiene una ruta de movilización social que comenzará hoy con una manifestación frente a Casa Aguayo en el martes ciudadano y seguirá con otra marcha para el domingo. Veremos cuánta gente puede juntar.
Soriano también tiene una ruta jurídica que incluye una queja ante la Comisión de Derechos Humanos —que aspira a presidir— y hasta un juicio de amparo antes de que entre en vigor el próximo 12 de octubre.
Al margen del activismo de Soriano vs el barbosismo —quien reprocha así su despido del gobierno estatal ante el alud de denuncias por acoso—, el gobierno estatal se encuentra en la cresta del rechazo social a la alza de la tarifa del transporte.
Barbosa paga el costo político de la medida que no quiso firmar Tony Gali al entregarle a Martha Erika Alonso. Que tampoco quiso asumir el gobierno interino de Pacheco Pulido, y no le dio esa cortesía al nuevo gobierno. Terminó provocando un enfriamiento con quienes antes eran sus muy mejores amigos.
Las coyunturas electorales que vivió Puebla en los últimos tres años impidieron que hubiera un momento adecuado para ejecutar el alza. Moreno Valle le dobló la mano a Marín para que en enero de 2011 ejecutara el último incremento antes de que tomara protesta. El góber precioso ni reclamó para comerse el costo político, pues desprestigiado ya estaba. Solamente le interesaba no ir a la cárcel.